Inmuebles y monumentos del recorrido de la marcha están tapiados con vallas metálicas. El gobierno de la Ciudad de México teme más la ira de las mujeres movilizadas al hecho de que nos sigan violentando con feminicidios, abusos, discriminación y precarización laboral.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Domingo 8 de marzo de 2020
Este 8 de marzo, cuando el hartazgo contra la violencia machista se percibe en el aire, especialmente luego de los feminicidios de Ingrid Escamilla y de la niña Fátima, la capital amaneció blindada. Las autoridades esperan una movilización de 10 mil a 30 mil personas, que partirán del Ángel de la Independencia y del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. Sin embargo, el clima social de indignación hace esperable una movilización multitudinaria y un paro inédito para este 9 de marzo.
A su vez, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) anunció el despliegue de 2 mil 948 mujeres policías. Pero su condición de género no borra su pertenencia a las fuerzas represivas, una fuerza cuyos agentes violan, como se dio a conocer con varias denuncias en 2019 y miles repudiamos en la marcha de la diamantina.
Y también utiliza la violencia institucional contra las mujeres, como se vio hace años en San Salvador Atenco y la represión contra las maestras y los maestros que enfrentaron en las calles la reforma educativa durante el gobierno de Peña Nieto.
Porque las autoridades, aunque declaran “empatía”, como Sheimbaum en su columna publicada en La Jornada el pasado 5 de marzo, por la exigencia de alto a la violencia de género, no tienen empatía con las movilizaciones. Buscan que las mujeres esperen sentadas legislación y medidas gubernamentales para frenar los femicidios y los abusos, cuando en los últimos tres años -el último durante el gobierno de López Obrador- los feminicidios crecieron 42.85%, de 7 por día en 2017 a 10 en 2020.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al menos el 66.1 % de 46.5 millones de mujeres mayores de 15 años en México ha vivido episodios de violencia de cualquier tipo alguna vez en su vida.
“A más de cuatro años de la adopción por parte de 19 estados de la República de la Alerta de Violencia de Género, las cifras de los distintos tipos de violencia contra las mujeres no sólo no han disminuido, al contrario, se han incrementado”, declararon investigadores de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Claro, porque más uniformados en las calles y el despliegue de la militarización significan más violencia contras las mujeres.
El gobierno de López Obrador ha respondido ante el incremento de feminicidios que se trata de una crisis de valores y no ha logrado disminuir esta cruda forma de violencia.
Es necesario superar las fuerzas que buscan actuar sobre el movimiento de mujeres para capitalizarlo al servicio de los grandes empresarios y el régimen.
Para acabar con el feminicidio y la violencia es fundamental que el movimiento de mujeres sea independiente del gobierno y de los partidos del Congreso. Que integre la lucha contra la precarización laboral -que se suma a la doble o triple jornada laboral de las mujeres trabajadoras, un pilar de la producción de bienes y servicios, y es una herramienta del gobierno para dejar a cientos de miles de familias en la calle, con los despidos de trabajadoras y trabajadores estatales en nombre de la austeridad republicana.
Porque los derechos no se mendigan, se conquistan, nos vemos en las calles estos 8 y 9 de marzo.
