El juicio se desarrolló en Mar del Plata durante un año y tres meses. Se inicio de forma presencial y luego finalizó de manera virtual impuesta por la emergencia sanitaria.
Lunes 21 de diciembre de 2020 14:38
Este jueves 17 de diciembre a quince meses de iniciado el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos antes del inicio de la última dictadura cívico militar por la agrupación paraestatal de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) El Tribunal Federal de Mar del Plata dio a conocer la sentencia. La lectura del veredicto estuvo a cargo del juez Enrique Méndez Signori, acompañado por sus colegas Nicolás Toselli y Daniel Obligado.
El Tribunal de Mar del Plata encontró culpable a Ullúa, que se encuentra detenido en la Unidad Penal de Campo de Mayo y le impuso la pena de prisión perpetua por formar parte de la asociación ilícita que conformó la CNU con el objetivo de cometer crímenes previos al golpe de estado de 1976 en el marco de una “depuración ideológica del movimiento peronista” y por ocho homicidios y un caso de privación ilegítima de la libertad. Se trata de la pena que había solicitado la fiscalía, representada en el juicio por Pablo Ouviña, y también las tres querellas.
Ullúa fue condenado por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, y del médico Bernardo Alberto Goldemberg en la denominada noche del “5×1” emprendida por la CNU como “venganza” por el asesinato de su líder, Ernesto Piantoni, ocurrido horas antes, el 20 de marzo de 1975.
También se lo condenó por los homicidios de Daniel Gasparri y Jorge Stoppani, quienes el 24 de abril de 1975 salieron juntos de un bar ubicado en la esquina de la Municipalidad e iban en un auto cuando fueron interceptados por miembros de la CNU, entre ellos Ullúa. Y fueron ejecutados con múltiples disparos de al menos cuatro armas distintas: a Stoppani le hicieron cortes en ambas muñecas con un cuchillo que llegaron hasta el hueso y luego lo asesinaron con 11 disparos; y a Gasparri lo colocaron en la parte trasera del vehículo, al que balearon y prendieron fuego, y luego su cuerpo fue encontrado completamente calcinado.
Por último, a Ullúa se lo condenó por la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi. Entre la noche del 9 de mayo y septiembre de 1975, la llevaron a un descampado en la zona del camino viejo a Miramar donde le provocaron lesiones en la cabeza y le ocasionaron la muerte por traumatismo de cráneo. Allí enterraron su cuerpo, pero al tiempo, para asegurar su impunidad, la sacaron y la trasladaron hasta un paraje ubicado en Mar Chiquita y sus restos quedaron allí enterrados hasta el 23 de marzo de 1976, cuando fueron hallados.
Desde abril de 2017 -tras permanecer casi siete años prófugo- Ullúa permanece detenido. Previamente, había estado detenido cumpliendo condena por la causa de narcotráfico “Operación Langostino”, tras recibir una pena a 17 años de prisión, aunque salió con libertad condicional cuando cumplió los 11 años y 4 meses de encierro. Actualmente también es juzgado en la tercera parte de la megacausa “La Cueva“ en la que se lo acusa por haber participado en la inteligencia previa del secuestro de los abogados detenidos y desaparecidos en “La Noche de las Corbatas”.
El tribunal también condenó a Corres -que llegó al proceso en libertad- en este caso a cinco años de prisión, para quien los acusadores había solicitado la pena de diez años, al considerarlo integrante de la asociación ilícita.
Los jueces desestimaron los insistentes planteos de las defensas y declararon los hechos juzgados como de lesa humanidad, y fijaron para el próximo 19 de marzo la fecha para la lectura de los fundamentos del fallo.
En relación a la sentencia de la causa CNU II, Marcelo Roldan, hijo de desaparecido, referente del CeProDH expresó a La izquierda Diario:
“Los juicios a la CNU nos muestran cómo los delitos de lesa humanidad comenzaron en el gobierno peronista previo al 24 de marzo de 1976, en el caso particular de Ullúa prueban la participación de miembros de los grupos paramilitares como parte de lo que luego sera el aparato represivo de los milicos y también como el resto de los miembros de la CNU se integraron a las distintas instituciones de la sociedad y estuvieron entre nosotros como respetables señores, como Demarchi que fue candidato a intendente por el PJ una vez vuelta la democracia en el 83, y abogado reconocido teniendo su estudio jurídico en una importante galería céntrica de la ciudad. La apertura de todos los archivos de la dictadura es lo único que nos puede garantizar que no tengamos más genocidas ni a sus cómplices caminando libremente por la calle o en cargos importantisimos como el fiscal general de nuestra ciudad Fernández Garello, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.”
