OCTAVO INFORME DE ESTRATEGIA TTA. Testeo, trazabilidad y aislamiento: recursos insuficientes, inestables e inseguros

Una de las estrategias más importantes en el combate al coronavirus es la de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA), lo que es ratificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el caso de Chile, en un primer momento, la trazabilidad estuvo a cargo de las SEREMI, y en los centros de Atención Primaria de Salud (APS) se inició de manera espontánea la trazabilidad, no obstante, a partir del informe epidemiológico del 15 de abril se dejaron de reportar indicadores de trazabilidad durante meses.

Fue recién a principios de junio de 2020- tres meses después de iniciada la pandemia en el país- que la autoridad sanitaria anunció que la APS se incorporarían al desarrollo de la estrategia TTA, siendo en julio cuando publicaron el protocolo de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento (TTA).

A más de un año de haber iniciado la pandemia en Chile, el octavo informe de Monitorización de estrategia de Testeo-Trazabilidad-Aislamiento en la APS- estudio que es realizado por el Colegio Médico, Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, Médicos de Atención Primaria de Salud, Sociedad Chilena de Medicina Familiar, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y la Universidad de La Frontera-,entrega importantes datos y conclusiones respecto a cómo ha sido la política sanitaria del Gobierno, y qué resultados arroja la estrategia TTA.

El estudio contempla 113 respuestas de 80 centros de salud primaria y 11 direcciones de salud municipal diferentes, entre el 26 y 31 marzo de 2021, integrando a todas las regiones de Chile.

Algunos de los principales datos arrojan que solo un “23% de los centros refiere que puede aislar a las personas que lo requieren en menos de 24 hrs. Sobre la posibilidad de extender licencias de contacto estrecho por parte del personal de los Centros de Atención Primaria, un 58,8% de los centros refiere que no tiene personal autorizado suficiente”; esto quiere decir que es probable que miles de personas sigan yendo a trabajar y saliendo de sus casas, pese a que se deberían haber mantenido más tiempo en aislamiento, pero al no tener garantizadas licencias se vuelve inviable continuar una cuarentena.

De acuerdo al informe, “se ha consolidado la estrategia de testeo activo en la mayoría de los establecimientos de APS, la que se realiza en lugares diversos, pero persiste la concentración (38%) de este testeo activo en espacios de circulación de público general (ferias, mall, supermercado, etc), y en menor medidas en lugar en zonas de alto riesgo de concentración de nuevos casos. Esto contrasta con la indicación del protocolo TTA ministerial, el cual refiere que el testeo activo debe focalizarse en zonas de mayor riesgo de contagio”, se cuestiona en el documento.

Sobre los recursos destinados a la estrategia TTA, “esta ronda evidencia mayor déficit en los recursos financieros y humanos disponibles que la ronda anterior. La mayoría de los centros refiere que los recursos además de insuficientes son inestables, inseguros en su continuidad y de montos desconocidos. En sintonía con esto, un número importante de centros ha disminuido la contratación de recursos humanos extras para TTA, y un 52% de los centros refiere que el personal realizando TTA es personal de los propios centros redestinado a estas labores”, indica el estudio. Respecto a este último punto, una vez más, se pone en evidencia el profundo agotamiento y agobio que enfrentan las y los trabajadores de la salud, quienes padecen turnos extenuantes, estrés físico y mental, crisis de angustia; como también precarización laboral e inestabilidad, bajos sueldos y demora en los pagos, entre otras problemáticas.

“En cuanto a quién es el personal sanitario que está realizando la estrategia TTA (respuestas no excluyentes), el 51,6% en esta ronda son funcionario/as del centro de salud que han sido re-destinados a labores TTA en su horario habitual. Un 8,6% refiere utilizar horas extra de funcionario/as del centro de salud. El personal contratado específicamente para la trazabilidad disminuyó de 53% en ronda anterior a 34,4% en esta ronda. El 5,37% de los centros refiere no realizar trazabilidad”.

