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Red Internacional
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Juicio y castigo. Siete años sin Santiago Maldonado: sigue la impunidad de ese crimen de Estado

Desde el 1º de agosto de 2017 el Estado continúa sin establecer las responsabilidades políticas y materiales de su desaparición y muerte. La impunidad de Gendarmería que reprimió brutalmente, garantizada por cada gobierno que pasó, hoy encuentra a Patricia Bullrich nuevamente al frente del Ministerio de Seguridad. Pero la causa no se cerró y no está dicha la última palabra.

Miércoles 31 de julio 22:56

En plena campaña por la gobernación en 2023, Ignacio Torres visitó repetidas veces la Cordillera y alentó el discurso criminalizador hacia las comunidades mapuche como elemento de campaña. Secundaba a Victoria Villaruel, Miguel Ángel Pichetto y lo más granado de la derecha reaccionaria y cavernaria local, pero centralmente a la miliquita Patricia Bullrich, que hasta llegó a sacarse una provocativa foto en la tranquera de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen en 2021.

Allí, donde aquel 1° de agosto de 2017 el ya fallecido Julio Saquero, por entonces presidente de la APDH de Chubut, interpelaba a la Gendarmería mientras una camioneta se retiraba con una llamativa bolsa negra y conos naranjas en su caja. Durante allanamientos posteriores en los escuadrones de Esquel y El Bolsón de Gendarmería, en uno de los vehículos se encontraron cabellos y una soga que para la familia podrían haber sido de Santiago.

Al día siguiente Ariel Garzi, un amigo de Santiago, denunciaba que llamó a su teléfono y fue atendido durante 22 segundos. Pocos días después, el 16 de agosto, Bullrich compareció en el Senado de la Nación y allí violó la reserva de identidad de Ariel como testigo.

Para ese entonces los rastrillajes, operaciones mediáticas, allanamientos y maniobras de Bullrich, de su jefe de Gabinete Pablo Nocetti, de su secretario Gerardo Milman, del ministro de Justicia Germán Garabano y otros funcionarios, de miembros de Gendarmería y de periodistas amigos, habían ensuciado tanto la causa que desde el principio resultaba imposible creer que de ellos podría surgir algo de verdad en el caso. El juez federal de Esquel Guido Otranto, el primero que tomó la causa, fue una parte fundamental en este entramado que buscaba garantizar la impunidad de la fuerza que Bullrich eligió como “garante de las tareas de fondo” que se proponía el gobierno de Mauricio Macri.

Vehículos de Gendarmería lavados antes de ser peritados, precintos violados, manipulación de muestras para cotejar ADN, ocultamiento de materiales y testimonios de gendarmes que abundaban en contradicciones fueron el resultado de allanamientos y medidas realizadas en los escuadrones de El Bolsón y Esquel. Lo único que quedaba claro era que hubo “órdenes precisas” y un seguimiento directo del operativo del desalojo de la Ruta 40 por parte del propio Pablo Nocetti, como declaró el comandante de Gendarmería Diego Balari el 25 de agosto.

Sin “tirar ningún gendarme por la ventana”, Bullrich siguió buscando criminalizar a la propia víctima, buscando instalar la idea de que Santiago había sido visto por un camionero en Misiones (cualquier parecido con el caso Loan Peña no es pura coincidencia). Aun así el 24 de agosto, producto de la enorme movilización social que exigía sin dudar la aparición con vida de Maldonado, la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de Silvina Ávila, se vio obligada a cambiar la carátula de “averiguación de paradero” a “desaparición forzada de persona”.

Vale recordar que desde el 28 de junio el lonko de la Pu Lof de Cushamen, Facundo Jones Huala, estaba detenido a la espera de su extradición a Chile. Y que en enero había habido en el mismo territorio un operativo criminal por parte de la Policía de Chubut con apoyo de Gendarmería, con disparos a quemarropa que destrozaron la mandíbula de Fausto Jones Huala y torturas a cinco detenidos que fueron trasladados a la localidad de El Maitén. Quedaba claro que el gobierno de Mario Das Neves, el Poder Judicial provincial y el federal y el Gobierno de Macri estaban dispuestos a proteger a como diera lugar la “propiedad privada” de la familia Benetton sobre la que se erige la recuperación territorial de esa comunidad mapuche.

