Ayer se realizó una nueva sesión legislativa sin grandes temas que tratar. Sin embargo se dieron fuertes debates por la situación del Ingenio La Esperanza y por una frustrada reunión con comunidades originarias.
Viernes 29 de junio de 2018 15:29
En el día de ayer se realizó la sexta sesión ordinaria de la legislatura de Jujuy. En la misma el poder ejecutivo, dueño de la mayoría legislativa, hizo aprobar la ratificación de tres convenios ya firmados por el ejecutivo provincial y el gobierno nacional.
El primero de ellos titulado “Acuerdo de Financiamiento y Colaboración y Anexo celebrado entre el Estado Nacional, la AFIP y la Provincia de Jujuy” y que fuera aprobado como Ley Nº 6074, da cuenta de una cesión de fondos que debería entregar la provincia a la Administradora Federal de Ingresos Públicos a modo de pago por recaudar impuestos que luego serían coparticipados a la provincia. Fue aprobado por el oficialismo con los votos del bloque justicialista, la abstención del FUyO y el bloque “Para la Justicia Social” y el rechazo del Frente de Izquierda.
Otro de los convenios ratificados por ley Nº 6075 fue el que celebraran el Ministerio de Salud de la Nación con el Ministerio de Salud de la Provincia para el desarrollo de “Equipos Comunitarios- Cobertura Universal de Salud (CUS)”, también aprobado por Cambia Jujuy y el peronismo, con el voto en contra del PTS-Frente de Izquierda y el FUyO, y la abstención del PO. La diputada Natalia Morales del PTS expresó que “bajo ningún concepto vamos a acompañar una medida de esta naturaleza, donde lo que se busca es la precarización de los trabajadores de la salud. Este sistema se viene dando desde muchos años atrás, incluso estas figuras fueron creadas por el gobierno kirchnerista y el día de hoy encuentran su continuidad con un gobierno que profundizó estos ataques. Como dato de referencia puedo citar que el que mejor salario percibe es de $11500, a las claras un ingreso muy por debajo de lo que cuesta la canasta básica”. Siguiendo con el tema de salud la diputada expresó: “nosotros defendemos la salud pública universal y gratuita, estamos convencidos de que se necesitan más profesionales de la rama para atender todas las necesidades de la población, pero de igual manera defendemos que todo trabajador no puede ser contratado por sueldos miserables y explotado por el estado amparándose en la necesidad de contar con sus servicios en un contexto de desocupación y crisis general”.
El último convenio aprobado fue sobre la realización de obras de suministro de agua potable y cloacas para distintos poblados y zonas de la provincia.
Pero el mayor debate se dio en las cuestiones previas al orden del día, con varias intervenciones en relación a lo que se viene desarrollando por la venta del Ingenio La Esperanza al grupo colombiano Omega y la situación de incertidumbre por la que atraviesan los trabajadores del mismo. El que inició el debate fue el diputado Alejandro Vilca quien aseguró que “volvimos a traer el tema de La Esperanza a la cámara porque vemos con mucha preocupación lo que está sucediendo con esta operación y todo lo que circunda la misma. Muchas fueron las denuncias que hicimos desde nuestro rol como legisladores y desde nuestra organización política por las recurrentes irregularidades con que se viene dando esta accidentada operación. Vemos otro ejemplo claro de que se quiere beneficiar a un grupo empresario muy cuestionado y flojo de papeles, como decimos en el barrio, a costa del quebranto de cientos de familias azucareras y entregando un patrimonio millonario por menos de un tercio de su valor real. Estamos convencidos de la necesidad de que se haga presente el Ministro de producción Abud Robles a dar explicaciones al conjunto de la cámara como a toda la población, no se puede disponer de los recursos del estado de una manera discrecional e irregular y que pase así como si nada”. Otra de las diputadas que se refirió al tema fue Alejandra Cejas del PJ, quien denunció además que el Ministro de Producción, responsable del proceso de venta, cobra dos sueldos, por ser además parte del directorio de YPF. Por el lado del oficialismo, Alberto Bernis fue el encargado de defender al ministro, al gobernador Morales y a todo el proceso de venta, amparándose en que fueron ellos quienes “ganamos las elecciones”.
La diputada Natalia Morales, por su parte, intervino cuestionando la actitud de las presidenteas de las comisiones de educación y pueblos originarios, ambas de Cambiemos, por haber suspendido unilateralmente y sin previo aviso el pasado martes una reunión acordada con comunidades originarias, que igualmente se movilizaron a la Legislatura. Morales denunció “el maltrato con el que se maneja este gobierno hacia las comunidades originarias, aunque después el gobernador se vaya a sacar una foto”. El oficialismo intentó defenderse pero sin poder justificarlo, y finalmente las comunidades serán recibidas el próximo martes a las 9:30 horas.
Sobre el cierre de la sesión, el diputado Eduardo Hernández planteó la necesidad de hacer aprobar sobre tablas un proyecto de declaración expresando preocupación por la situación que vienen transitando los medios públicos del estado nacional y repudiando los despidos de los 354 trabajadores de prensa de TELAM. Al respecto declaró “no logramos que el oficialismo, con mayoría radical, se pronuncie a favor de repudiar los despidos en la agencia TELAM. Vemos necesario que los distintos parlamentos provinciales y municipales lo hagan porque es un ataque tremendo a los trabajadores y a sus condiciones laborales. Esta es la continuación del plan del gobierno de turno respecto a la planta estatal pero con el agravante que se profundiza siguiendo los designios que el FMI mandó desde Washington. Es inconcebible que el titular de medios públicos, Héctor Lombardi, despida a casi la mitad de los periodistas esgrimiendo la falacia de que todos responden a sectores políticos opositores. Con esta acción, negando que se debata sobre tablas esta declaración, vemos claramente qué intereses defienden y qué medidas avalan”
