Misiones. Se suspendió el juicio a María Ovando por la "vaguedad de la acusación"

El caso de María Ovando, una mujer analfabeta y pobre, mamá de trece hijos, acusada primero de "no haber impedido" el fallecimiento de su beba por desnutrición, y luego absuelta, volvió a los tribunales de Eldorado (Misiones) esta semana. Esta vez, el ensañamiento que desde entonces tiene con ella la Justicia se tradujo en la acusación de "no impedir" el abuso sexual de una de sus hijas y una de sus nietas, cuando éstas se encontraban, por una arbitraria orden judicial, al cuidado de unos supuestos abuelos paternos.

El caso conmueve y despierta prejuicios, pero sobre todo, la certeza de que ser mujer y pobre significa menos derechos, menos recursos, menos posibilidades para defenderte ante la justicia de este régimen. María lo sabe, porque lo sufrió en carne propia en 2012 y además despúes se atrevió y lo denunció. Ella cuenta que ese día comenzó este segundo calvario al que la somete una vez más la justicia local.

Podés leer: María Ovando nuevamente al banquillo de una Justicia clasista y patriarcal

La audiencia de este martes, que debía resolver las nulidades presentadas por las defensas, que argumentaron que la fiscalía no había cumplido requisitos mínimos para formular la acusación, como lo es precisar los hechos por los que se acusa a los imputados, debió ser suspendida, igual que el juicio, tras la inhibición del presidente del Tribunal, Atilio León.

De acuerdo al magistrado, la vaguedad de la acusación impedía determinar qué se debía juzgar.

¿Quién se preocupa por las víctimas?

Mientras decenas de organizaciones de mujeres acompañaban la segunda jornada de este juicio en la puerta del Tribunal, Roxana Rivas, su abogada, que la acompañó en todo momento, denunció una cuestión clave: "las niñas fueron abusadas y eso está acreditado, pero nuestra preocupación es que este sistema y esta esta persecución que hubo con María dejó a las víctimas totalmente solas, porque nadie jamás investigó otra posibilidad".

En el expediente de instrucción que estuvo abierto en abril de 2015 hasta octubre de 2019, que elevó esta causa a juicio, Roxana Rivas destaca que "se debió investigar todas las posibilidades y todas las alternativas que había de quién o quiénes podrían haber sido los abusadores". En un audio que ni bien terminó el juicio comenzó a circular entre grupos de avctivistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, la abogada agregó que "en la causa penal está introducida la hipótesis alternativa de que podría haber sido el supuesto abuelo de las niñas el abusador". Lo introduce como testimonio, justamente, la mamá de una de las niñas, que es testigo en esta causa, además de uno de los dos jóvenes acusados en su indagatoria. Pero la justicia no los escuchó.

"Había una obligación legal de la justicia penal de investigar esta posibilidad, sobre todo cuando estas niñas iban a ser devueltas a esta casa donde estaba quien indefectiblemente tenía que ser mínimamente sospechoso. Pero eso no pasa. De hecho, hasta la Justicia de familia que había actuado hasta el momento de sacarle la tenencia de la hija y la nieta a María, para entregársela a los supuestos abuelos, a partir de ese momento directamente se retira", dice Rivas.

Con indignación, la abogada de María señala además que "no hay ningún tipo de seguimiento, no hay informe socio ambiental del lugar donde fueron a vivir. No se sabe cómo está compuesta esta familia, quiénes viven, qué recursos tienen. No existe ningún informe de la situación actual de las niñas, ni de la situación en la que estuvieron en los cinco años que lleva esta instrucción. Y peor aún: la justicia penal, a la que ya se le da esa hipótesis alternativa, de que es en la casa de estos guardadores donde sucedieron los abusos, no se dieron por aludidos: no investigaron nada, no hicieron seguimiento. No hay ningún tipo de recaudos tomados para ver si en lo que va de estos cinco años de la causa estaban a salvo", dice.

Para el presidente del Tribunal Oral Penal 1 de Misiones, "la vaguedad de la acusación no le permite determinar qué debe juzgar", por lo que el proceso penal se pospuso, en favor de María. Pero como señala su defensa, del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, no se trata solamente de la Justicia de familia o de la Justicia penal, sino de la impunidad en la que hoy puede terminar el caso y los abusos que sufrieron las niñas, de quienes hoy se desconoce el estado en que se encuentran.

José Luis Fuente, otro de los abogados de María, destacó después del juicio el “triste rol del Estado en todo esto, porque hoy [martes 22 de septiembre, NdeR] la instrucción no desarrolló ninguna hipótesis alternativa ni investigación que hubiera sido importante de tener y acceder a la justicia. Sólo buscaron culpabilizar y criminalizar a María y hoy no tenemos a quienes cometieron esos abusos", agregó.

Por mujer y por pobre

En marzo de 2011, María, quien vivía en condiciones de extrema pobreza en la zona rural de Colonia Mado. Un día, se vio obligada a llevar en brazos y a pie a Carolina, su hija de 3 años, en búsqueda de auxilio. La beba murió en el camino. Ella cuenta que volvió llorando a su casa, con las manos vacías, los pechos llenos de leche por sus gemelas recién nacidas y mucho miedo a que su esposo, con el que había sido obligada a casarse a los 13 años, la moliera a palos otra vez, pero peor.

El Estado, que jamás se le había acercado más que para amenazarla por pobre, la juzgó y la condenó por "mala madre". ¿Qué había hecho antes por María y sus hijos? Ninguno tenía documentos. Carolina, la beba que murió por desnutrición, recién los tuvo entonces. A María, que no sabía ni leer ni escribir, la encerraron un año y ocho meses, y una jueza repartió a sus niños por distintas casas y familias.

La intervención de movimientos de mujeres y de derechos humanos logró la absolución de María por la muerte de su hija, producto de la desnutrición y la malnutrición, una situación que según datos oficiales, padece el 42% de les niñes y adolescentes misioneros.

Desde Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género señalan que la causa que hoy tramita con el el Expediente Nº48426/2015, "se inició casi al mismo tiempo en que María Ovando, con el patrocinio legal de la Dra. Roxana Rivas, demandó al Estado misionero por la prisión injustificada que había sufrido durante casi dos años antes de ser llevada al juicio en noviembre del 2012, de donde resultó absuelta de responsabilidad en la muerte de su pequeña hija".

La respuesta del Estado ante esa denuncia de María también fue la de aumentar las trabas, exigencias y controles para impedir que se revinculara con sus hijos e hijas, con la excusa de evaluar su "idoneidad" como madre. María Ovando, a pesar de haber sido absuelta en noviembre del 2012, permaneció así bajo el control y la vigilancia permanente del Poder Judicial.

Mientras tanto, dos jóvenes permanecen detenidos desde hace 5 años y 4 meses, y por eso desde la defensa también expresan su preocupación ante la prolongación de la privación de la libertad de ambos imputados habiéndose vencido, largamente, el plazo de la prisión preventiva en la que permanecen por los hechos que la Fiscalía les atribuye.