Jujuy. Sobre el derecho a la vivienda: ¿Quiénes son los verdaderos usurpadores?

La brutal represión en Guernica marcó una situación que fue el detonante de varias tensiones, discusiones y debates, dado que un sector de la población (como también de la docencia) salió a justificar el fallo de la justicia y la represión que defienden los intereses de los grandes terratenientes aduciendo el derecho a respetar la propiedad privada.

Esto se da en el marco de una furiosa operación política desde los medios de comunicación que responde a los intereses de los sectores más concentrados de la economía y la derecha reaccionaria, a la que se sumó el Gobierno nacional como el de la provincia de Bs. As, en defensa de la propiedad privada (de los poderosos). Que se relaciona con otra operación que busca justificar la represión, orientada a decir que sólo la justicia es responsable y a poner como victimarias a las víctimas de la represión, responsabilizando a las familias que resistieron el desalojo como a las organizaciones de izquierda que se solidarizaron con el justo reclamo. El mundo del revés.

Un poco de historia

Esta situación nos invita a volver la mirada hacia el pasado no tan lejano (en un sentido espacial y temporal) y realizar una profunda reflexión al respecto puesto que actualmente no nos es ajena tal situación ya que en nuestra provincia se encuentran 300 familias trabajadoras, de bajos recursos tomando tierras en Ledesma y otras tantas en las periferias de la capital provincial. Muchas de ellas también ya han sido reprimidas por el Gobierno de Morales. En eso no hay “grieta”.

En este sentido mirar nuestra propia historia desde una posición crítica, nos permitirá ampliar nuestro conocimiento desde una nueva perspectiva, como también buscar soluciones de fondo que aún están pendientes.

Históricamente la característica más notable de la tenencia de tierras en la provincia de Jujuy era su concentración en unas pocas manos. Ellos constituían la élite económica, social y política de la provincia. Esta élite había heredado las haciendas de sus antepasados, a quienes les habían sido otorgadas por las "mercedes de tierras" concedidas a lo largo del siglo XVIII sobre todo a aquellos miembros de la élite colonial de Jujuy que se habían destacado por su participación en las entradas contra los indígenas del Chaco.

En el caso de la quebrada de Humahuaca en 1833 se sancionó una ley aboliendo las comunidades indígenas en el territorio de la provincia, es decir que las comunidades dejaron de ser consideradas propietarias legales de las tierras que ocupaban y que habían mantenido bajo su control desde la época colonial. En 1835 el gobierno prohibió la venta de las tierras antes controladas por las comunidades a las que consideró desde ese momento propiedad del gobierno o "tierras del estado". En marzo de 1839 la Legislatura aprobó una ley que autorizaba la partición y distribución de esas tierras en "enfiteusis”. La enfiteusis implicaba un contrato de alquiler a cambio de una renta anual pagada al gobierno. El estado provincial mantenía el "dominio real" o propiedad de las tierras.

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Esta política de tierras favoreció su traspaso y concentración en manos privadas. Es así que los grandes terratenientes y el Estado se apropiaron de las tierras de la provincia, despojando a toda la población indígena de la zona.

A lo largo de la historia las grandes extensiones de tierras fueron usurpadas por terratenientes y por el propio gobierno, de esta manera la gran mayoría de la población originaria fue despojada de su suelo de origen y relegadas a condiciones de hacinamiento. Durante el siglo XX, los gobiernos radicales y peronistas introdujeron algunas reformas sociales, pero no dieron respuesta al problema de las tierras (como a muchos otros), que desemboca de forma ineludible en una problemática al acceso de una vivienda; así se visualiza a las claras una deuda significativa que parece no tener solución, en consecuencia, y el derecho constitucional a una vivienda digna para las mayorías populares es vulnerado actual e históricamente.

Una realidad que no escapa al resto del país. Los grandes propietarios que hoy se rasgan las vestiduras hablando de la propiedad son los herederos de quienes les robaron en base a un genocidio, las tierras a las comunidades originarias con la mal llamada “campaña al desierto” del General Rocca en 1879. Ese robo “creó” la propiedad privada de 600 terratenientes que se quedaron con todo el territorio usurpado. Más cerca en el tiempo podemos citar los ejemplos de los capitalistas extranjeros Benetton o Lewis, que se han quedado con varias hectáreas de más y hasta con un Lago en el caso del segundo. Parece que hay usurpaciones y usurpaciones.

