Los trabajadores y trabajadoras judiciales votaron en asamblea una nueva semana de paro. Con esta, llegarán a los 24 días en reclamo de mejoras salariales, en un contexto muy duro de crisis económica y ataques de parte del gobierno nacional y provincial. Con esperanzas de apaciguar las medidas, el gobierno de Alfredo Cornejo publicó el pasado viernes 17 el aumento por decreto. El intento de cerrar el conflicto fue como echarle leña al fuego y no hizo más que fortalecer la lucha.
Miércoles 22 de mayo de 2024 20:36
El lunes 20 de mayo, tras dos semanas de medidas de fuerza sostenidas, los y las judiciales votaron en una nueva asamblea, que la lucha continúa con una semana más de paro activo. Se habla de continuidad y no de volver a las oficinas porque si se sigue así “el sistema va a colapsar”, aseguró una empleada que trabaja desde hace 16 años en una oficina fiscal. Este miércoles, las trabajadoras y trabajadores decidieron endurecer las medidas y montaron un acampe en el cuarto piso del Poder Judicial. La decisión está tomada y no se moverán de allí hasta no tener respuestas
Durante el mes de diciembre del 2023 y febrero de este año, los trabajadores y funcionarios judiciales comenzaron a realizar asambleas por reclamos tanto salariales como de condiciones de trabajo. “Como no tuvimos respuesta empezamos con los paros en el mes de marzo. Hicimos paro los fines de semana, porque ahí es donde se visualiza nuestra diferencialidad, ya que en otras áreas del poder judicial se trabaja solo de lunes a viernes”, contó Claudia, una de las trabajadoras.
A pesar de que las medidas de lucha se endurecieron durante abril y mayo, el gobierno sigue sin dar respuesta a los reclamos que son salariales pero también por mejores condiciones de trabajo. Auxiliares judiciales y empleados de oficinas fiscales de la provincia, que no son abogados ni procuradores, tienen salarios de entre 400 mil y 550 mil pesos. En el caso de quienes tienen título de abogado, el sueldo puede ser mayor. “Pero todos, al igual que otros judiciales, estamos por debajo de la canasta básica para no ser pobre”, sostuvo la empleada judicial.
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“En el mes de mayo iniciamos paro desde el 1 de mayo hasta hoy, todos los días”, dijo Claudia, y el gobierno, por su parte, viene aplicando los descuentos sin piedad, lo que ha generado que cobren salarios significativamente menores. En marzo, las reducciones salariales fueron de entre $80.000 y $120.000, mientras que en abril llegaron a ser de entre $100.000 y $160.000, dependiendo de la cantidad de paros que cada trabajador o trabajadora hizo
“Esos descuentos de nuestro sueldo -ni hablar que la mayoría de los empleados públicos estamos con préstamos y las tarjetas de crédito explotadas- hace que estemos en una situación económica crítica”, explicó y contó que entre las estrategias que llevan adelante para afrontar esas rebajas, que durante los paros de marzo y abril llegaron a ser del 30 y 40%, los trabajadores pero principalmente las trabajadoras, hacen pasteles dulces, sopaipillas, ferias de plato y rifas para ayudarse entre sí. “Nos colaboran nuestros otros compañeros judiciales”, porque la solidaridad en tiempos de crisis, de ataques y de lucha, no deja de crecer.
Un conflicto más que salarial
La mayoría de la sociedad comparte la idea de que “la justicia es lenta” pero pocos saben las condiciones en las que trabajan los empleados judiciales. El relato de Claudia desvela eso. La realidad del día a día de las oficinas fiscales donde se trabaja los 365 días del año.
“Más allá del pedido de aumento de sueldo de todos los judiciales, las oficinas fiscales tenemos un conflicto particular. Nosotros hacemos una jornada de 8 horas, es decir, 2 más que el resto de los judiciales. Pero tenemos el mismo escalafón que los demás, entonces tenemos el mismo sueldo. Mensualmente nosotros trabajamos 176 horas mientras que los otros 132 o 134 horas mensuales. También trabajamos feriados y fines de semana, ya que las oficinas están activas los 365 días del año. Trabajamos también navidad y año nuevo”, cuenta la mujer.
Y continúa “nosotros tenemos desde que se crearon las oficinas fiscales un ítem adicional CPP (Código Procesal Penal), que es un 40% del sueldo básico y fue creado para compensar la especificidad de la tarea(...) Ese ítem CPP que era originalmente del 40%, se fue licuado ya que desde hace muchos años los gobiernos vienen dando aumentos en diversos ítems, en vez de colocar todos los aumentos en el básico y actualmente ese ítem se desvirtuó representando un 12% real”.
El relato de Claudia, muestra no sólo las desigualdades que enfrentan los trabajadores y trabajadoras judiciales sino que, además las condiciones en las que son obligados a trabajar son muy precarias. Cada vez hay menos trabajadores porque se van o se enferman y eso también enlentece todo los procesos administrativos. Un ejemplo más de que sin trabajadores judiciales, no hay justicia.
Así lo evidencia ella cuando cuenta que “como las oficinas funcionan todos los días del año, nosotros no podemos tomarnos nunca la feria judicial completa (un mes en enero y 2 semanas en invierno) por lo que también nos deben días por esas licencias o vacaciones no gozadas. Esas licencias deberían otorgárnoslas cuando nosotros las solicitemos, pero no lo están cumpliendo porque cómo cada vez somos menos auxiliares en las oficinas, no hay personal y nos las niegan por razones de servicio”.
El poder judicial que debería velar por el cumplimiento de los derechos, en este caso el de los trabajadores en su derecho a la huelga les descuenta los días de paro, mientras les adeudan días en su derecho al descanso. En ese cuadro de situación, lo que Claudia grafica se agrava por la falta de personal en las oficinas que se da por las malas condiciones salariales al mismo tiempo que evidencia las malas condiciones laborales y el achicamiento que impulsa el gobierno de Cornejo.
“Hay mucha gente que va renunciando desde hace un tiempo porque las condiciones laborales son pésimas y porque el sueldo es bajo, también porque hay mucha gente de licencia psiquiátrica porque la carga emocional de nuestro trabajo, la presión y demás hace que sean muchos los que no lo llevan bien psicológicamente hablando y además porque varios piden el traslado y no reemplazan a los que se van”, transmite la mujer sobre la situación que allí se vive.
Para una trabajadora en Mendoza, ser sostén de familia como narra Claudia, implica ser la que lleva el pan a la mesa en una provincia donde los salarios son de los más bajos del país y donde se necesitan casi $800.000 pesos para no ser pobres; donde los trabajadores son cada vez más pobres y los políticos y jueces cada vez más ricos. Desde el sindicato denunciaron en su cuenta de X que “380 mil el salario de un ingresante (190 mil el básico) contra 4 millones un juez ingresante. Esa es la realidad de la justicia de Mendoza. Y el gobierno te ofrece 10% sobre el básico de 190 mil pesos y dice que no entiende por qué paramos”.
La situación de las y los trabajadores judiciales se repite en distintos sectores y ramas. Cuando Cornejo, sus ministros y sus jueces amigos, dicen que no comprenden por qué sigue abierto el conflicto de los judiciales, el testimonio de Claudia responde sin lugar a dudas.
Una lucha decisiva que tiene que triunfar
La lucha que llevará a un paro de tres semanas en Mendoza es ejemplar y no está sola. El conflicto de los judiciales se suma a un panorama más general en el país en el que el descontento se siente cada vez más. Desde los estatales de Misiones a las textiles de Catamarca, desde Rosario hasta Buenos Aires y las luchas educativas nacionales. En nuestra provincia además poquito a poco se van sumando sectores que levantan la cabeza porque “esto no da para más”, como los trabajadores municipales de Tupungato.
Este mapa que tiene a los judiciales como protagonistas ha mostrado que la unidad de los trabajadores y trabajadoras es la fuerza. Las expresiones de solidaridad no han tardado en llegar y desde distintos sectores se han reflejado, tanto en las redes como acompañando con el cuerpo las medidas de los trabajadores.
El aumento miserable por decreto de Cornejo de los últimos días demostró dos cosas. Una que los judiciales no se doblegan ante las amenazas e imposiciones. Y la otra, que el ejemplo es contundente, no pueden venir más a decirnos a maestras, municipales, trabajadoras y trabajadores estatales que no podemos seguir reclamando por miedo al decreto, los judiciales le sacaron el velo al fantasma con el que la burocracia sindical siempre ha firmado paritarias de hambre a pesar de tener fuerzas para luchar.
No es una frase hecha decir que si ganan los judiciales, ganamos todos. Es la realidad.
¡No están solos!
