Jujuy. Telecom y el estado tuvieron que dar explicaciones a una comunidad indígena por la obra de red de fibra óptica

La audiencia fue el viernes 09/08 en el salón comunitario en El Angosto El Perchel donde participaron integrantes de la comunidad y el abogado de la misma, Franco Aguilar, el responsable de Obra de la empresa Telecom/Cablevisión, Eduardo Luc, funcionarios del ministerio de Ambiente,de Fiscalía del Estado, la secretaría de Pueblos Indígenas, de la Unidad de Gestión de Cultura y Turismo, como Pablo Bergese, Alejandra Liquín, Inés Pemberton, entre otros. También estuvieron presentes veedores que fueron invitados por la comunidad, como diversos integrantes de las comunidades indígenas de Molulo, Casillas, Vallazo, referentes de derechos humanos como Paula Alvarez Carreras, y en mi caso, como diputada del Frente de Izquierda, integrante de la comisión de Pueblos Indígenas y DDHH, entre otros.

Esta instancia se da luego de las denuncias realizadas por la comunidad, luego de que la empresa ingresara el 12 de marzo a la comunidad para realizar obras de extensión de la red de fibra óptica con maquinaria, sin consentimiento previo, libre e informado. La destrucción lugares por donde pasan canales de riego ancestrales, de siembra de almácigos, tala de churquis, y el accionar policial presente, que resguardo el accionar de la empresa y detuvo a mujeres que objetaron la irrupción en sus tierras, fueron parte de la denuncia y del amparo presentado. El juez que dió lugar al mismo y que falló a favor ordenaró a la empresa y al estado provinicial una nueva instancia de participación con la comunidad donde se brinde explicaciones sobre: la traza de la fibra óptica, maquinaria que será utilizada para la implementación del trabajo, medidas de mitigación a implementar, y fechas y horarios de realización del trabajo.

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“Con el fallo a favor damos inicio al proceso de consulta, previa, libre e informada como establece el Convenio 169 de la OIT”

Así lo planteó uno de los referentes de la comunidad del Angosto El Perchel, Raúl Sajama, quien ofició de coordinador de la reunión, algo generó discusiones y contraposiciones durante toda la audiencia, ya que empresa, estado y gobierno pretendían imponerse de manera prepotente, hacer de la reunión una instancia formal dejando atrás lo sucedido en marzo, y cerrar la misma con promesas vanas.

“Que quede claro que luego de las proyecciones, informes por parte de los funcionarios presentes y técnico de la empresa Telecom, la comunidad se reunirá sin la participación de la empresa, estado y gobierno, y definiremos qué hacer y si damos el consentimiento”, afirmó Raúl al inicio de la reunión. También reafirmó que para ellos la audiencia, producto del fallo judicial a favor por el amparo genérico presentado contra la empresa Telecom S.A. y el Estado, es el inicio del procedimiento establecido por el Convenio 169 de la OIT y tratados de derechos indígenas y no una instancia en sí misma.

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La obra de Telecom y el estudio de impacto ambiental flojita de papeles

Tomando el planteo de la comunidad, el fallo del juzgado ambiental, no consideró suficiente el estudio de impacto ambiental, los procesos y etapas que se llevaron adelante, y sostuvo que la empresa no respetó el plan presentado ante el ministerio de Ambiente de la provincia. A contramano de lo que planteó el abogado de Telecom Agustín Pfister, la obra generó daños en lugares de uso y producción de la comunidad y se apartó de la traza presentada. Siendo la región Paisaje Protegido a la Quebrada de Humahuaca, el Estado tampoco cumplió mediante la participación del ministerio de Cultura y Turismo.

Durante la audiencia con la comunidad, el responsable del estudio de impacto ambiental, Pablo Bergese, concurrió sin el estudio de impacto ambiental completo impreso para poner en conocimiento a todos los presentes, y solamente afirmó que el impacto es bajo. La funcionaria de Cultura y Turismo, Inés Pemberton fue cuestionada por no haber realizado previamente ninguna acción que permita evitar daños en restos arqueológicos, y el funcionario de Ambiente por haber realizado un estudio de impacto ambiental sin que la comunidad indígena tenga conocimiento. La secretaria de Pueblos Indígenas, Alejandra Liquin solamente intervino, de manera escandalosa, para desestimar el fallo a favor de la comunidad indígena, objetando que la obra se realiza en la zona correspondiente a vialidad, cuando el mismo fallo reconoce lo contrario.

Eduardo Luc, de Telecom, realizó un informe sobre la obra de extensión de la red de fibra óptica y prometió todo lo que la empresa en la práctica no había cumplido, un trazado con participación de la comunidad para que no dañasen árboles, ni plantas de gran porte, planteando la inspección periódica de la obra de personal idóneo del ministerio de Cultura, para que pueda estudiar el suelo y detectar restos arqueológicos. Fue cuestionado por varios presentes por la traza inconsulta, y que incluso fue realizada de manera distinta al plano de obra que se había presentado ante el Estado.

Natividad, una de las mujeres que fue detenida por la policía por cuestionar los destrozos en sus tierras, afirmó “la empresa realizó daños en mi casa. Es una mentira que usted esté prometiendo internet y después no cumplan, cuando la red pasa por la comunidad…” Liliana, otra de las mujeres detenidas, afirmó que el terraplen de la comunidad fue afectado, y que podría generar daños posteriores en la comunidad. Hubo interrogantes que los mismos funcionarios desestimaron y callaron, pero que la comunidad insistió en que se tiene que dar explicaciones como si hay vinculación de la obra de extensión de la red de fibra óptica y la antena repetidora que se encuentra en la comunidad. También si generan perjuicios y daños a la salud, como lo afirmó Haydee y su hija, quien tiene deformaciones en sus dedos.

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Sin información no hay consentimiento

Lo afirmaron los integrantes de la comunidad, que finalizando la reunión expresaron ante el veedor de la justicia que estuvo presente que se “deje constancia que la comunidad indígena no ha tenido toda la información necesaria para dar continuidad al proceso informativo y que no hay consentimiento”.

Luego de varias discusiones, se llegó a un acuerdo con la empresa Telecom y los funcionarios del estado, de continuar la instancia el miércoles 21 de agosto. También el recorrido del trazado con técnicos de la empresa e integrantes de la comunidad, y que desde el ministerio de ambiente se acerque impreso el estudio de impacto ambiental. Desde Unidad de Gestión, del ministerio de Cultura, se asumió el compromiso de proceder de acuerdo al protocolo de rescate, y la comunidad propuso la participación de un arqueólogo para realizar el seguimiento.

Desde el Frente de Izquierda, seguimos poniendo a disposición las bancas para fortalecer la lucha de las comunidades indígenas en defensa de sus derechos, como es el derecho al consentimiento, previo, libre e informado, contra los atropellos de las multinacionales y empresas, como Telecom, pero también por parte del mismo estado y sus instituciones. Este primer paso adelante, es un importante antecedente para los pueblos originarios de la provincia y del país que se enfrentan a multinacionales mineras y al estado en defensa de sus derechos. La solidaridad de otras comunidades indígenas, de trabajadores de Telecom, de organizaciones sociales y políticas, muestra el camino para fortalecer estas peleas, que se profundizarán con las políticas de saqueo y extractivismo, del negocio inmobiliario, y de las comunicaciones, que se llevan adelante.