POLÍTICA Y NEGOCIOS. Time Warp: una inesperada crisis política para el macrismo

En los equipos de comunicación y de asesores de Cambiemos hace diez días que no descansan. La tragedia de Time Warp, donde murieron cinco jóvenes y otros cinco terminaron internados, desató una catarata de cruces, de denuncias y de acusaciones que, inevitablemente, chocan de frente contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, ambos conducidos por el macrismo.

Desde hace diez días, la búsqueda de excusas y el ensayo de explicaciones insuficientes pueblan el entramado discursivo de los funcionarios porteños y nacionales.

Purga y prohibición

Ayer, con su característica demagogia, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich “admitió” en una conferencia de prensa que en la fiesta de Costa Salguero hubo miembros de la Prefectura Naval que “no cumplieron estrictamente con la ley”. Y que por ese motivo se dispuso “separar no solamente a 39 efectivos de la fuerza, sino a los dos jefes que podían tener relación directa con esos subordinados”.

La purga de uniformados busca limitar los alcances de la crisis abierta en su ministerio tras las críticas generalizadas por la actuación de los prefectos afectados al operativo esa noche. La ministra filosofó sobre que “un miembro de seguridad, en cualquier situación, debe comunicarse con el juez frente a lo que cree que puede considerarse un delito”. Todo para no mencionar que esos prefectos, como el resto de la institución y de todas las fuerzas de seguridad, están prendidos en el mismo negocio del narcotráfico, sin cuya participación sería imposible siquiera ponerlo en marcha.

Ante los medios que no cuestionan al macrismo y mucho menos al empresariado, Bullrich dijo que para el Gobierno “la responsabilidad fundamental” de sus subordinados es que “en el momento en el que reciben un material desconocido pero imaginable (...) no hayan comunicado de manera inmediata al juez”. Más de un trabajador de prensa presente río para sus adentros.

Ayer también, y por supuesto con una dosis mayor de demagogia, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que desde ahora y hasta que no se discuta en la Legislatura un proyecto para “reducir daños en fiestas electrónicas” su gestión no dará más permisos para organizar esos eventos en la Ciudad de Buenos Aires.

El colmo del cinismo de Larreta, que habló públicamente diez días después de la tragedia, se dio cuando dijo que ese proyecto lo están planificando “desde la semana pasada” (luego de las muertes) y que “apunta a la prevención y a la concientización sobre los efectos de las drogas, con una visibilización de los lugares de atención y puestos de agua y mayor capacitación de todas las personas involucradas en la organización, especialmente en casos de abusos de drogas”.

Como si fuera un boy scout en un campamento, el funcionario dijo que el proyecto prevé entregar “folletería” en la entrada de las fiestas y “cartelería” con leyendas contra el abuso de sustancias adictivas.

Interpelaciones

En las mismas horas en que Bullrich y Rodríguez Larreta balbuceaban explicaciones y “medidas”, desde los bloques de diputados nacionales y de legisladores porteños del Frente para la Victoria-PJ pidieron la interpelación de la ministra de Seguridad y del jefe de Gobierno para que expliquen sus respectivas responsabilidades alrededor de los hechos ocurridos la madrugada del 16 de abril en Costa Salguero.

El jefe de la bancada del Congreso, Héctor Recalde, lo anunció ayer en conferencia de prensa, rodeado de legisladores de ese espacio. Desde el kirchnerismo vieron oportuno “plantar bandera” y cuestionar al macrismo en un caso en el que está sumamente comprometido.

Pero, vale aclarar, al lado de Recalde estaba sentado el exministro de Trabajo durante todo el período kirchnerista, Carlos Tomada. Se trata del mismo que durante doce años convalidó, garantizó y le entregó a Cambiemos un sistema laboral tan precario y criminal (desde el extendido trabajo en negro hasta la esclavitud y la trata de personas en el campo) que nada tiene que envidiarle a Cromañón o a Costa Salguero.

