El Consejo Federal de Educación estableció que no se va a repetir el año pero al tiempo dice que no hay promoción automática. También que serán las provincias las que resuelvan. La DGE y José Thomas dicen que serán las Instituciones las que resuelvan. La promoción de miles y la posible deserción masiva, al compás de una crisis que se agrava, no puede quedar a criterios difusos. Conectividad gratuita para todos.

Virginia Pescarmona @virpes
Miércoles 9 de septiembre de 2020 00:00
Nicolás Trotta, el famoso Ministro de Educación de las empresas off shore, estableció que “todos los aprendizajes previstos curricularmente deberán ser alcanzados, están siendo evaluados y van a ser acreditados a fin de año”. Planteó una definición ambigua. El Consejo Federal de Educación estableció que no se va a repetir el año pero al tiempo dice que no hay promoción automática. También que serán las provincias las que resuelvan. En esa dirección, la DGE y José Thomas dicen que serán las Instituciones las que resuelvan, con el aval de las supervisiones. La repetición de miles y la posible deserción masiva, al compás de una crisis que se agrava, no puede quedar a criterios difusos.
A tono con esto José Thomas y la DGE anunciaron lo que llamaron medidas excepcionales, para una educación de emergencia. La DGE, de esta manera, fundamenta la modificación del Calendario escolar 2020 y suspendieron temporalmente el ANEXO V “RÉGIMEN DE EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN” de la RIT-2019-558-GDEMZA-DGE. Se definió que les estudiantes no deberían perder la promoción, aunque en una confusa formulación. Dicen que depende de los acuerdos de cada institución para: “determinar modalidad, dispositivos y formas de acreditación” y que estos deben ser consensuados con Supervisión.
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No tardó en armarse debate
Por un lado la demanda desde todos los actores para que la escolarización se sostenga como sea. Ante esto la amenaza de la no promoción se sostuvo toda la cuarentena. Por otro lado quienes sostienen que, en base a una desigualdad social innegable, el problema es que no se aprendió nada. Se niega el trabajo realizado a pesar de las dificultades y se pone la responsabilidad de la continuidad pedagógica en las individualidades.
Los que no se termina de definir claramente es si les estudiantes que no pudieron conectarse en este ASPO pasan o no pasan. Nadie lo dice concretamente.
Hay una realidad en la que esta discusión no tiene sustento sin resolver problemas elementales. Es imprescindible garantizar la gratuidad del servicio para todos los estudiantes y docentes que lo necesiten.
Des-conectades
En Mendoza, durante el 1er trimestre del 2020, se registraron 1.334.255 de accesos a internet, para casi 2 millones de habitantes.
Pero, además, hay que considerar que de ellos solo 100.240 son de forma fija o sea tienen conexión en sus casas o son empresas o comercios con internet. Es decir que el restante 1.234.015 de conexiones se realizan desde un dispositivo tipo celular, lo cual es muestra de la enorme precariedad de la comunicación que hay. El gobierno de Mendoza reconoce que solo el 30% de los hogares tiene conexión. Entonces ¿qué pasa con el acceso a la educación?
Frente a esta realidad ¿por qué castigar a les estudiantes?
La realidad que tenemos en frente es que hay un estado que no garantizó las condiciones para la continuidad pedagógica, porque sus prioridades fueron otras y ahora se sienta en un sillón a ejercer su potestad de definir qué evaluar, quién promociona y cuáles son los requerimientos para esto.
Sin discutir seriamente con la docencia, ni el SUTE, ni consultar con variedad de especialistas, se mantiene el sentido común de la llamada gradualidad de la escuela moderna. Este es el paradigma con que se piensa y por eso no se cuestiona quién decide qué, cuánto, cómo y cuándo evaluar.
¿Es lógico que el Estado, que ni resuelve ni garantiza el acceso a la educación pública tenga la concentrada potestad de decidir sobre la vida escolar de millones de niños, niñas y jóvenes?
Mientras no garantizan la inversión para que no colapsen los sistemas sanitarios. No alcanzan las camas de terapia intensiva y se disparan los casos, la resolución agrega que las instituciones educativas tienen autonomía para “sostener el contacto y realizar seguimientos de las/os estudiantes por múltiples canales y de manera distribuida” y que “podrán contemplar recorridos por los hogares o días de asistencia a las escuelas para la entrega o el retiro de materiales y propuestas. También se pueden organizar atendiendo a los protocolos sanitarios, días y horarios específicos de apoyo y tutoría para estudiantes en instancias puntuales, cuando esta posibilidad sea autorizada por las autoridades sanitarias provinciales”. Es decir, por fuera de lo establecido en los DNU de la cuarentena, las disposiciones de aislamiento, sin atender a las condiciones reales en que están las escuelas, suman, además, que en los hechos se seguirá recargando el trabajo de los docentes.
La desinversión no es un problema nuevo ni novedoso, claro está. Pero la desigualdad se está profundizando en la "virtualidad". Mientras las raciones de alimentos son cada vez más elementales y mientras son millones de familias en la que los adultos quedaron fuera del mercado laboral y mientras el 60% de los niños y las niñas son pobres, los funcionarios hablan de núcleos prioritarios, contenidos básicos, NAP, etc. Pero ¿realmente puede opinar el ministerio de educación nacional y los provinciales si millones aprendieron o no y qué cosas, si no solo no tienen ni idea si no que no estuvieron para garantizar la continuidad pedagógica?
Por eso exigimos conectividad gratuita para todos los que necesiten, estudiantes y docentes. Dispositivos para estudiantes y docentes. Y que se cubran por llamados virtuales todos los cargos vacantes. Siguen habiendo miles de estudiantes sin docentes y docentes sin trabajo.
La continuidad pedagógica se desarrolló gracias al enorme esfuerzo de docentes y familias, por eso es necesario abrir el debate sobre la posibilidad de definir la promoción para todos los estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria y la regularidad para todos en todos los niveles. No podemos permitir que ni un estudiante sea castigado por lo que el estado no garantizó.
Esto debe ser un debate democrático de toda la comunidad educativa y en todos los sindicatos del país, empezando por la CTERA, que debiera tener una postura clara también a este respecto.

Virginia Pescarmona
Docente, Corriente 9 de abril/Lista Bordó, Mendoza