El ex espía se negó a declarar en la causa que investiga el atentado a la AMIA, amparado en otra que abrió el kirchnerismo en su contra. Un océano de impunidad rodea el atentando.
Jueves 10 de marzo de 2016
Este miércoles el mediodía Antonio Stiuso pasó por los tribunales. “Jaime” debía declarar sobre la causa AMIA que investiga la voladura de ese edificio, ocurrida hace ya más de dos décadas. Había sido convocado por los fiscales Roberto Salum, Leonardo Filippini y Sabrina Namer que, por decisión de Alejandra Gils Carbó, integran la UFI-AMIA después de la muerte de Alberto Nisman.
En este caso, “Jaime” no estuvo 17 horas, como había ocurrido cuando habló ante la jueza Palmaghini. Apenas 60 minutos le alcanzaron para decir lo que quería: no voy a hacer declaraciones.
El ex hombre fuerte de los servicios de inteligencia, que actuó bajo la dictadura y todos los gobiernos democráticos, se “excusó” de declarar bajo el argumento de estar acusado en otra causa, abierta por en su contra por el kirchnerismo. No podía entonces contestar preguntas como testigo bajo juramento, dado que esto implicaba la posibilidad de auto incriminarse.
Así Stiuso le agrega un gajo más a la enorme enredadera judicial que se teje alrededor del atentado a la AMIA y de la muerte de Alberto Nisman.
Todos encubridores
En enero de 2015, Nisman había señalado a Cristina Fernández, el canciller Héctor Timmerman, Andrés Larroque y Luis D’Elía como cómplices de encubrimiento del atentado de la AMIA, en base a la firma del Memorándum con Irán.
Semanas después de la muerte de Nisman, y pasando al contraataque, fue el gobierno quien acusó a Stiuso de desviar la investigación que, recordemos, había llevado a cabo por más de una década junto al fiscal fallecido, bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Esta es ahora la causa invocada por el ex espía para no declarar.
Recordemos que Stiuso sí pudo declarar ante la jueza Palmaghini y afirmar que Nisman fue asesinado por un grupo ligado al kirchnerismo, precisamente por la investigación sobre encubrimiento en la causa AMIA. Allí fue lo suficientemente “serio” para indicar que no tenía ninguna prueba de lo que afirmaba. Pero su “interpretación” alcanzó para que la jueza Palmaghini pidiera apartarse la causa y que la misma pase al fuero federal.
Urgencias y aprietes
Hace días se señalaba aquí que en la “Corpo” mediática solo se escuchaban gritos de furia por la recusación que Diego Lagormasino había hecho del pedido para que la causa pase al fuero federal. “Se perderán meses” era el reclamo de columnistas y conductores.
Pero la Justicia, en la era Cambiemos, parece que sabe “oír” los reclamos de la “sociedad civil” y entonces apuró el paso. La demora no se extenderá nada más que unos días. La Cámara del Crimen convocó a las partes para el próximo 18 de marzo. Será una audiencia previa y luego resolverá que ocurre con la causa.
El Tribunal en cuestión está integrado por Mario Filozof, Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich. El primero es su presidente. Según indicó el periodista Horacio Verbitsky el domingo pasado, “la posición de Filozof ya es conocida, porque anticipó su voto en encuentros con periodistas, a quienes les explicó las razones procesales que justificarían el cambio al fuero de excepción. En esos encuentros exhibió una copia de la declaración testimonial de Stiuso, un privilegio que Palmaghini no le confirió ni siquiera a la fiscal Viviana Fein”.
La “Justicia” se movió velozmente en aras de avanzar en una operación política que beneficia claramente al nuevo gobierno. La promesa de una “Justicia independiente” es, junto con el eslogan de Pobreza Cero, uno de los mayores desfalcos de la campaña electoral de Macri.
Fein (y Gils Carbó) en la mira
También ayer se conoció que la Cámara del Crimen designó al juez de instrucción Ernesto Botto y al fiscal Juan Necol como los responsables de investigar la supuesta omisión que la fiscal Viviana Fein habría hecho en la primera declaración del ex espía Antonio Stiuso.
En esa declaración, el espía había afirmado –según dijo luego a la jueza Palmaghini- que Nisman “fue asesinado”. Esto es lo que la fiscal no habría dejado asentado en el acta que, sin embargo, Stiuso firmó.
Los tiros contra Fein parecen dirigidos directamente contra la jefa de los fiscales, la Procuradora general Alejandra Gils Carbó, única funcionaria del “ala dura” del kirchnerismo que todavía el gobierno nacional no pudo remover.
Así parece confirmarlo el “análisis” de Eduardo Van der Kooy el domingo pasado, cuando escribe que “Fein no sólo tuvo la solidaridad de Palmaghini para su labor. Entre disimulos, también contó con la mano de Alejandra Gils Carbó. ¿Por qué aquellos disimulos? Porque la procuradora general nunca se había preocupado por reforzar el equipo de trabajo de la fiscal en un momento crítico como la muerte de Nisman. Fein también había desechado ofrecimientos formales. Varios fiscales que responden a Gils Carbó –sobre todo Carlos Gonella y Juan Pedro Zoni– defendieron a Fein cada vez que los defensores de la viuda de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, solicitaron su separación”.
Un mundo de encubrimiento
La excusa de Stiuso para declarar en el mediodía de ayer viene a sumarse al enorme entramado judicial existente alrededor del atentado a la AMIA y de la muerte de Alberto Nisman.
Por momentos, ese enorme embrollo judicial se torna incomprensible para la gran mayoría de la población. En ese marco, se opera política y mediáticamente para “crear” la noticia que permita golpear políticamente.
Esos enredos judiciales, políticos y mediáticos tienen, sin embargo, un trasfondo común: la absoluta falta de seriedad a la hora de investigar que ocurrió con el atentado de la AMIA en el que fallecieron 84 personas.
Jueces y fiscales, espías y fuerzas policiales, gobiernos y funcionarios. Todos ellos son parte de un ejército de “encubridores seriales” que han dejado caer y sostienen un manto de impunidad sobre ese atentado, desde hace más de 20 años.
Desde la izquierda y sectores de los familiares de las víctimas ha sido una constante el pedido de una investigación verdaderamente independiente de todos esos sectores. Solo así se podrá enfrentar ese manto de impunidad.
Eduardo Castilla
Nació en Alta Gracia, Córdoba, en 1976. Veinte años después se sumó a las filas del Partido de Trabajadores Socialistas, donde sigue acumulando millas desde ese entonces. Es periodista y desde 2015 reside en la Ciudad de Buenos Aires, donde hace las veces de editor general de La Izquierda Diario.