Política. Tarifazo: el doble juego del peronismo frente a la crisis de Cambiemos

“Hay un presupuesto votado y ese margen no lo podemos correr” dijo el jefe de Gabinete a modo de advertencia. La frase no hacía referencia al nuevo récord alcanzado por el dólar ($ 23,30, a pesar que el Presupuesto aprobado en diciembre de 2017 lo situaba en un promedio de $ 19,30) ni al aumento imparable de la inflación, que ya lleva acumulado el 6,7 % y superará con creces la meta oficial.

“No se puede avalar un proyecto que le va a costar al Estado $100.000 millones por año” continuó Peña, en referencia al dictamen de Diputados contra los aumentos de tarifas. “La mayoría de los gobernadores sabe que eso es así. La gente no come vidrio, sabe que estamos haciendo un camino duro. Venimos trabajando muy bien con gobernadores de la oposición, Schiaretti, Manzur, Urtubey, que han tenido una actitud muy responsable. Si sus diputados avanzaran en algo así, nos sorprendería mucho. Seguimos haciendo un llamamiento a ellos”. La frase dedicada a los mandatarios provinciales fue finalmente acompañada por el título más importante que dejara sobre el tema: “El dictamen (opositor) lo consideramos absolutamente inviable, una gran irresponsabilidad, y si sale así, seguramente va a ser vetado”

Sus palabras fueron una confesión abierta del plan oficial diseñado en la reunión de coordinación en Olivos: presionar a los gobernadores para evitar la sanción de un proyecto que congele el tarifazo, y agitar el fantasma del veto presidencial en caso de no conseguirlo (cuestión que sin duda le traería un elevado costo político). El “republicanismo”, te lo debo.

Bancando este proyecto

Tras el mensaje presidencial emitido desde Vaca Muerta el 23 de abril, los primeros en responderle fueron María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta reduciendo impuestos provinciales. Pero más tarde también se acoplaron a esta medida los peronistas Sergio Uñac (San Juan) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Ante una nueva presión del oficialismo, los primeros en acusar recibo en este caso fueron los gobernadores que mejor relación mantienen con el Ejecutivo. Como ya es costumbre, el cordobés Juan Schiaretti fue el primero en congraciarse. El gobernador, presente hace semanas en la reunión del “peronismo federal” junto a Pichetto y Pablo Kossiner, fue contundente al afirmar que “la fijación de las tarifas de generación de energía eléctrica y de gas natural es responsabilidad exclusiva del Gobierno nacional. Los peronistas no cogobernamos, por lo tanto no corresponde que sancionemos ninguna ley en relación al tema de las tarifas en el Congreso de la Nación”. También anunció, como pidió el Gobierno, que eliminará el cobro de Ingresos Brutos que gravan las boletas de la tarifa social de luz y gas

Acto seguido, el titular del Ejecutivo de Salta, Juan Manuel Urtubey, sostuvo que “es un disparate total pretender congelar o retrotraer las tarifas” aunque también se mostró contrario a una rebaja en el IVA como solución posible: “El problema es moderar los aumentos, porque si no seguimos desfinanciando al Estado”.

Pero también aparecieron el mandatario entrerriano Gustavo Bordet y el “renovador” Passalacqua, de Misiones. Mientras Bordet dijo que “el Congreso nacional no es el ámbito de definición de la política tarifaria energética, sino que es responsabilidad del Gobierno nacional”, Passalacqua aclaró que “como espacio opositor a la Nación y, coherentes con esa línea, no avalamos la sanción de alguna ley que signifique un perjuicio al Presupuesto que ya fue sancionado oportunamente”.

La referencia negativa a una posible reducción del IVA que hizo Urtubey también la repitió Passalacqua, ya que obedece a la recaudación de impositiva de las provincias: una cuestión que ninguno de los mandatarios se muestra dispuesto a resignar. Por esta misma razón, en las últimas horas del jueves los autores del texto negociaban retoques en pos de una rebaja más gradual del impuesto.

