Tribuna Abierta. Sobre la evaluación institucional en la Universidad de Río Negro y la autonomía universitaria

En este proceso tendiente a la evaluación de CONEAU, la Universidad creó comisiones de autoevaluación en las que se designaron para “colaborar” en el proceso a “Autoridades, personal docente y no docente con disponibilidad horaria e interés en la iniciativa”, anulando la participación de docentes críticos al proceso y a los estudiantes mismos como parte de la comunidad universitaria, descartando de plano el carácter democrático del proceso evaluativo.

Si consideramos las incontables resistencias que ha engendrado a su paso la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) y los procesos de acreditación de las carreras por la CONEAU en las universidades de todo el país y en particular en la Universidad Nacional del Comahue -en la que las acreditaciones se impidieron tras 30 días de toma de los edificios de la universidad en ambas provincias-, no está demás preguntarnos por qué se sabe tan poco, mejor dicho, qué es lo que se oculta tras la evaluación institucional silenciosa, pero decidida, por parte de las autoridades de la UNRN.

Lo que sí sabemos de las evaluaciones institucionales y de la CONEAU

Las evaluaciones universitarias han sido dispuestas como mecanismos de control y regulación por parte del poder ejecutivo sobre las universidades y tomaron formalidad, entre conflictos e impugnaciones estudiantiles y docentes, con la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) en el año 1995.

La LES, expresión de las políticas educativas propuestas por organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, plantea como objetivos impulsar una mayor diferenciación de las instituciones educativas promoviendo el desarrollo de instituciones privadas; fomentar la producción de fuentes de financiamiento alternativo mediante aranceles y al venta de servicios a terceros; vincular la asignación de fondos presupuestarios al desempeño académico; y proveer de incentivos financieros a las instituciones públicas que diversifiquen sus recursos propios, entre otros (1).

En plena avanzada neoliberal, el menemismo se encargó de profundizar la política de desfinanciamiento universitario del alfonsinismo y de instalar un discurso que buscó deslegitimar a las universidades públicas a partir del cuestionamiento a sus “costos” y “beneficios”. Es entonces que empiezan a aparecer en la agenda, las preocupaciones por la calidad (en términos eficientistas: tasa de graduación por presupuesto invertido, cantidad de docentes por cantidad de estudiantes, empleabilidad de los graduados, etc.).

Como consecuencia aparece la necesidad de evaluación para determinar la “viabilidad” de los proyectos institucionales, y promover la generación de recursos propios por medio de aranceles y ventas de servicios a terceros –empresas, corporaciones privadas- que contribuyeran a financiar la universidad y enfrentar la crisis presupuestaria.

La evaluación entonces es la punta de lanza sobre la que se monta una reforma estructural de la relación entre universidad y estado, en la que éste último ya no opera como garante del derecho a la educación, sino que se consolida en su rol como “evaluador” del “mercado educativo”.

De este modo, la LES y CONEAU, entre otras instituciones (SPU, Consejo Interuniversitario Nacional) instalan una lógica utilitarista y mercantil de la producción de conocimiento y de la formación profesional. Las empresas se convierten en proveedoras de fondos según sus propios intereses, mientras que el estado empuja la transformación curricular de las carreras a través de organismos dependientes del ejecutivo que incrementan su injerencia en las políticas de desarrollo académico con programas focalizados de financiamiento orientados al mejoramiento de disciplinas, carreras e instituciones de orientación científico-tecnológica, violando la Autonomía Universitaria.

En este marco, las políticas estatales para la educación superior han sido claras en la tendencia a profundizar los vínculos entre la producción de conocimiento y la imposición de un nuevo patrón de acumulación (es decir explotación de la fuerza de trabajo por el capital) asociado a las actividades extractivas y manufactureraas de bajo valor agregado.

Sólo por citar un ejemplo, en 2008 el CIN acuerda la distribución de 36.800.000 pesos procedentes de las utilidades de YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), lo que generó un importante repudio en un buen número de Universidades Nacionales. Tres universidades nacionales (Río Cuarto-UNRC, Luján-UNLU, Córdoba-UNC) rechazaron los fondos al igual que unas treinta unidades académicas de una decena de universidades más.

Hecha la ley...

La creación de la Universidad Nacional de Río Negro, se da en el marco de la expansión del Sistema de Educación Superior (SES) en el que se crearon 10 nuevas universidades estatales desde 2003. Bajo la retórica de la equidad en el acceso, las nuevas universidades apuntaron a descomprimir la elevada matrícula de las universidades tradicionales, pero sobre todas las cosas, a expandir y afianzar el modelo de gestión educativa inscripto por la LES.

Comandada por Juan Carlos del Bello (secretario de políticas universitarias del menemismo, creador del proyecto de LES, actual rector de la UNRN y abanderado del proceso de evaluación institucional), la UNRN se constituye en el oasis que la política de educación neoliberal no pudo encontrar en la Universidad Nacional del Comahue.

El modelo de universidad ajustado a la LES en el caso de la UNRN resulta evidente: en términos de financiamiento selectivo y condicionado a las vías alternativas (leáse privadas), las carreras que cuentan con más presupuesto son aquellas vinculadas con el negocio de la explotación de hidrocarburos (como Geología) y en general las carreras acreditables por CONEAU (Ingenierías, Odontología, Veterinaria) cuentan con más presupuesto que aquellas que no, las que no sólo son vaciadas presupuestariamente sino que algunas se dictan en edificios prestados o alquilados.

Al mismo tiempo, la UNRN promueve bajo el criterio de “rentabilidad”, el arancelamiento de posgrados y de carreras de grado más solicitadas, así como el ingreso restricto en las carreras en las que más estudiantes significan mayores “costos” (2).

La intrusión de CONEAU es clara, requiere para la acreditación que las carreras (como el caso de Ingeniería Agronómica) amplíen la oferta de servicios a terceros com una forma de autofinanciamiento, por lo que se precariza forzosamente el trabajo de los estudiantes por medio del denominado “Trabajo social obligatorio” como condición para graduarse.

En este escenario en el que las universidades se definen entre las regulaciones y mecanismos consagrados por la LES y las posibilidades de resistirse a los intentos de ajuste presupuestario y sometimiento del desarrollo científico a los capitales privados, cabe preguntarse cuáles son las alternativas en un contexto en el que los espacios institucionales para el debate democrático son mínimos o casi nulos.

Si algo queda claro, es que entregar las universidades a la “mano invisible” del mercado escondida tras el disfraz del paternalismo estatal es entregar una de las pocas trincheras que nos quedan para cuestionar los discursos del poder. Es necesario pensar alternativas que den lugar a la organización de las resistencias, desde el pasado reciente, recuperando las experiencias y sujetos que defienden, aún hoy, la educación pública en el marco de la autonomía universitaria.

Notas:

(1) Existen numerosos documentos del BM en los que podemos rastrear estos objetivos, pero también trabajos académicos que realizan un estudio sistemático de ellas como referencia tomamos a José Luis Corragio, Pablo Imen y Pablo Gentili, entre otros.

(2) Para muestra de ello puede rastrearse la presentación judicial que hizo el Del Bello en el año 2010 cuestionando la declaración de gratuidad de las carreras de grado pues “violentaba la autonomía universitaria”.