La acción la llevan adelante trabajadores de vigilancia en la Línea B. Denuncian despidos e irregularidades de las empresas, permitidas por funcionarios del gobierno de la Ciudad.
Miércoles 24 de febrero de 2016 05:20
Los trabajadores están en conflicto desde hace meses por 27 despidos discriminatorios, y hoy realizan una nueva medida de fuerza en el subte. Más tarde confluirán en la jornada nacional de protesta con otros sectores en lucha.
Exigen volver a sus puestos de trabajo y denuncian que los trabajadores son víctimas de un entramado de irregularidades entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las empresas que prestan el servicio de seguridad en el subte, Briefing, Comahue y Murata. Los voceros de los trabajadores indicaron que de por medio hay negocios millonarios con fondos que salen del presupuesto público.
Cabe recordar que estas empresas prestan un servicio público, y son contratadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la obligación de controlarlas pero no lo hace. El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el Subsecretario de Trabajo Ezequiel Jarvis y el ministro de Justicia del cual depende la Dirección de Seguridad privada, Martín Ocampo, así como sus antecesores en estos cargos, son los responsables directos.
En estas empresas se trabaja desde hace años jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas por salarios miserables violando el Convenio Colectivo que regula la actividad de seguridad en el subte, que establece, en un ámbito insalubre, la jornada laboral de 6 horas. Los trabajadores denuncian que, sin respetar el convenio, estas empresas les han robado en todos estos años 40 millones de pesos.
Como única respuesta al reclamo de que se cumpla el convenio, obtuvieron despidos y persecuciones.
¿Por qué las autoridades de la Ciudad permiten estas irregularidades y negociados en un servicio público que ellas mismas contratan?
En la CABA son siempre las mismas las empresas de vigilancia que ganan las licitaciones, y en diciembre pasado se les han vuelto a otorgar negocios por más de 4000 millones de pesos. Esto sucede a pesar de que ya en octubre de 2009 Mauricio Macri había recibido una auditoría de la Sindicatura General porteña que denunciaba "graves irregularidades” por parte de estas empresas, e incluso el 15 de abril del 2011 la publicación Miradas al Sur dio a conocer una nota donde denunciaba coimas que cada empresa de seguridad abonaba en concepto de “comisión” mensual para renovar sus contratos.
Cientos de personalidades apoyan el reclamo de los trabajadores. Diputados, legisladores, referentes de Derechos Humanos, dirigentes sindicales, abogados laboralistas, han firmado un petitorio exigiendo su reincorporación. También tienen el apoyo de la Asociación Gremial de los Trabajadores de Subte y Premetro.
Desde la medida de fuerza los trabajadores exigen a las autoridades de la ciudad que dejen de mirar para otro lado, que cesen las irregularidades con fondos públicos, y ser reincorporados en sus puestos de trabajo.
