Elecciones 2023. Servicios públicos y tarifas: ¿qué proponen Bregman y Del Caño para terminar con los negociados?

Desde fines de diciembre del año pasado hasta marzo de este año, vimos una postal que se repite sin cesar: millones de usuarios sin luz. En plena ola de calor, hogares con personas mayores, menores de edad y personas electrodependientes debieron hacer malabares para tratar de sobrevivir de la mejor manera posible.

El 1° de marzo, también de este año, la pésima calidad del servicio quedó otra vez al descubierto cuando 20 millones de usuarios sufrieron un apagón masivo. Algunos tuvieron “suerte” y a la noche de ese día recuperaron la luz, los más desafortunados tardaron días. Se sumaron así al pelotón (si es que no formaban parte ya desde antes) de los que se convirtieron a la fuerza en expertos en sobrevivir sin electricidad.

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Durante esos días, la bronca se expresó en las calles. Piquetes en las esquinas de los barrios y ciudades más afectados se volvieron una imagen más o menos natural. Incluso, también se vieron protestas frente a las sedes de las empresas Edenor y Edesur que cerraron sus puertas para no atender los reclamos y se valieron de las fuerzas policiales para protegerse y amedrentar a los vecinos.

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Ante este panorama, a fines de marzo, el Gobierno decretó la intervención de Edesur (que es la que acumulaba mayor cantidad de interrupciones de servicios) por 180 días. Ese período terminó y ¿qué cambió? Nada. Aún en invierno, siguen las denuncias de usuarios que sufren cortes de luz. En una gran cantidad de casos, sin luz, no hay agua. Y en muchos hogares, la calefacción en estos días de bajas temperaturas es a través de la electricidad.

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Un año aproximadamente pasó desde que Sergio Massa asumió como el ministro de Economía, en una ceremonia cargada de espíritu festivo. A contramano de ese espíritu, las medidas que se anunciaron en los días siguientes no fueron nada buenas para las mayorías trabajadoras y populares. Entre los anuncios de los días siguientes, Massa incluyó uno de los pedidos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclamaba con bastante insistencia: el aumento de las tarifas a través de la quita de subsidios en los servicios de gas, luz y agua. Así la nueva gestión del ministerio de Economía, con Flavia Royón como secretaria de Energía, desempolvó la llamada “segmentación de tarifas” que había sido diseñada baja la gestión del exministro Martín Guzmán.

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Como ya contamos en este medio, este año organizaciones de defensa del consumidor, denunciaron que el incremento de tarifas terminó recayendo en un universo de usuarios mucho más grande de lo que había prometido el Gobierno: más de 5 millones de hogares. Este universo está compuesto por el sector de mayores ingresos, una minoría, y por quienes no se anotaron en el formulario (RASE), que son la mayoría, algo que se sabía iba a suceder.

Mientras que las mayorías trabajadoras sufrieron una inflación interanual en el rubro vivienda, agua, electricidad y gas interanual de 113,2% (solo la de junio fue de 8,1%), los concesionarios de las privatizadas eléctricas ganaron y mucho. Según los últimos estados financieros, presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), Edesur ganó en los primeros 9 meses de 2022 más de $ 5.000 millones ($18,5 millones por día).

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La ganancias de las privatizadas gracias al valor de las tarifas quedaron al desnudo de manera obscena con el gobierno de Macri que aplicó el tarifazo. El incrementó fue de más del 2000%, lo que le reportó a las principales empresas ganancias por 3.525 millones de dólares, entre 2016 y 2018. Eso quiere decir que ganaron 3,2 millones de dólares por cada día de gobierno macrista.

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El tarifazo nunca fue retrotraído, a pesar de que fue una de las promesas de campaña del Frente de Todos. En 2019, las tarifas fueron congeladas por el propio Macri en un intento de recomponer su imagen de cara a las presidenciales de 2019 en las que no pudo reelegir frente a Alberto Fernández. Durante los primeros tiempos del mandato del Frente de Todos las tarifas se mantuvieron congeladas, hasta que el Fondo empezó a apretar y el Gobierno cedió.

Pero más allá de eso, las consecuencias del tarifazo quedaron. Muchos sectores de la población, sobre todo los de menores ingresos o habitantes de zonas más precarias no pudieron hacer frente al pago de las facturas durante el gobierno de Macri. A ellos, Edenor les instaló de manera compulsiva un medidor prepago. "Energía para pobres" definía, el año pasado David Maidana en este informe especial que hicimos desde La Izquierda Diario, a la manera precaria en la que miles de familias tienen electricidad porque “cuando se te acaba el crédito te quedas sin luz y tenes que volver a las velas”. David es docente y concejal en Merlo por el PTS en el Frente de Izquierda Unidad.

Las tarifas no son la única vía por la cual ganan las empresas. Como parte de lo que implicaron las privatizaciones, los concesionarios reciben subsidios, que son millonarios y que la realidad nos indica que no van a parar a mejorar el servicio. Germán Pinazo, docente e investigador del Conicet, escribió, en marzo de este año, en una nota en Página 12 que “en los últimos tres años los subsidios a la energía eléctrica han ido desde los 1,7 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020, a más del 2,3 el año pasado. Curiosamente, cuando observamos cuánto le costaba a la Administración Pública Nacional la administración de la Empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, que incluían tanto a las empresas que hoy están encargadas del servicio de distribución (Edenor, Edesur y Edelap) y también a la empresa que hoy se encarga del denominado Mercado Eléctrico Mayorista, Cammesa, vemos que, entre 1970 y 1988, no llegó a superar los 0,3 puntos porcentuales del PBI” sigue pinazo. Esto rebate uno de los argumentos centrales a favor de mantener las privatizaciones

Hay una tercera manera mediante la que los empresarios de las privatizadas obtienen ganancias: la condonación de deudas, tambien millonarias, que cada tanto les regalan desde diferentes gobiernos. Eso hizo este gobierno a principios de año, con Massa ya en funciones. Así, les hizo “ahorrar” $ 140.000 millones a Edenor y Edesur. Si retrocedemos en el tiempo, durante el gobierno de Macri poddemos mencionar la escandalosa decisión de condonar la deuda que el grupo de su propia familia mantenía con el Estado por la concesión del Correo Argentino.

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Y por último, podemos mencionar una cuarta manera: la precarización laboral que estos empresarios le imponen a sus trabajadores. "Edesur terceriza cuadrillas de mantenimiento, que muchas veces no están homologadas, que le imponen a sus trabajadores jornadas de 12 o 14 hs por día sin francos. Y eso repercute en el servicio", explicó uno tabajador tercerizados despedido en el mismo informe que mencionamos antes.

Terminar con la estafa de las privatizadas para que los servicios públicos vuelvan a ser un derecho

La estafa de las privatizadas sólo sigue en pie porque los diferntes Gobiernos lo permitieron. Encima, en muchos casos, como ya vimos las premian. Muchas veces además esos empresarios tienen vínculos con los funcionarios. El caso más impune es el de Macri y el grupo empresario de su famila. Pero también dentro de este este Gobierno hay empresarios beneficiados por políticas oficiales como Vila y Manzano, dueños de Edenor.

Por eso no hay manera de que los servicios públicos vuelvan a ser una derecho sino es atacando los intereses de quienes se benefician de qué sean un negocio, los empresarios. Desde la lista Unir y Fortalecer dentro del Frente de Izquierda Unidad, encabezadas por Myriam Bregman y Nicolás del Caño como precandidatos a presidenta y vicepresidente, se plantea claramente que ese tiene que ser el camino, para lo cual es necesario tomar algunas medidas: