La medida beneficiará a 2 millones de personas pero deja fuera a la pobreza sobrevenida y un millón de inmigrantes. Colectivos sociales exigen una verdadera renta de cuarentena digna para todos aquellos sin ingresos.
Jueves 11 de junio de 2020
Este miércoles el Congreso dió luz verde -sin ningún voto en contra y con las 52 abstenciones de Vox- al decreto del llamado “ingreso mínimo vital”. Será tramitado de urgencia y como proyecto de ley durante las próximas semanas.
Según el gobierno, la medida beneficiará a 850 mil familias -algo más de 2 millones de personas- que recibirán una cuantía comprendida entre los 462 y los 1.015 en función del número de miembros, menores y personas dependientes.
La aprobación de esta prestación venía siendo anunciada y pospuesta casi desde el inicio de la pandemia. La cuantía de la misma, las condiciones y los beneficiarios han sido objeto de una intensa negociación dentro y fuera del gobierno.
La patronal había sido uno de actores sociales más reacios a la aprobación de esta medida, temerosa de que el “ejército de reserva” de parados dispuesto a aceptar cualquier trabajo al precio que sea se viera “desmotivado” a hacerlo. El gobierno ha tratado de dar garantías de que no sería así.
Accedió a la petición de la CEOE de que la cuantía de la mayoría de las prestaciones quedarían siempre por debajo del salario mínimo y a la vez deja por fuera de la misma a quienes se encuentren en situación de pobreza sobrevenida -ya que se tienen en cuenta todos los ingresos del último año y no los actuales- y a los migrantes sin papeles o sin permiso de residencia de un año.
Por eso cuando Rufián de ERC calificó lo aprobado como una “vacuna contra la precarización laboral” sonó, una vez más, a discurso grandilocuente que no casa en absoluto con la realidad de los cientos de miles que no podrán aceptar o que, aún accediendo a la ayuda, tendrán que seguir aceptando curros precarios para completar la reducida cuantía de la prestación.
Diversas entidades que trabajan por la regularización de los inmigrantes han denunciado que quedan por fuera de esta medida un millón de trabajadores extranjeros. Son los que trabajan en la economía sumergida en sectores como la hostelería, los cuidados, la agricultura o la construcción. Todos ellos deberán seguir aceptando jornadas interminables y salarios de miseria, tal y como vienen denunciando sindicatos como el SAT.
A pesar de esta exclusión xenófoba, Vox justificó su abstención en la excepción para que puedan beneficiarse las víctimas de trata, que sería para ellos "como decir que van a ser beneficiarios todos los que llegan en patera”. El partido de Abascal continua alentando desde la tribuna un discurso para alentar la división de la clase trabajadora y los sectores populares en líneas nacionales. La misma división, por otra parte, que el gobierno “progresista” consagra en ley.
Por su parte el PP anunció que en la tramitación presentaría enmiendas para reforzar la vinculación de la ayuda con la obligación de aceptar ofertas de empleo independientemente de las condiciones. Mientras que Ciudadanos, camino de convertirse junto al PNV en el socio preferente del gobierno, le brindo un apoyó y anunció que también presentaría enmiendas.
El coste estimado por el Ejecutivo de esta medida será de 3 mil millones anuales. Queda lejos pues de los 6 mil millones que prometía el PSOE en su programa electoral o los 10 mil de Unidas Podemos, para articular algún tipo de renta garantizada para quienes no tuvieran ingresos. Esta diferencia, más aún en un contexto de crisis económica mucho más grave que la situación de otoño, habla por sí solo de lo limitado y parcial de la medida.
Diversas entidades sociales y sindicales han criticado esto y exigen que se apruebe una verdadera renta de cuarentena, que llegue a todas las personas que han quedado sin ingresos y garantice no una supervivencia mínima sino digna, es decir acorde con el coste de la vida y por lo tanto nunca inferior al SMI.
Una prestación así para 4 millones -tomando no solo aquellos que están sin ingresos sino también complementos de quienes tienen paro o ayudas muy lejos del SMI- supondrían unos 4 mil millones al mes, 40 mil si se deben prolongar durante 10 meses. Es justo la cantidad que debe la banca del rescate de 2012.
Una medida así sería perfectamente posible, eso sí, tocándole el bolsillo a los grandes capitalistas y no atendiendo sus consideraciones, como se ha hecho con la petición de la CEOE para que esta prestación quede en umbrales de pobreza.
