El secretario de Energía Eléctrica sostuvo que los usuarios residenciales del AMBA recibirán facturas con aumentos de hasta $ 430 mensuales desde febrero.
Jueves 15 de diciembre de 2016
Las tarifas "deben reflejar los costos económicos" afirmó ayer el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, tras señalar que los usuarios residenciales del servicio eléctrico en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirá desde febrero próximo facturas con aumentos de hasta 430 pesos mensuales.
Asimismo, se detalló que para un usuario residencial tìpico de 300 kilowats hora mensuales el aumento representará un monto del orden de los 130 pesos por mes, pasando de 360 pesos a 490 pesos mensualestendrá subas de hasta $ 130.
Durante la audiencia pública que se lleva a cabo en el porteño Teatro de la Ribera, Sruoga anticipó que el gobierno pondrá en marca un “plan gradual” de reducción de subsidios del sector que va a extenderse hasta el 2019. Según los cálculos presentados, el costo actual por megavatio hora sería cercano a $1.150, frente a facturas promedio de $ 350.
De este modo, los subsidios, que este año cubren el 70 % de la tarifa para los usuarios residenciales (que consumen menos de 300 kwh por mes), bajarán el año próximo a 51 %; disminuirán a 37 % en 2018; y quedarán limitados a 10 % en 2019.
Es decir, se pretende con la quita de subsidios priorizar la rentabilidad de las empresas que han facturado millones en los últimos años, a través de un incremento de tarifas que pagará en su mayoría el pueblo trabajador. Con los datos presentados por el secretario se puede calcular que la casi eliminación de subsidios implicará más que triplicar la tarifa actual eléctrica en dos años.
El gobierno dice oponerse a los cuantiosos subsidios que recibieron las empresas electricas durante el kirchnerismo. Sin embargo, no sólo no les exigió una rendición de cuentas del destino del dinero otorgado, sino que condonó recientemente una deuda de las empresas distribuidoras por más de $ 19.000 millones.
Por el contrario, al igual que en el resto de las jurisdicciones, el "plan" no contempla ningún tipo de tarifa especial para los trabajadores de las fábricas cooperativas de la zona que ven peligrar sus puestos de trabajo ante los grandes aumentos de tarifas de luz y de gas.
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"Los costos económicos de corto plazo resultan del uso eficiente del recurso disponible para abastecer la demanda, mientras a largo plazo incluyen la expansión de la capacidad de generación y transmisión, y para abastecer demanda de potencia y limitar los riesgos de fallo", agregó el funcionario.
Detalló luego que un 30 % de los usuarios residenciales metropolitanos consume hasta 150 kwh por mes y recibirá un aumento en febrero de 30 pesos; el 40% consume entre 150 y 300 kwh y tendrá subas de 110 pesos; el 25 %, con consumos de 300 a 600 kwh pagará 150 pesos más; y sólo el 5 %, que consume entre 600 y 1.200 kwh recibirá facturas con 430 pesos mensuales de incremento.
Para los grandes usuarios, en tanto, la "gradualidad" implicará recortes en los subsidios desde 28 % en 2016 a 19 % el año próximo, 10 % en 2018 y cero el año siguiente.
Sruoga precisó que las tarifas que pagan los usuarios representaron en el período 1993-2002 el 100% de los costos, "pero con la aplicación del subsidio generalizado la tarifa se situó por debajo del 20 % de los costos reales que tuvo la operación del Mercado Eléctrico Mayorista".
Esa proporción el año pasado descendió a 15 % pero subió a 30 % en 2016, precisó el secretario durante la audiencia que se desarrolla con la presencia del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.
A partir de febrero próximo, continuó Sruoga, el precio estacional económico "se va a determinar como promedio ponderado de distintos costos y precios del Mercado Eléctrico Mayorista, mediante mecanismos competitivos y transparentes".
Sruoga recordó que las tarifas tendrán una incidencia menor en el interior del país y se actualizarán en forma semestral, de acuerdo con la variación de los costos fijos y variables (operación y mantenimiento, combustibles, precios de importación) de las 300 unidades de generación que operan 50 empresas nacionales, provinciales y extranjeras.
El secretario justificó asimismo la quita de subsidios con supuestas inversiones para financiar mejoras. Así señaló que las facturas del servicio eléctrico incluyen impuestos nacionales y locales, al igual que fondos específicos como el que financia obras de transporte en alta tensión y distintas compensaciones regionales además del desarrollo de redes provinciales, y cuyo coeficiente de actualización trimestral no se aplica desde 2005. Así, mientras el gobierno escucha reclamos de las patronales para reducir la carga impositiva, a los consumidores les propone reducir subsidios e incrementar impuestos.
Sruoga recordó por último la vigencia de la tarifa social, que luego de la aplicación de los nuevos criterios para su acceso se amplió al 30 % de los hogares y a cuatro millones de usuarios en todo el país, mientras en algunos distritos representa más de la mitad de la demanda.
Pero los números concretos del impacto de la tarifa social nunca son dados a conocer, mientras la mayoría de los trabajadores reclama por la pérdida de poder adquisitivo dado que la inflación este año le ganó con ventaja a los salarios. Sea con subsidios o sea del bolsillo de los consumidores, lo que no se pone en discusión son los sendos negociados de las empresas eléctricas.
Ninguno de esos esquemas representa una solución para mejorar el servicio en interés del pueblo trabajador. La izquierda propone que el manejo de energía eléctrica es un servicio público y sólo siendo una empresa nacionalizada, gestionada por los trabajadores y los usuarios podrá brindar un servicio de calidad con bajas tarifas o gratuitos para los sectores más vulnerables.