Las dilaciones cómplices del juez Otranto motivaron su desplazamiento del expediente, que quedó en manos del juez federal de Rawson Gustavo Lleral. Pero lejos de avanzar hacia la verdad y la justicia para Santiago, a poco de asumir en la causa Lleral se abocó a conducirla hacia un callejón sin salida. El 13 de octubre avisó a las partes que el 17 se haría un nuevo rastrillaje en un sector del Río Chubut que ya había sido rastrillado tres veces por las fuerzas federales.

Finalmente el cuerpo de Santiago fue encontrado allí. Pese a la conclusión de que el deceso se produjo por una “asfixia por sumersión”, la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia no pudo determinar fehacientemente dónde, cuándo y cómo murió. Sin investigar nada, Lleral decidió cerrar la causa a fines de 2018 y luego sobrevendrían muchas idas y vuelta donde la familia de Santiago no descansaría hasta encontrar algo de justicia.

Documental producido por La Izquierda Diario a un año del crimen

Paralelamente, durante cinco años estuvo abierta en Comodoro Py una causa por el espionaje ilegal que la propia Gendarmería realizó sobre la familia de Maldonado y sobre organizaciones y referentes de derechos humanos. Una causa que también terminó archivada por el juez Daniel Rafecas, quien sobreseyó al exfuncionario de Bullrich Gonzalo Cané y al exjefe del Escuadrón 35 de Gendarmería de El Bolsón Fabián Méndez. Pero en su fallo el juez no pudo negar que el espionaje existió.

La causa por la desaparición forzada de Santiago sorteó varios intentos de Lleral por cerrarla definitivamente. En febrero de 2023 el juez de Rawson volvió a “archivarla” y sobreseyó a los gendarmes imputados Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Ferreyra. Recién en mayo de este año, tras una larga lucha de Sergio Maldonado y su abogada Verónica Heredia, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó reabrir la causa y separó a Lleral por su “inacción” durante años. Hoy el expediente está en manos del juez federal de Ushuaia Federico Calvete, quien debe investigar y decir qué pasó con Santiago, aunque por orden de la misma Cámara comodorense ya no se debe investigar una “desaparición forzada” sino una muerte producida por otros motivos.

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“Lo que están haciendo con Loan lo hicieron en el 2017 con Santiago”, dijo hace algunos días Sergio Maldonado a través de sus redes sociales. Se refería a las maniobras judiciales y mediáticas que desvían la atención hacia rebuscadas hipótesis que, sin pruebas ni indicios firmes, ubican al niño correntino en geografías distantes mientras los días pasan y no se lo busca como realmente se debería. Nuevamente el encubrimiento estatal de una desaparición forzada queda al descubierto. Como con Julio López, como con María Cash, como con Luciano Arruga, como con Margarita Verón, como con Daniel Solano, como con Santiago Maldonado y como con tantos más.

En otro posteo en sus redes, Sergio copió un texto escrito por su propio hermano. Un texto que hoy, mientras sigue la lucha por verdad y justicia para él, cobra un nuevo y profundo sentido al ver a Bullrich otra vez al frente de un ministerio que derrama crimen y muerte: “Hola querida población, somos el Gobierno, somos tu gobierno, los que nos apoderamos de tu vida cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada instante que pasa por tu reloj y por tu cabeza te decimos cómo tenés que vivir. Somos los que premiamos a los represores, torturadores, explotadores y castigamos a los que no son como queremos que sean”.

¡Santiago Maldonado Presente, Ahora y Siempre!
¡Juicio y castigo a todos los culpables!


Daniel Satur

Nació en La Plata en 1975. Trabajó en diferentes oficios (tornero, librero, técnico de TV por cable, tapicero y vendedor de varias cosas, desde planes de salud a pastelitos calientes). Estudió periodismo en la UNLP. Ejerce el violento oficio como editor y cronista de La Izquierda Diario. Milita hace más de dos décadas en el Partido de Trabajadores Socialistas (PTS).

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