Más subas en favor de los negocios de las privatizadas. Mientras tanto los alimentos subieron casi un 5 % en enero. Hay que enfrentar al FMI que exige más tarifazos.
Miércoles 16 de febrero de 2022 09:53
Foto: Télam
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso un aumento promedio del 26,4 % en las tarifas de peaje de cuatro concesionarios, entre los que se destacan los nuevos valores en las estaciones de los accesos Norte (Panamericana) y Oeste y en la autopista Riccheri, que conecta al distrito porteño con el aeropuerto de Ezeiza.
Los incrementos se formalizaron a través de tres resoluciones publicadas este martes en el Boletín Oficial.
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En la autopista Riccheri pasará a ser de $ 20 para la categoría 1 (motos) con pago manual y de $ 15 con pago automático en horario no pico y de $ 40 y $ 36 en horario pico, respectivamente.
Para la categoría 2 (autos de dos ejes de una altura menor a 2,10 metros), las tarifas se elevan a $ 60 en horario no pico con pago manual y $ 45 con pago automático, en tanto en horario pico pasarán a ser, respectivamente, de $ 80 y $ 72.
En todas las estaciones de peaje del Acceso Oeste, para las motos la tarifa sube a $ 40 en horario no pico con pago manual y a $ 34 con pago automático, valores que en horario pico suben a $ 50 y $ 47,50, respectivamente.
Para los autos de menor porte, en horas no pico la tarifa pasa a ser de $ 80 con pago manual y $ 68 con pago automático, en tanto en horas pico serán, respectivamente, de $ 100 y $ 95.
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En el caso de la Panamericana, en los peajes Debenedetti y Márquez, las motos pagarán $ 40 en la modalidad manual y $ 38 en la automática en hora no pico, con un descuento mayor en la hora pico para esta última opción ($ 36).
Para los autos las tarifas serán de $ 80 y $ 76 según la forma de pago en hora no pico y de $ 80 y $ 68 en horario pico.
El 2022 arrancó áspero
Este nuevo aumento se oficializó el mismo día que el Indec difundió los datos de inflación de enero. El índice de precios al consumidor (IPC) subió un 3,9 %. El rubro que más subió fueron los alimentos: casi un 5 %. Esto carcome el poder adquisitivo del salario. El costo de vida en el primer mes del año se hizo aún más difícil de afrontar para millones de familias trabajadoras, sobre todo las más pobres, que gastan mayormente en comida.
Es sabido además que cuando suben los peajes y el combustible, las alimenticias y supermercados aumentan a la vez los precios para descargar en los bolsillos populares el aumento del costo de la logística.
En los considerandos publicados en el Boletín Oficial, Vialidad indicó que los aumentos se resolvieron porque hubo "una variación significativa de los precios de ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las concesiones".
¿Subir tarifas para cuidar la calidad del servicio?
El Frente de Todos justifica el ajuste con el argumento de que en 2021 la tarifa permaneció debajo de la inflación: "el porcentaje de aumento no superó el 9,7 %, siendo este inferior a la variación del índice de precios (IPC) acumulada hasta octubre de 2021, incluyendo la actualización tarifaria realizada en julio de dicho año", detalla.
"En caso de no equilibrarse con ajustes de la tarifa", sostiene Vialidad, el aumento de precios podría "impactar en la calidad de las prestaciones que realizan las empresas concesionarias".
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Los aumentos benefician a las empresas concesionarias Autopistas del Sol (Acceso Norte) y Grupo Concesionario del Oeste (Acceso Oeste), Corredores Viales (diez tramos de diferentes rutas y autopistas, entre ellas la Riccheri) y al tramo 18 de Caminos del Río Uruguay (Rosario-Victoria y Zárate-Paso de los Libres).
Es el segundo tarifazo que les concede el Gobierno. Vialidad recordó que la última actualización había sido en marzo de 2019, “ya que entre el 20 de marzo de 2020 y el 18 de mayo de 2021, el cobro de peaje fue suspendido como parte de las medidas contra la pandemia de Covid-19".