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Un poco de actualidad

La situación actual de la ocupación de tierras en Ledesma nos permite seguir pensando en cuál es el rol del Estado frente a esta problemática. En este sentido ¿Es el pueblo el que usurpa las tierras? ¿El sueño de la casa propia seguirá siendo una utopía, un sueño, o peor, un delito y no un derecho?

La represión en Guernica se dio el mismo día que el Congreso nacional (con la única oposición del Frente de Izquierda) votó un presupuesto de ajuste para el año que viene en concordancia con las exigencias del FMI, en el que se reduce el déficit fiscal, se saca la IFE y en salud se reduce un 10% el presupuesto. Pocos días antes, la vice-presidenta había convocado a la unidad nacional a los grandes empresarios y expresiones política de la derecha. Un verdadero pacto a favor de los poderosos que comenzó a mostrarse con la represión en Guernica buscando dejar una “lección” para los que luchan. Frente a un reclamo social, el Estado se hace presente con represión.

Por su parte, el caso de Ledesma es sintomático: los Blaquier tienen 160.000 hectáreas concentradas en su poder (de las que explota 45.000), que fueron adquiridas de la manera que se describía más arriba. Esto genera una profunda crisis habitacional para la clase trabajadora y los sectores más vulnerables tornando casi imposible el derecho al acceso a la tierra y a la vivienda.

Por eso, los sectores sociales a los que desde el poder se los quiere mostrar como usurpadores, no son más qué víctimas de un régimen social en el que la propiedad está concentrada en pocas manos. Por eso, en este contexto, la posibilidad de acceder al derecho constitucional de una vivienda digna, para los sectores más vulnerables de la clase trabajadora es a través de la ocupación de terrenos. Sólo un dato, en el IVUJ hay más de 20000 solicitudes de terrenos que siguen cajoneadas. A nivel nacional, más de 4000 barrios se formaron a partir de ocupaciones y luchas.

Capitalismo, propiedad, desigualdad

Karl Marx señalaba en el Manifiesto Comunista: “Os horrorizáis de que queramos abolir la propiedad privada. Pero, en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para las nueve décimas partes de sus miembros; existe precisamente porque no existe para esas nueve décimas partes”. Una frase que se muestra más viva y actual que nunca.

En el capitalismo actual, según datos de enero de la ONG Oxfam, los 2.153 milmillonarios que hay en el mundo poseen más riqueza que 4.600 millones de personas (un 60% de la población mundial). En julio estimó que en América Latina la fortuna de los 73 milmillonarios aumentó en U$S 48.200 millones durante la pandemia: en Argentina pasó de U$S 8.800 millones a 11.200 millones de dólares. Capitalismo, propiedad privada y desigualdad social van de la mano.

Esta desigualdad en relación a la propiedad se expresa en países imperialistas como Francia de la siguiente manera, según el economista Piketty: durante el siglo XIX y XX la mitad de la población más pobre de Francia no poseía ningún patrimonio al momento de morir. No solo eso, incluso muchos pobres fallecían endeudados: su propiedad privada era negativa. No podían heredar más que miseria.

Desde la verborragia mediática los poderosos en nuestro país, sus gobiernos y partidos buscan instalar la idea de que la propiedad privada está en peligro. Buscan convencer al conjunto de la sociedad de que defiendan un “derecho” que sólo tienen ellos, los grandes propietarios.

Acaso a los capitalistas les preocupaba la “propiedad” de las comunidades originarias, o a los grandes bancos les preocupó los ahorros de los pequeños ahorristas víctimas del corralito de Cavallo y De la Rúa en el 2001 o del Gobierno de Menem en 1989. ¿Cuántos pequeños comerciantes perdieron su propiedad con crisis como la del 2001 o la que está en curso? ¿Cuánta “propiedad” de los sectores más vulnerables destruyen los planes de ajustes bajo el mando del FMI?

