Es porque se acerca el inicio de cosecha de las variedades de uva para vinificar vinos "genéricos", los denominados "vinos de mesa" o "finos". Uvas que en su gran mayoría, proviene del este y sur este de la provincia de Mendoza.
Miércoles 11 de febrero de 2015
El gobernador Paco Perez presentó 13 medidas que buscan dar algún tipo de respuesta al sector y evitar que se produzca una escalada del conflicto liderado por los viñateros y pequeños productores del departamento de San Martín y del resto de los departamentos del este provincial. Las medidas anunciadas fueron las siguientes:
1- Fideicomiso para compra de vino
2- Liberación de los vinos 2014 disponibles para su comercialización.
3- Crédito para cosecha y acarreo
4- Fijar un porcentaje del 35% con destino a mosto.
5- Aporte no reembolsable de 4.000 pesos para pequeños productores
6- Fideicomiso de mosto 2015, que pagará 1,60 pesos por kilo de uva
7- Establecer como fecha de liberación del vino el mes de junio.
8- Liberación del vino blanco escurrido
9- Herramientas financieras especiales para uvas y vinos varietales.
10- Línea de crédito para bodegas que compren vino
11- Apoyo a la ley de usos de jugos naturales.
12- Misiones comerciales.
13- Restringir la plantación de viñedos de ciertas variedades
Estas medidas son todas de corto plazo, que no solucionan los problemas de fondo de la industria vitivinícola. Sobre todo los bajos precios de la uva y del vino, el sobre stock de vinos en bodega, la delicada situación económico-financiera de los pequeños productores, el elevado nivel de sobre explotación de los trabajadores de bodega y cosechadores, la precarización laboral extendida en toda esta industria, las cooperativas truchas que terciarizan labores en bodega, etc.
Más bien da la sensación que el gobierno está buscando desesperadamente campear la crisis "tirando la pelota para adelante", debiendo el próximo gobierno tener que lidiar con un probable crecimiento del sobre stock vínico, producto de lo que se estima dadas las condiciones climáticas hasta la fecha, una cosecha de buen rendimiento general; de continuidad de la tendencia en la caída del nivel de exportaciones de vino que, por segundo año consecutivo, muestran una caída de dos dígitos (según datos de Caucasia Wine Thinking, la exportación de vinos argentinos sufrió el año que pasó "una contracción del 15,1% en volumen en la categoría vinos, prácticamente igual a la registrada en 2013 con 15,8%"); y un mercado interno que se mantiene relativamente estancado desde hace tiempo.
El gobierno provincial no posee mucho margen de maniobra, ya la Nación adelantó que no destinará más fondos para una industria que es una de las más beneficiadas en el país con créditos bajos en interés y particulares exenciones impositivas para la exportación, y además no dispone dinero en caja para salir a comprar vino en grandes cantidades o para financiar parte del valor del precio de la uva pagando por kilo a los pequeños productores. El plan presentado significaría, según propios datos del gobierno, una erogación de $700 millones.
Inmediatamente los viñateros a través de Productores en Acción, anunciaron un corte de ruta el miércoles 11 de febrero próximo, en la ruta internacional N°7 a la altura del Autódromo de San Martín, hecho que muy probablemente marque la agenda política del día y sea el inicio de mayores tensiones que probablemente se extiendan hasta los festejos vendimiales como viene ocurriendo en los últimos años. Las medidas anunciadas por Perez no fueron bien tomadas porque, cómo decíamos. no soluciona los problemas de fondo: ofrece créditos a productores que ya se encuentran endeudados o que temen endeudarse producto de que se mantiene un horizonte oscuro para la industria de conjunto, y no representan modificaciones sustanciales respecto al precio de la uva.
Unos días atrás en una entrevista para el periódico digital MDZol, Susana Balbo, propietaria de bodega Los Haroldos y presidenta de Wines of Argentina (la cámara comercial que reúne a las grandes bodegas exportadoras y que trazan la política exportadora para el sector), dando muestras de enorme y cínico pragmatismo, también advirtió sobre lo preocupante que era el pronóstico de cosecha elaborado por el INV y arremetió contra el gobierno al no tomar medidas de fondo para solucionar los problemas de sobre stock: "hay que enfrentar estas crisis con las medidas que hay que tomar. Es hora de sincerar de qué manera la vitivinicultura será sustentable en el largo plazo", palabras que no indican más que una exigencia para eliminar buena parte de los viñedos que "no pueden competir en el mercado"; y que se encuadran en la crítica "contra la ineficiencia" de los pequeños productores, cuestionándoles su falta de especialización y de los constantes pedidos de subsidios que realizan.
Estas provocadoras declaraciones, que se suman a las que vienen manteniendo el resto de los presidentes y CEOS de la gran burguesía bodeguera mendocina, y que son afines a sus intereses para mantener un esquema elevado de ganancias, como ha ocurrido durante el ciclo de crecimiento que tuvieron a lo largo del gobierno kirchnerista, se complementan con pedidos a través de lobby y presión para una nueva devaluación del peso, de nuevos mecanismos de flexibilización laboral, etc. alimentan la bronca creciente de los productores que tienen claridad y consciencia respecto a la opresión que sufren por parte de las grandes bodegas que, en alianza con las grandes cadenas de supermercados (donde se comercializa casi el 70% del vino en Argentina y se remarcan enormemente los precios de cada botella), utilizan la crisis económica en curso para deprimir aún más los precios de las uvas y los vinos, haciendo sufrir así el peso de ésta a la clase obrera y a los pequeños productores y avanzan en un proceso de concentración nunca antes visto en la historia de la vitivinicultura argentina (en la actualidad Peñaflor, FECOVITA, RPB S.A. Baggio y Garbin26 concentran casi el 50% de la producción vitivinícola del país). Los mecanismos más usados son; pagarles la uva a precios irrisorios con la amenaza de que sí los productores no muelen sus uvas, corren el riesgo de perder la cosecha anual (los precios de la cosecha 2015 se estiman van similares a los de hace 3 años atrás), los plazos de pago son 12 meses o más (o no directamente no se les paga parte de los producido, aduciendo las bodegas cuestiones técnico-formales como calidad dela uva, rendimientos no acordes, etc), adquiriendo las bodegas la uva "sin precio" (para definir luego su valor en base al volumen de cosecha total), etc.
Es por esto que una de las medidas que exigía el gremio de los contratistas era generar un "Fondo Viñatero Argentino" que pretendía duplicar el precio de la uva por medio del cobro de una tasa a comercializadores y distribuidores. Para poner en marcha el proyecto de los contratistas, en algún momento se habló de utilizar la ley 25.849 (Pevi). Sin embargo desde Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina) rechazaron de plano e inmediatamente esa posibilidad
