Como se esperaba, Fernández anunció el envío de un proyecto propio para la legalización del aborto. Hace unos días, la Campaña que presenta desde hace 15 años una iniciativa consensuada por cientos de organizaciones, sostuvo su proyecto es el que está en las calles. Allí, donde la enorme marea verde luchó contra la imposición de los "senadores percha", las cúpulas de las iglesias y los gobernadores antiderechos, tiene planteado volver el movimiento de mujeres para conquistar su reclamo. ¡Ninguna confianza en el Congreso que impidió que sea ley!
Sol Bajar @Sol_Bajar
Domingo 1ro de marzo de 2020 13:42
Se inauguró el 138° período de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y al cumplirse casi una hora de discurso presidencial, Alberto Fernández anunció formalmente que enviará al parlamento un proyecto de ley propio el Poder Ejecutivo, y distinto al presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito en estos últimos 15 años.
El proyecto del Ejecutivo, según las declaraciones de Fernández, estará orientado a que ese derecho deje de ser considerado como delito por el Código Penal. "Un Estado que cuida debe acompañar a las mujeres", aseguró, y agregó que "el aborto sucede, es un hecho, y es la hipocresía que a veces nos atrapa que nos hace caer en debates como este".
Aunque el presidente no lo dijo, esa hipocresía, de hecho, es la que denunciaron en todos estos años, incansablemente, primero algunas cientos de personas, luego algunas miles y, ahora, una ineludible marea verde de millones y millones de pibas, madres, abuelas y sus familias, sus compañeros de estudio y de trabajo, que siguen manifestándose en las calles, como el pasado 19F, para exigir que la interrupción voluntaria del embarazo no deseado sea ley, y que las Iglesias no se metan.
Un derecho que lleva casi un siglo de judicialización, de persecución, de criminalización y de condena, y que hoy sigue traduciéndose en la muerte de cientos de jóvenes y pobres, cada año, a causa de la clandestinidad.
Imprecisiones
Tras ocho presentaciones sucesivas del proyecto de la Campaña Nacional por el derecho al Aborto, en los que la iniciativa fue cajoneada por la alianza entre el actual oficialismo, la oposición mayoritaria, los gobernadores antiderechos y las cúpulas clericales, el presidente anunció el envío de su proyecto, alternativo al que el movimiento de mujeres ganó en las calles en 2018.
Si ese proyecto no fue ley, no se debió a una debilidad en las calles, ni a la falta de "consenso" dentro de la sociedad. Fue solamente la alianza de una pequeña casta de senadores de todos los partidos mayoritarios, de gobernadores antiderechos y de jerarcas de las iglesias, así como el visto bueno de las conducciones sindicales, que se negaron a parar en apoyo a las mujeres, la que impidió que sea ley.
Y no es un dato menor que mientras se anunciaba este domingo el envío del proyecto del Poder Ejecutivo, muchos de esos senadores y senadoras se hayan encontrado sentados tranquilamente en sus bancas, tras haber sido reelectos como parte de las listas del Frente de Todos. Es el caso, por ejemplo de la rionegrina Silvia García Larraburu, que fue premiada este año con la renovación de su banca, tras votar nada menos que contra el derecho al aborto.
Que haya habido tantas imprecisiones en el discurso presidencial acerca del texto es, como advirtió la diputada Myriam Bregman, un tema sobre el que alertar. Es cierto que "en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos", como venimos reclamando y reconoció hoy el presidente de la Nación. "Por eso en los próximos diez días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar", dijo sin embargo acto seguido, sumando confusión a quienes conocen al dedillo el texto del proyecto presentado tantas veces por la Campaña Nacional.
¿Porqué es necesario otro proyecto, cuando la marea verde, que viene de construir el suyo con décadas de lucha, lo conquistó con aportes de cientos de especialistas y organismos y con una simpatía que ya podría afirmarse que jamás fue superada por ningún otro proyecto en la historia del país? ¿Porqué no se promueve el proyecto que la marea verde ya ganó en las calles? Pero y entonces... ¿cuál será el alcance de la iniciativa que el Ejecutivo enviará en diez días al Congreso de la Nación? ¿En qué Cámara, en qué comisiones y con qué otros proyectos será puesto en debate? ¿Cuánto tiempo deberá debatirse lo mismo que ya debatimos en 2018?