Si el mismo personaje que defendió y ayudó a José Pedraza, luego de que éste fuera detenido por el crimen de Mariano Ferreyra, pretende “interpelar” a Bullrich y Rodríguez Larreta con ínfulas justicieras, poco puede esperarse.

Más allá del oportunismo kirchnerista, es muy probable que desde ese sector se estén asesorando a conciencia para encarar las respectivas interpelaciones. Si bien no se hizo público hasta el momento, no hay que descartar que el exjefe de Gobierno porteño y exlegislador kirchnerista Aníbal Ibarra esté dándole ideas precisas a los diputados del FpV-PJ. Su responsabilidad política en los hechos que derivaron en la mascare de Cromañón en 2004 (que le valieron la destitución) seguramente lo dotaron de una experiencia invalorable.

“Como dijo el doctor Tomada, a las responsabilidades penales (en este hecho) la justicia las debe determinar. Pero también hay otro tipo de responsabilidades, que son las responsabilidades políticas”, dijo Recalde en la conferencia de prensa de ayer. Cromañón, Masacre de Once, inundaciones en La Plata, asesinatos en protestas sociales entre 2003 y 2015... Algo del tema saben los “compañeros”.

No está descartado que el pedido de interpelación de Bullrich prospere en el Congreso, donde el FpV-PJ es la primera minoría y no sería descabellado que otros bloques decidan acompañarlo.

Más difícil parece ser que avance el pedido para interpelar a Rodríguez Larreta, sobre todo si se tiene en cuenta lo que ya sucedió en la Legislatura porteña la semana pasada. A horas de ocurridos los hechos el legislador del PTS y del Frente de Izquierda Patricio del Corro propuso la inmediata citación al Jefe de Gobierno, que se encontraba en Estados Unidos en esos momentos.

Pero el pedido de interpelación fue rechazado en la sesión de la Legislatura gracias al cierre de filas del macrismo y sus aliados, donde algunos votaron junto al PRO y otros decidieron abstenerse, entre ellos el Partido Socialista.

La crisis chorrea por todos los costados

A la crisis que debe afrontar por estas horas Cambiemos, con Rodríguez Larreta y Bullrich como los actores más expuestos, se suman las novedades de una causa judicial en la que el entramado empresario-policial-político está a la vista de quien quiera verlo.

Ayer quedaron detenidos el socio de Dell Producciones, Maximiliano Avila, y el responsable del plan de evacuación de Time Warp, Carlos María Garat. Serán indagados hoy junto a dos prefectos que encabezan una lista de más de 30 personas citadas a declarar por el juez Sebastián Casanello.

A su vez ayer el defensor de criminales todo terreno Fernando Burlando anunció que su defendido, el aún prófugo presidente de Dell Producciones Adrián Conci, se presentaría hoy en una audiencia en la Cámara Federal donde se deberá revisar su pedido de eximición de prisión.

Burlando no dijo todavía si Conci va a dar la cara y explicará toda su responsabilidad en los hechos que terminaron con la vida de cinco jóvenes y mantienen aún a tres en estado crítico. Eso, en última instancia piensa el abogado, no tiene mucha importancia.

En las últimas horas también se supo que 18 efectivos de Prefectura que cumplieron funciones como “policía adicional” en Time Warp fueron pasados a disponibilidad. Son cabos y ayudantes que cumplieron “tareas de control” en el predio.

La larga historia criminal de las fuerzas de seguridad argentinas muestra que un pase a disponibilidad de un efectivo no es otra cosa que una licencia temporal (quizás con un goce de sueldo limitado) para volver al ruedo cuando el tiempo pase y el olvido haga su trabajo.

Que el tiempo pase y venga el olvido. A eso apuestan por estas horas, mientras siguen balbuceando explicaciones, Bullrich, Larreta, el resto de los funcionarios y, por supuesto, el jefe de la banda, Mauricio Macri. No hay que permitirlo.