Inició ayer el segundo juicio contra Sala. Luego de la primera audiencia, se suspendió a pedido de la defensa.
Viernes 23 de diciembre de 2016 20:14
Ayer se realizó la primera audiencia del juicio contravencional a la dirigente social y diputada del Parlasur por el FpV, Milagro Sala. Se debe al acampe realizado por la Red de Organizaciones Sociales, entre diciembre del 2015 y febrero de este año.
Se acusa a Sala de "instigación a cometer delitos" y "tumultos en la vía pública", causa por la cual fue detenida el 16 de enero. El juicio fue suspendido a pedido de la defensa.
Durante la primera audiencia se desarrolló un importante operativo policial, que restringió el ingreso de personas a la sala del Juzgado Contravencional, ubicado en Avenida Fascio de San Salvador, y cuyo juez a cargo es Matías Ustarez Carrillo. Tres testigos propuestos por la defensa dieron su testimonio: José Del Frari, Secretario Adjunto de ADIUNJu, Fernando Acosta, Secretario del interior de la CTA Autónoma y Anabel Yacianci de ATE Jujuy.
Este juicio se da mientras Sala cumple casi un año detenida de manera ilegal y arbitraria, como esgrimió la ONU y otros organismos internacionales, y cuya detención fue producto de esta causa, a la que se le fue sumando imputaciones por otras causas, para mantenerla en prisión preventiva, como la megacausa por "fraude a la administración pública y asociación ilícita", y extorsión, que incluye la de "Pibes Villeros" en la que recientemente Fiscalía N°1 pidió elevación a juicio oral.
La audiencia se realizó un día después del escandaloso juicio a Milagro Sala por la causa de los "huevazos" en la que el principal testigo incurrió en falso testimonio, lo que desnuda el accionar del régimen policíaco de Gerardo Morales y la Justicia jujeña que pretenden disciplinar a los trabajadores y sectores populares y criminalizar la protesta.
Recodemos que el Código Contravencional fue aprobado por legisladores del PJ y la UCR, en la legislatura jujeña en diciembre del 2014, y comenzó a aplicarse a partir de enero de este año, durante el Gobierno actual del radical Gerardo Morales y el massista Carlos Haquìm. Con el mismo no solo se criminaliza la protesta, como sucedió también con los obreros y dirigentes sindicales del SOEAIL, que en el marco de un conflicto salarial con la patronal de Ledesma, fueron salvajemente reprimidos, sino también que hostiga, persigue y reprime a jóvenes y sectores populares.