Esto no sólo pasa en Argentina. Durante la crisis del 2008 los bancos sí que se “zarparon la lata” y usurparon las viviendas de millones de trabajadores en EE.UU, España, Irlanda, Gran Bretaña, entre otros países. Eso sí que es una usurpación.

Sin embargo, desde arriba buscan crear la imagen de un supuesto enemigo interno usurpador de “tu” propiedad, en los sectores más vulnerables de la clase trabajadora que más vienen sufriendo el ajuste y la crisis económica en curso. Una especie de “invasión zoológica” que te usurparía la casa, el auto, la bici, una campera. Los argumentos pueden llegan al absurdo. Hay algo de estrategia en esto que es dividir y enfrentar las fuerzas de la clase trabajadora, entre aquellos sectores que pudieron acceder a alguna pequeña propiedad (como un sector de la docencia) y aquellos que nada tienen. Esto se expresa en el latiguillo “llevátelos a tu casa y que la usurpen”. Puro relato, cero verdad.

Las familias que pelean por acceder al derecho constitucional a la vivienda que todos los gobiernos incumplen, no ponen en peligro la propiedad que algún sector de la clase trabajadora o sectores medios puede tener. No está ahí el enemigo.

El caso de Guernica vuelve a ser emblemático en esto también, ya que los supuestos dueños están bien flojos de papeles de un terreno abandonado completamente. Una reciente investigación de la revista Crisis demostró que fueron “adquiridos” por favores y negocios “non sanctos” de la última dictadura por un funcionario de la misma. Los verdaderos usurpadores están arriba y visten saco y corbata.

Propiedad, esfuerzo, mérito: otro falso relato

Otro debate acerca de la propiedad privada y la lucha por el derecho a la vivienda se da en torno al sentido común meritocrático que se busca generar en torno a que esas propiedades son fruto del esfuerzo y el mérito de algunos. Los que no lo tienen es porque no se esforzaron lo suficiente reza el nuevo dogma de los poderosos.

Ya vimos que el origen de la gran propiedad en nuestro país se basa lisa y llanamente en el robo y el genocidio. Pero si lo vemos desde la actualidad, distintos estudios señalan que el 80% de los grandes propietarios son herederos, o sea que mucho no se esforzaron por acumular y concentrar todo.

Como señalamos más arriba, la pequeña propiedad que con el esfuerzo del trabajo consiguió un sector de la clase trabajadora no se ve afectada por las luchas de un sector más vulnerable, sino por la voracidad de acumulación y concentración de la riqueza de los “herederos” que pelean con uñas y dientes para defender un régimen social basado en la gran propiedad capitalista, que existe gracias a que la enorme mayoría social no es propietaria más que de vender su fuerza de trabajo.

Unidad de los trabajadores y solidaridad de clase.

En el marco de una nueva crisis profunda del capitalismo que los dueños de todo buscan descargar nuevamente sobre la clase trabajadora y los sectores populares, es una primer medida de auto-preservación para la clase laboriosa unir sus filas, multiplicar la solidaridad de clase y terminar con los prejuicios y sentidos comunes dominantes que buscan enfrentar pobres contra pobres, para “dividir y reinar”.

Desde esta perspectiva, es que los y las docentes que nos organizamos en la Agrupación 9 de abril venimos desarrollando una enorme solidaridad con las familias que luchan por una vivienda, porque es un derecho, un reclamo legítimo y un enorme ejemplo de lucha de nuestros hermanos y hermanas de clase que peor la están pasando. Por eso también enfrentamos y repudiamos la represión y las maniobras y mentiras del Gobierno nacional y la oposición de derecha, que hacen política para defender los intereses de los poderosos.

En Jujuy, venimos desarrollando una gran campaña solidaria con las 300 familias de Libertador que vienen luchando por la vivienda y este sábado haremos una jornada educativa para los y las niñas y adolescentes del asentamiento. Te invitamos a sumarte y dar estas peleas juntos/as. Porque es parte de que esta nueva crisis no la paguemos los mismos de siempre e ir construyendo una salida propia a la crisis desde la clase trabajadora y los sectores populares.