El precario financiamiento a medidas tan fundamentales como el testeo, la trazabilidad y el aislamiento de los focos de contagio, es un problema muy grave que ha sido ignorado por el Gobierno. Es más, de acuerdo al informe, hay un 6,3% de los centros de salud que nunca ha recibido financiamiento, un 63,8% que lo considera insuficiente, y solo un 26,3% que lo ve “parcialmente suficiente”. Solo el 3,8% dice que los recursos son suficientes.

Pero, la escasez de recursos no es el único problema. También lo es la estrategia de testeo: “Un 32,84% de los centros responden que están realizando testeo activo en espacios de circulación de público general como ferias, mall y supermercados, y un 29,19% refiere estar realizando testeo activo en zonas donde se ha detectado mayor concentración de casos COVID-19. Solo un 13% de los centros refiere haber realizado testeo activo en la última semana en zonas donde hay alta densidad poblacional o hacinamientos (cités, campamento) y el mismo porcentaje refiere haberlo realizado en instituciones cerradas (centros 8 penitenciarios, ELEAM, SENAME). Un 9,48% refiere que no se está realizando testeo activo y en 3 casos lo desconoce”.

Lo anterior es muy preocupante porque se desjerarquiza completamente a los sectores donde es muchísimo más propensa la transmisión del virus, por ejemplo, en los campamentos, en los lugares donde miles de familias viven hacinadas, sin siquiera acceso al agua potable, un derecho básico elemental del ser humano y clave para combatir al covid-19. Es en estas zonas donde se generan amplios brotes de contagio.

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Otro punto abordado en el estudio es sobre la latencia del resultado del examen de PCR en los diferentes establecimientos. Solo el 5% afirma recibir los resultados en menos de 24 horas, un 41% lo hace entre 24 y 48 horas, y hay un incremento de los que lo reciben entre 48 y 72 horas después, de un 35% al 42,5%.

Los casos sospechosos tampoco implican un proceso de trazabilidad (antes de conocer el resultado PCR): un 37,5% afirma que no se realiza trazabilidad a casos sospechosos, un 26,3% responde “a la mayoría de los casos”, un 15% “a la minoría de los casos sospechosos”, un 12,5% “a la mitad de los casos sospechosos”, y un 8,8% dice no saber. Otro grave error del Gobierno y su política sanitaria.

El estudio muestra claramente la ineficiente y fracasada estrategia del Gobierno ante la crisis sanitaria y la explosión de los contagios. Incluso da cuenta que ni siquiera hay garantizados recursos tecnológicos y que son las y los trabajadores quienes deben correr con parte importante de los gastos, como teléfonos, internet y computadores.

Los datos y cifras tiran por el suelo la puesta en escena que tiene este Gobierno criminal e irresponsable, que durante meses permitió que el virus se expandiera, sin establecer ninguna política de contención y seguimiento de la enfermedad, ni mucho menos garantizando que la población pudiese optar a cuarentenas efectivas en sus casas, con sueldos de emergencia acorde a la canasta familiar, con sueldos para desempleados e informales, para dueñas de casa y sectores más vulnerables.

La política sanitaria del Gobierno, la del “rebaño”, costó el contagio de cientos de miles de personas y el inminente colapso de un sistema de salud pública que se cae a pedazos y que ni siquiera recibe el financiamiento apropiado y necesario para enfrentar esta emergencia sanitaria. Mientras los principales millonarios del país se hicieron aún más ricos y las grandes mineras han aumentado sus ganancias de manera estrepitosa- en un momento histórico en el precio del cobre-, no hay recursos para asegurar medidas cruciales en el combate de una pandemia, ni para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores de primera línea, ni para contratar más personal. ¡Pero recursos hay! Si se implementaran impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y mineras se podría financiar un plan de emergencia que contemple todos estos aspectos e inyectara recursos directos al sistema de salud pública, entre otras medidas.

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