VENEZUELA CONTINÚA LA CRISIS POLÍTICA. Suman 26 los muertos en las últimas semanas y la oposición prepara nuevas marchas

La Fiscalía informó este martes que un total de 26 personas han muerto por “distintas causas” durante las protestas de las últimas semanas, en el marco de la creciente tensión y movilizaciones convocadas por la oposición, a las que el gobierno también ha respondido con contramarchas y con el accionar represivo del Estado.

"Hasta el día de hoy por estos hechos violentos han perdido la vida 26 venezolanos, cuatro adolescentes y 22 adultos", dijo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en un balance ofrecido sobre los hechos registrados durante el último mes. Agregó que han resultado heridas 437 personas y 1.289 han sido detenidas durante la represión a las movilizaciones por parte del gobierno de Maduro, de los que 65 permanecen privados de libertad, y otros 217 deben presentarse este martes ante los tribunales. Del total de fallecidos, ocho de ellos murieron por "electrocución" durante un saqueo a una panadería de la barriada popular El Valle, al hacer contacto con agua y electricidad, agregó la fiscal.

En su declaración, la Fiscal General “exhortó” a los cuerpos de seguridad del Estado y al Poder Judicial a revisar la forma en que se llevan a cabo las detenciones para garantizar el debido proceso. En declaraciones a la prensa, Ortega Díaz remarcó que el debido proceso "es uno de los pocos derechos que no se puede suspender" y por el contrario "se debe garantizar" "incluso en los estados de excepción", como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen del gobierno de Maduro. También manifestó que en la detención de muchas personas el pasado miércoles 19 de abril se había violado el debido proceso, y que había hecho el pedido de libertad para esas personas.

Es clara la represión del gobierno de Maduro, siendo que las detenciones se han producido por el accionar de contingentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que también disparan gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes. De acuerdo al informe de la Fiscalía, el Ministerio Público ha abierto 26 investigaciones para determinar cada una de las causas de las muertes de estas personas, y que hasta el momento hay más de una docena de órdenes de capturas contra personas relacionadas con las muertes. Cínicamente el gobierno de Maduro busca no hacerse responsable de las personas asesinadas, escudándose en un supuesto de que el grueso de ellas no han caído producto directo de las balas de las fuerzas represivas, sino en circunstancias "poca claras", pero no hay forma de ocultar que el Estado es responsable.

Frente a la situación imperante sostenemos categóricamente el pleno derecho a manifestarse y marchar, así como también repudiamos las violentas represiones que lleva adelante el gobierno de Maduro y los recientes asesinatos en las manifestaciones, sean realizados directamente por la fuerza de la represión o por los grupos de choque que se organizan desde el chavismo, o incluso desde la oposición derechista, tal como pareciera ser el caso las muertes ocurridas este lunes en la ciudad de Mérida. De la misma manera repudiamos el Estado de excepción que rige en el país desde hace más de un año, que suspende toda una serie de garantías democráticas y otros derechos elementales, y la reciente aplicación del "Plan Zamora" para un mayor "control interno" de las Fuerzas Armadas y organismos de represión.

La fiscal general continuó declarando, a tono con el discurso del gobierno, su "más firme rechazo a la violencia como arma de acción política, la política no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del diálogo". Las declaraciones de la fiscal general son las primeras en persona que realiza desde que el pasado 31 de marzo afirmara que, a su juicio, se había roto el hilo constitucional en el país por dos sentencias del Supremo, que luego fueron suprimidas.

El gobierno de Maduro acusa a los partidos de la oposición derechista de buscar un golpe de Estado en su contra, con ayuda de Estados Unidos. Escudado en ese discurso, Maduro justifica la violenta represión contra las manifestaciones y el estado de excepción permanente. La oposición por su parte sostiene que el gobierno es el que ha dado un golpe contra la Asamblea Nacional.

La dirigencia de la oposición, aglutinada en la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha dicho que seguirán en las calles hasta que se cumplan todas sus exigencias, y para este miércoles prepara una nueva manifestación hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, para presionar al defensor del pueblo, para que se pronuncie por la destitución de los magistrados del TSJ que habían aprobado las sentencias 155 y 156 (contra la Asamblea Nacional). Pero el objetivo claro es acelerar la caída de Maduro, y asumir ellos las riendas del gobierno y del Estado, o forzar una salida negociada funcional a los intereses tanto de la MUD como del gobierno.

El gobierno de Maduro viene siendo sustentado por las Fuerzas Armadas en un acelerado proceso de bonapartización, y ha venido aplicando una serie de ajustes en medio de una de las más severas crisis económicas que golpea centralmente al pueblo trabajador y pobre. La oposición, que ya ha dejado claro que de llegar al gobierno también aplicará medidas de ajuste, habla sobre democracia en total clave demagógica pues al mismo tiempo que habla de “elecciones generales” hace llamados a las Fuerzas Armadas para que intervengan, que no es otra cosa que exigir también una salida militar, y ya tiene en su historial el golpe del 2002.

Por eso es claro que en la actual disputa entre el gobierno y la oposición derechista las demandas fundamentales de los trabajadores y los sectores populares, que sufren la crisis, no solo están lejos de estar representadas, sino que son utilizados como carne de cañón en la actual crisis imperante.

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