Jueves 3 de diciembre de 2015 15:58
Entre el lunes y miércoles pasado, se realizó el juicio oral y público por usurpación en la localidad neuquina de Villa La Angostura a Sofía Antriao y Hugo Montes. Mañana viernes se conocerá la sentencia.
Sofía pertenece a la comunidad mapuche Paicil Antriao. El matrimonio tenía la concesión del camping que funcionaba en uno de los lagos de la localidad. La municipalidad alega que esos terrenos pertenecen al municipio, pero son parte del territorio ancestral reclamado por la comunidad mapuche y entran en el relevamiento territorial que se está llevando a cabo.
La causa se originó en 2012 cuando el intendente Roberto Cacault del MPN radicó una denuncia por usurpación, alegando que el matrimonio no habría entregado el lugar luego de terminada la concesión. La concesión de Hugo Montes y Sofía Antriao finalizó en octubre de 2011 y desde entonces fue la comunidad la que continuó en el lugar, ya que el camping se encuentra dentro del terreno comunitario. La denuncia por usurpación se realizó en diciembre de 2012, es decir, un año después.
En mayo pasado Antriao y Montes fueron sobreseídos de culpa y cargo por el juez Mariano Etcheto. El juez desestimó la presentación de la fiscalía y la querella alegando, entre otras cosas, que el delito por el que se los imputaba no encuadra en el tipo penal y señaló que de haber existido despojo, se debería haber producido cuando venció la concesión en 2011 y no en 2012 cuando se radicó la denuncia.
El fiscal Adrian de Lillo apeló el fallo dictado y el Tribunal de Impugnación resolvió revocar el sobreseimiento. De esta manera el expediente continuó su curso y el pasado 2 de noviembre el juez Pablo Tommasi hizo lugar a la acusación que impulsó el fiscal.
El pasado lunes comenzó el juicio al matrimonio, que tuvo un comienzo sorpresivo cuando en un giro inesperado el fiscal solicitó el sobreseimiento de Sofía Antriao, luego de estar durante 3 años imputada en la causa, manteniendo la acusación solamente sobre Hugo Montes. El juez Federico Sommer dará a conocer la sentencia mañana viernes.
A través del juzgamiento de algunos de sus miembros, el juicio pretende probar que la comunidad no tiene derechos sobre el lugar, expulsarla de las tierras que habitaron históricamente y así deslegitimar los reclamos territoriales que están realizando. Hugo Montes, uno de los acusados, aseguró a un diario local que el municipio no es propietario del camping Correntoso y que “lo único que tienen es un decreto de un gobernador”.
Por otro lado el juicio se produce en medio del relevamiento territorial establecido por la Ley 26.160, que indica que debe suspenderse la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas hasta tanto el relevamiento esté finalizado en todo el territorio nacional.
El reclamo de la comunidad mapuche en Villa La Angostura es de 200 hectáreas aproximadamente de las 625 que el gobierno nacional les otorgó en 1902 (30 años antes de la fundación del pueblo). La localidad se fundó y asentó sobre esos territorios que fueron arrebatados a las familias mapuches a través de diversos mecanismos, muchos de ellos fraudulentos. Las hectáreas que reclaman son aquellas que no están ocupadas, pero que se ubican sobre la ladera del cerro Belvedere, un sector con vistas y paisajes soñados en una de las localidades más exclusivas de la provincia y la Patagonia, lo cual atrae grandes negocios inmobiliarios. Y la comunidad mapuche es la única traba para estos negocios.
Los intereses inmobiliarios sumados a una importante cuota de racismo se expresaron en marzo pasado cuando se realizó en la localidad una marcha “antimapuche” encabezada por el intendente saliente Roberto Cacault -que impulsó el juicio que comienza mañana-, donde se acusaba a los mapuches de atentar contra la propiedad privada.
Los desalojos en algunos de los territorios resguardados por la comunidad y la violencia policial producida en ellos, llegó hasta la comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2011, que con una medida cautelar ordenó al Estado “garantizar la vida y la integridad personal de la comunidad” instando al gobierno a adoptar las medidas que garanticen el bienestar de la comunidad evitando la violencia por parte de la policía y grupos de seguridad privados.
La fiscalía y la querella piden la declaración de Montes como culpable de usurpación. Mientras que la abogada Vaniria Mela que defiende al imputado, solicitó la absolución, explicando que Montes entregó el camping antes de la fecha en la que se lo acusa por el delito de usurpación, y fue la comunidad mapuche Paicil Antriao la que lo ocupó para resguardarlo.
