La fiscalía y la querella solicitaron diferentes penas, incluyendo la prisión perpetua según el grado de participación, para el grupo de 9 policías responsables de la desaparición y muerte del peón rural en 2020. El homicidio de Espinoza es uno de los casos de brutalidad policial durante la cuarentena por covid-19.
Jueves 16 de marzo de 2023 22:45
Fotografía: Mariana Romero vía Twitter.
Este jueves se realizaron los alegatos de la fiscalía y la querella en el juicio por el homicidio de Luis Espinoza y la privación ilégitima de la libertad de Juan Espinoza, hechos ocurridos el 15 de mayo de 2020. El tribunal integrado por los jueces federales Carlos Jiménez Montilla, Abelardo Jorge Basbús, Enrique Lilljedahl y Juan Carlos Reynaga juzga a nueve policías pertenecientes a la comisaría de Monteagudo y dos civiles (uno es un vigía comunal), que participaron del homicidio y de su encubrimiento durante una semana en los tiempos del aislamiento por la pandemia.
El alegatado del Ministerio Público Fiscal fue llevado adelante por el fiscal federal Pablo Camuña y la fiscal auxiliar Lucía Doz Costas. En tanto que la querella de la familia Espinoza fue ejercida por el abogado Carlos Garmendia y y la abogada Stella María Chávez. La sentencia será el día 27 de marzo.
Los familiares de Luis y Juan Espinoza participaron de la audiencia, acompañados de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil, organizaciones políticas y sociales que se movilizaron al Tribunal Oral Federal.
El pedido de condenas
La fiscalía y la querella concidieron en solicitar para José Morales, el auxiliar oficial que fue autor del disparo, la pena de prisión perpetua por homicidio agravado de Luis Espinoza y la privación ilegítima de la libertad de Juan Espinoza. La misma pena fue solicitada para el subcomisario Rubén Montegro, el agente Gerardo González Rojas y el cabo Claudio Zelaya
Las diferencias entre la fiscalía y la querella se expresó en el resto de los acusados. Para la cabo Miriam González la fiscalía solicitó 14 años de prisión y 17 años de inhabilitación mientras que la querella solicitó la prisión perpetua. Para el sargento Víctor Salinas, la fiscalía solicitó 10 años de prisión y 13 años de inhabilitación; para los cabos Carlos Romano y José María Paz, la fiscalía solicitó 7 años de prisión más 10 años de inhabilitación; para el sargento René Ardiles, 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación; para el vigía ciudadano, civil, Fabio Villavicencio, 4 años de prisión. Mientras que la querella solicitó 21 años de prisión, por considerarlos partícipes secundarios del homicidio agravado.
Respecto al civil Gonzalo González, primo de González Rojas, la fiscalía pidió la absolución porque señalaron que no pudieron probar que él sabía que participaba de un hecho ilícito (llevó al lugar del hecho una bolsa para el cadáver), aunque consideran que si lo sabía. En cambio, la querella solicitó 6 años de prisión por encubrimiento.
Los hechos
Desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las fuerzas policiales recibieron un mayor margen para el accionar represivo, con el aval de los gobiernos. Esto dio lugar a diferentes casos de violencia policial y a crímenes como el de Luis Espinoza en Tucumán, del cual se cumple un año. El 15 de mayo de 2020, Luis Espinoza (31 años) junto a su hermano Juan se encontraron con un presunto operativo policial por la cuarentena en la zona de Melcho, Simoca.
Con policías de civil y en autos particulares, los hermanos Espinoza fueron golpeados y Juan no pudo saber en el momento qué pasó con su hermano aunque llegó a oír un disparo. Sin noticias de Luis, la familia Espinoza recurrió esa misma noche a la comisaría de Monteagudo, donde le aseguraron que no sabían nada. Ante la falta de respuesta, familiares y vecinos de los Espinoza comenzaron un corte de ruta y una búsqueda con sus medios. Finalmente, el cuerpo sin vida de Luis Espinoza fue hallado el viernes 22 de mayo de 2020 en un barranco sobre la ruta 65 tras el límite con Catamarca.
El crimen de Luis Espinoza también tiene responsables políticos, comenzando por el ex ministro de Seguridad provincial Claudio Maley, también responsable de otros hechos de brutalidad policial durante la pandemia y también defensor del accionar policial en casos como el del niño Facundo Ferreira. Maley fue respaldado en ese momento por el gobernador Juan Manzur.