Y más: el proyecto del Poder Ejecutivo, ¿garantizará la práctica sin ninguna restricción, como plantea el proyecto de la Campaña? ¿Respetará el mínimo de 14 semanas, o, como sugirió Alberto, limitaría más aún el acceso al aborto libre? ¿Se incluirá la práctica en el Plan Médico Obligatorio, para garantizar que todes puedan acceder a la misma en el sistema público de salud, pero también en el privado, y cubierto por todas las Obras Sociales del país? ¿Habilitará la objeción de conciencia institucional, como anunció recientemente el ministro de Salud, Ginés González García, dando un poder mayor todavía a la cúpula de las Iglesias? ¿Contemplará la producción nacional de misoprostol y mifepristona? ¿Terminará efectivamente con la criminalización de médiques y usuaries? Todo esto, y más, aún se desconoce, y por las declaraciones presidenciales, así será hasta el próximo 11 de marzo: dentro de diez días.
Nuestro proyecto está en las calles
En el medio, algunas cosas ya pueden concluirse. En primer lugar, que si hoy se habla del aborto legal, si el reclamo de las mujeres vuelve al debate parlamentario, es pura y exclusivamente resultado de esta incansable lucha, porque nadie, jamás, nos regaló nada: ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior.
Lo reconoció, sin querer queriendo, el presidente Fernández, que admitió que la hipocresía del régimen político llega al grado de garantizar la muerte silenciosa de miles de mujeres y niñas por abortos clandestinos, de jóvenes presas como Belén, de niñas obligadas a parir como Lucía. Hoy, 1 de marzo, ¿cuantas son esas mujeres? ¿Cuántas perdieron la vida? A tres meses de gestión del gobierno de Fernández, y de sostenerse las últimas cifras oficiales, serían al menos 9 mil las mujeres y las niñas que ya sufrieron, solo bajo su gestión, las consecuencias lamentables y evitables de los abortos mal hechos.
Por eso esa lucha incansable, que en estos años se tradujo en organización, en la conquista de confianza en la propia fuerza, en la convicción de la importancia de la movilización callejera, tiene planteados nuevos desafíos para conquistar estos derechos.
El próximo 8 de marzo, como venimos advirtiendo, la Conferencia Episcopal Argentina, máxima expresión de la voluntad del Vaticano en el país -y a cuyo jefe veneró hoy Fernández desde el Congreso-, convoca a marchar a la Basílica de Lujan contra el derecho de las mujeres, bajo el lema "sí a la vida".
Para garantizar el aborto sea ley, para imponer que se apruebe nuestro reclamo y ningún otro, para que las cúpulas de las Iglesias y los grupos antiderechos dejen de tener poder de veto sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas, ese día, igual que el 9 de marzo, tenemos que ser millones en las calles, porque es ahí donde se conquistan los derechos, y porque no estamos dispuestas a regalarlos.
Millones, para exigir el aborto legal ya. Millones para conquistar la separación sin más vueltas de las Iglesias del Estado, para acabar con todos los privilegios que le otorgan un poder descomunal dentro de sus instituciones y, así, dentro de nuestras vidas. Millones para construir una alianza todavía más poderosa y para darlo vuelta todo, para que el derecho a la maternidad no sea asimilable solamente a una "ayuda" social brindada por el Estado. Millones en las calles para que se deje de pagar la ilegítima deuda externa y se garantice nuestro derecho a acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo.
Hoy, como hace dos años, cuando Mauricio Macri habilitó el debate en el Congreso, una crisis económica hace de trasfondo a esta discusión. Si las más jóvenes, las trabajadoras y pobres son las que más sufren las consecuencias de la clandestinidad, hay que reconocer también que son las más sufren los golpes de esa crisis, aunque de ello no haya habido mención en el discurso presidencial.
Tejer una alianza poderosa, inquebrantable, entre las jóvenes de la marea verde, las históricas luchadoras por los derechos democráticos, las mujeres de la clase obrera ocupada y desocupada que se han puesto de pie, es también una cuestión elemental: detrás de esa poderosa alianza está sin dudas la fuerza para dar vuelta todo y avanzar en la conquista de todos los derechos que nos niegan: desde el derecho al aborto a la separación de las iglesias del Estado, el derecho al pleno ejercicio de la maternidad, a un salario igual a la canasta familiar, e la vivienda, a la salud, a la educación, al trabajo. Nuestra fuerza, sin dudas, está en las calles.