Un año antes de la pandemia y no tan lejos de las promesas de campaña, con el aumento de 2019, el Frente de Todos ya había convalidado los tarifazos y la estafa macrista en el peaje.
En 2019 el Poder Judicial comenzó a investigar al “Club del Peaje”. Los acuerdos entre el gobierno de Macri y la concesionaria Autopistas del Sol le habrían significado a esta empresa una ganancia de 499 millones de dólares. El Grupo Concesionario del Oeste, se había quedado con 245 millones de dólares del Estado. “Ante la primera medida del fiscal, quedaron imputados el presidente Mauricio Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel”, informaba este diario. Eran acusados por defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
En septiembre de 2020 la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la inhibición de bienes de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario Oeste y Albertis Infraestructuras S.A. La estafa se habría dado al prorrogar los contratos de concesión a pesar de que las firmas Ausol y Grupo Concesionario Oeste no habían cumplido con sus obligaciones.
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Además, se investigaba si AuSol había inventado una demanda ante el tribunal internacional CIADI por presuntas deudas por atrasos tarifarios, que reclamó pocos días antes de que Macri asumiera la Presidencia. Así sintetizó recientemente esta historia el diario Página/12:
"Es una causa sobre un negociado del gobierno de Macri para beneficiar Autopistas del Sol, de la que los Macri tenían el 7 %. El Estado les pagó 499 millones de dólares por un supuesto retraso tarifario y renegociaron el contrato hasta 2030 sin licitación. Sus acciones, que valían 4 pesos en 2015 llegaron a 75,50 después de un aumento de los peajes del 270 %. Ahí SOCMA —eje del grupo— vendió su parte a 20 millones de dólares a una empresa sin antecedentes en el rubro. El exjuez ya jubilado Rodolfo Canicoba Corral calculó un fraude al Estado de 746 millones de dólares y dictó procesamientos y la Cámara (Bruglia y Martín Irurzun) los anuló. Los beneficiarios: Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frías y Javier Iguacel. La jueza María Eugenia Capuchetti dictó faltas de mérito y ordenó una pericia. Hoy el juez es Daniel Rafecas".
Algunas promesas sí las cumplen
El gobierno porteño de Rodríguez Larreta había anunciado tarifazos en el peaje en noviembre. Este 11 de febrero difundió los nuevos valores con un incremento promedio del 45 %.
En diciembre de 2021 el Gobierno nacional ya había anunciado que subiría los peajes.
Ahora busca darle legitimidad a la medida con el argumento de que fue aprobada “tras la celebración de una consulta ciudadana, que se desarrolló de manera online entre el 22 de diciembre de 2021 y el 17 de enero de 2022”.
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Según ya ha denunciado este diario, estas “consultas” o audiencias públicas previas a los tarifazos son una formalidad, porque no son vinculantes. Los gobiernos terminan tomando las medidas de manera totalmente unilateral. Hacen caso omiso a lo que dicen las mayorías.
Un ejemplo es la audiencia pública por la venta de terrenos sobre el río en Costa Salguero, en la ciudad de Buenos Aires. Similar situación se da en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, donde en la audiencia pública fue claro el rechazo de la comunidad al avance de las petroleras offshore en la costa Atlántica.
Las políticas tomadas por el Gobierno van a contramano de toda necesidad o reclamo popular. Un ajuste vía tarifas es parte de las medidas que pide desde hace tiempo el FMI, al igual que el impulso de actividades extractivistas como la exploración petrolera. Todo esto, para juntar dólares que serán destinados a pagar la deuda ilegal con el organismo.
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El Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza que plantea que hay que terminar con este saqueo mediante el desconocimiento soberano de la deuda externa. Para eso llama a organizarse, para pelear en las calles. Ya impulsó dos marchas multitudinarias junto a cientos de organizaciones a Plaza de Mayo en contra del pacto con el FMI. Esta medida fundamental, debería ir acompañada de otras como la renacionalización de los servicios públicos, para terminar con el negocio de las privatizaciones heredadas del menemismo y ponerlos a funcionar bajo el control de trabajadores y usuarios, en función de las necesidades populares y en armonía con el ambiente.