Jugando a dos puntas

El proyecto que se debatirá el próximo miércoles en el recinto es impulsado por el Frente Renovador y por el interbloque Argentina Federal, donde los gobernadores mantienen una clara ascendencia. Sin embargo, la presión del gobierno por ahora no parece frenar la iniciativa en el peronismo y los diputados avanzan en lo que podría llegar a ser una dura derrota parlamentaria para Cambiemos.

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En la reunión del miércoles se pudo ver un discurso endurecido por parte de referentes del peronismo que impulsan el proyecto como Diego Bossio y Graciela Camaño, quienes hasta fueron muy críticos de las cámaras patronales que tan sólo 24 horas antes habían respaldado el tarifazo, queriendo mostrarse como ferreos opositores cuando han sido aliados fundamentales en el Congreso Nacional hasta pocos meses atrás.

En el oficialismo perciben esa situación y ven con preocupación la postura de los gobernadores, que a pesar de sus declaraciones públicas no frenan el proyecto impulsado por sus legisladores. “Tienen un discurso para la Casa Rosada, otro para el PJ y otro distintos para sus provincias”, afirman en los pasillos.

La afirmación guarda parte de verdad. Los gobernadores dependen de la caja que maneja Rogelio Frigerio, lo que ha hecho que en muchas oportunidades sean los principales aliados para implementar las políticas de ajuste, como el saqueo a los jubilados a través de la reforma previsional por sólo nombrar un caso. Pero al mismo tiempo mantienen cierta distancia que les permite aprovechar momentos como este, donde perciben la situación de profundo malestar social y hasta disgregación de la propia base oficialista, en lo que es sin dudas el peor momento del macrismo desde diciembre del año pasado.

Una salida de fondo

El peronismo en sus distintas alas pretende capitalizar ese malhumor social profundizando el desgaste del Gobierno, para llegar con mejores chances a las elecciones del año que viene. Pero de ninguna manera se ha propuesto enfrentar seriamente los ataques y el ajuste macrista, e incluso en las provincias donde gobierna es el responsable de su aplicación.

En ese frío cálculo priman las especulaciones, mientras corren los números de la baja del Gobierno en las encuestas y avanzan en sus propias negociaciones para consolidar un proyecto político que hasta hoy busca partera.

Mientras el mundo de la realpolitik se debate en como ir a fondo con las políticas de ajuste que reclama el gran capital y cómo explotar de manera oportunista el descontento social que ellas generan, por lo bajo crece la bronca por este saqueo. En una reciente encuesta difundida por la consultora Tendencias, sobre 2.500 casos relevados en la Provincia de Buenos Aires el 58,9 % de los consultados opina que es el Estado quien debe gestionar los servicios de gas, energía y agua, con un mayor control de los usuarios, trabajadores y organizaciones civiles.

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Los datos contrastan la realidad de millones con las aspiraciones de los políticos de los partidos tradicionales. En la discusión por el tarifazo, lo que nadie plantea, a excepción del Frente de Izquierda, es el cuestionamiento a las privatizadas que desde los 90 hasta hoy se han llenado los bolsillo a costa de un servicio absolutamente deficiente, donde no realizan ningún tipo de inversión y donde obtienen ganancias exorbitantes.

La política de tarifazos del macrismo o los subsidios millonarios del gobierno anterior mantuvieron intocable esta situación. Pero la realidad es que la lógica de lucro y la sed de ganancias de las empresas prestadoras de los servicios es incompatible con un servicio barato, eficiente y de calidad. La única salida de fondo para esta crisis radica en la necesaria renacionalización sin pago de las privatizadas, bajo gestión de sus trabajadores y con el control de los usuarios populares. Una perspectiva que no entra en el juego de las distintas variantes del peronismo, que especulan con capitalizar electoralmente el descontento social sin atacar esta crisis de raíz.