Esta semana, distintos organos gubernamentales determinaron la suspensión provisional de sembrar soya y maíz, contra monopolios de la agroindustria.
Sábado 7 de noviembre de 2015
Benjamín Soto Sánchez, titular del Segundo Tribunal Unitario en materia Civil y Administrativa del Primer Circuito, determinó el pasado 3 de noviembre la suspensión provisional de los permisos de siembra o liberación al ambiente de maíz transgénico en todo el país. Dos días más tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la suspensión de soya transgénica a Monsanto.
Esta decisión se integra al procedimiento de apelación que la alianza de ciudadanos inició luego de que el pasado 19 de Agosto el Juez Federal Francisco Peñaloza Heras había negado la suspensión definitiva y dos días después volvió a suspender provisionalmente debido a la impugnación ciudadana.
Las agroindustrias trasnacionales (Monsanto, Syngenta, Pioneer, Dow AgroSciences y Bayer CropScience), avaladas por el gobierno nacional, han intentado desde hace años, entrar libremente al territorio mexicano.
Dichos procedimientos, que han sido resueltos en medio de una profunda presión social a nivel nacional e internacional, demuestran que las instituciones federales y las empresas trasnacionales comparten intereses que nada tienen que ver con preservar la biodiversidad, la riqueza cultural y la seguridad alimentaria, así como garantizar el derecho de los campesinos pobres a un ambiente sano.
La situación legal en el tema del uso de semillas transgénicas en el campo mexicano evidencian la presión que ejercen las agroindustrias trasnacionales que avaladas por las políticas imperialistas dictadas desde Estados Unidos, como el TLC, subordinan más al campo a los intereses de los capitalistas sin detenerse por el impacto ambiental, social y cultural que representa su uso.
Los Apicultores de Yucatán luchan contra Monsanto
Los apicultores están preocupados porque la siembra de soya genéticamente modificada y la utilización de glifosato (herbicida usado por Monsanto) conlleva un riesgo de resistencia de malezas y un riesgo en la polinización.
Además, los permisos que se han otorgado para cultivar organismos genéticamente modificados en áreas que no son agrícolas, han generado graves procesos de deforestación y esa pérdida de árboles dificulta el control sobre las abejas y éstas a su vez presentan desorientación.
Temas como preservar la biodiversidad, los daños a la salud y al ambiente, no están en la agenda del gobierno federal y las agroindustrias trasnacionales que buscan aumentar sus ganancias usando a las instituciones y sus leyes desconociendo los derechos de los pueblos originarios, los campesinos productores y la cultura alimentaria nacional.
Si bien es un avance importante – resultado de las protestas y movilizaciones efectuadas- que legalmente se exija a Monsanto suspender la siembra de soya y maíz transgénico en ese territorio, no hay que perder de vista que previamente, en 2012, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) concedió permisos a MONSANTO para cultivar en territorio mexicano. A la par, la Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) también otorgó permisos para la siembra de soya transgénica en la región de la península de Yucatán.
Tanto SAGARPA como SEMARNAT pertenecen a la estructura del régimen de la alternancia, bajo el actual gobierno de Enrique Peña Nieto le han dado entrada a monopolios de los agro-negocios y permiten el saqueo de los recursos naturales, el despojo a pueblos originarios, la pérdida de soberanía alimentaria y la subordinación de México al imperialismo estadounidense.
Es importante reconocer que el dictamen tiene un carácter parcial, pues la suspensión del cultivo de maíz y soya es provisional y se realizó solo para los apicultores amparados. Ante los constantes intentos legales e ilegales de monopolizar el campo mexicano, se debe exigir la salida total y permanente de monopolios como Monsanto. Y la única garantía de lograr eso no pasa por confiar en la acción de la justicia, que está al servicio de las empresas, es mediante la movilización independiente.
Esto significa una gran lucha para los campesinos e indígenas pobres que tienen que enfrentarse a la infinidad de trabas legales que les impone el Estado: se enfrentan a un proceso legal muy largo contra uno de los monopolios más ricos de todo el planeta, quien tiene a su servicio toda la maquinaria legal y el respaldo de la ley de bioseguridad acomodada a los intereses de los capitalistas:
Al respecto, el director jurídico de Monsanto, Rodrigo Ojeda precisó, “nosotros seguimos el procedimiento establecido en la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados (…). Llevamos dos-tres años con esos permisos comercializando el producto a los agricultores de la zona. No hay nada en este momento que evite que Monsanto pueda seguir comercializando este producto”.
Puesto que la lucha y la expulsión de las grandes agroindustrias implica una ruptura con las políticas imperialistas que atan al campo (como el Tratado de Libre Comercio y ahora el Acuerdo Transpacífico), devastan el ambiente, destruyen las costumbres y tradiciones de comunidades enteras, vulneran y eliminan fuentes de trabajo de los campesinos pobres cuyos cultivos son contaminados, se hace urgente la alianza entre sectores en lucha de la clase trabajadora que luchen por las demandas del campesinado pobre y del pueblo trabajador.
En ese sentido, es urgente que se desarrolle un gran movimiento, con independencia de clase, que exija la salida total y permanente de Monsanto de los campos de México.
