En la tarde de ayer se realizó una nueva sesión ordinaria en la Legislatura de Jujuy. Por mayoría se aprobó la ley de “tolerancia cero” de alcohol al volante, el endeudamiento en dólares para el programa GIRSU de tratamiento de basura y la “donación” de un terreno a la Iglesia Católica. El oficialismo no toleró las críticas e impidió el debate.
Viernes 14 de septiembre de 2018 16:26
Pasadas las 16 horas del jueves dio inicio la cita parlamentaria en la llamada Casa de Piedra. El orden del día estaba conformado por tres proyectos de ley y una serie de proyectos de declaración presentados por los distintos bloques. Sorprendió la inclusión, a minutos de iniciarse la sesión, de un cuarto proyecto de ley sobre la donación de un terreno al Obispado de Jujuy. Esta práctica, impulsada por el oficialismo, viene siendo sistemática y varios legisladores de la oposición marcaron su descontento al respecto.
Una de las leyes sancionadas, la “Ley Justina” de donación de órganos, no llevó gran debate ya que fue aprobada por unanimidad. Sí el oficialismo de “Cambia Jujuy” utilizó su mayoría parlamentaria para hacer aprobar proyectos de ley polémicos, como la continuidad del endeudamiento de la provincia en varios millones de dólares y la donación de un predio a la Iglesia Católica, en este caso con el acompañamiento del bloque justicialista (PJ). En ambos tratamientos, desde la presidencia de la Cámara, a cargo del vicegobernador Carlos Haquim, se impidió el desarrollo del debate, lo que despertó el repudio de los diputados opositores. En el caso del endeudamiento en dólares para el programa GIRSU, el oficialismo bloqueó el debate, imponiendo con su mayoría automática una “moción de orden” del miembro informante, el diputado Osvaldo Cuellar, para votar sin debate. A la hora del tratamiento del proyecto de donación de un terreno a la Iglesia Católica, Carlos Haquim le negó la palabra a la diputada del PTS-FIT Natalia Morales en el cierre del debate. La “tolerancia cero” del oficialismo fue al debate y las críticas de la oposición.
Más deuda en dólares para la provincia, donación de un terreno a la Iglesia Católica y "tolerancia cero" de alcohol al volante
Una de las principales polémicas de la sesión se dio a la hora de tratar la nota remitida por el Poder Ejecutivo en la que se veía reflejado el convenio que firmó el mismo con el Banco Europeo de Inversiones para solventar los gastos que insumiría la prometida y dilatada implementación del proyecto GIRSU del tratamiento de los residuos en la provincia. Luego de una breve intervención como miembro informante del proyecto, el diputado oficialista Osvaldo Cuellar solicitó una “moción de orden”, que sin debate sometió a votación el vicegobernador Carlos Haquim y fue aprobada por la mayoría automática oficialista. Así, sin debate, los diputados de Cambia Jujuy autorizaron a Gerardo Morales a endeudarse por más de 100 millones de dólares para el polémico proyecto. Recién después de que fuera aprobado se le permitió el uso de la palabra a los diputados opositores, que manifestaron en su mayoría su rechazo al proyecto y al accionar del oficialismo. Quien expresó su apoyo al endeudamiento en dólares fue el diputado del PJ Alberto Matuk, siendo el bloque del Frente de Izquierda el único que rechazó el endeudamiento por unanimidad.
A la hora de tratar la donación de un terreno de dos hectáreas de la Finca El Pongo a la Iglesia Católica, fue la diputada del PTS-Frente de Izquierda Natalia Morales quien manifestó la oposición de su bloque al proyecto, denunció los privilegios y beneficios que recibe la Iglesia “que contrastan con el ajuste que sufre el pueblo trabajador”, y volvió a insistir en la necesidad de avanzar en la separación de la Iglesia del Estado. Además del bloque Cambia Jujuy, la iniciativa fue acompañada por el peronismo, cuyo presidente partidario Rubén Rivarola defendió en su “condición de católico”, por “una cuestión de fe” y “porque nadie se va a morir porque le donemos dos hectáreas” al obispado.
El otro proyecto de ley aprobado por mayoría fue el de “tolerancia cero” de alcohol al volante. El diputado Eduardo Hernández del bloque PTS-FIT explicó la negativa de su bloque a acompañar el proyecto: “existe una normativa nacional vigente que prohíbe que personas que tengan un nivel de 0,5 grs de alcohol en sangre puedan manejar. La realidad y las estadísticas demuestran que una actitud punitivista de parte del estado no soluciona el problema, las multas económicas fueron creciendo y a la par los índices de siniestralidad vial también. Creemos que esta ley tiene un claro objetivo recaudatorio ya que los planteos son claros al aumentar los montos a pagar en concepto de multa ligando su valor a los precios del combustible”.
Los muertos los siguen poniendo los trabajadores
En cuestiones previas al orden del día el Diputado Alejandro Vilca hizo un homenaje a los tres obreros fallecidos de la empresa Rovella Carranza que realizaba una obra para la empresa estatal Agua Potable. Vilca manifestó: “queremos rendir un sentido homenaje a los tres obreros que perdieron la vida ayer a causa de la desidia patronal. Estas pérdidas, claramente, hubieran sido evitadas si habrían contado con las mínimas condiciones de seguridad para realizar estas tareas. Familiares de los fallecidos nos expresaron que las condiciones laborales no eran las adecuadas y como siempre no las denunciaban por el miedo a perder el trabajo. Acá hay una responsabilidad compartida entre la empresa contratista y el estado en las figuras de la empresa Agua Potable y la Secretaría de Riesgos del Trabajo que no realizaron los controles pertinentes. Exigimos una comisión independiente que pueda esclarecer el motivo de estas lamentables pérdidas”
En el mismo sentido, Vilca expresó: “nos llama la atención que la Cámara haya hecho un minuto de silencio por los fallecidos y no haya atendido el pedido realizado por nuestro bloque para hacer ingresar un pedido de informes y que tenga pronto despacho de la comisión pertinente para que desde este cuerpo podamos contar con la información de cuáles eran las condiciones en las que trabajaban estos obreros, las condiciones en las que la empresa contratista estaba haciendo la obra y demás datos que aporten claridad sobre el hecho. Llama poderosamente la atención porque el oficialismo hace uso de la mayoría para decidir qué se trata y que no, creemos que violenta los más mínimos principios democráticos”
Por su parte Natalia Morales repudió el secuestro y tortura de la docente de Moreno Corina De Bonis y la persecución a dirigentes sindicales de Jujuy.