La vivienda es un derecho negado por el Estado. Toma de terrenos González Catán: “no puedo seguir con mis hijos a la intemperie”

Desde mediados de agosto, más de 400 familias están ocupando el terreno y complejo de viviendas de Acumar que hace más de diez años se encuentra abandonado en el barrio Los Ceibos de González Catan. Una postal que se repite en toda la provincia de Buenos Aires con epicentro en Guernica, donde más de 2500 familias pelean por una vivienda digna. Un derecho que es negado y criminalizado desde los medios hegemónicos, el gobierno y la oposición de derecha.

Son trabajadoras y trabajadores que sufren de forma directa las consecuencias de la crisis económica y para quienes todo se puso peor durante la cuarentena al estar privados de todos los derechos laborales y vivir al día. A lo largo de la entrevista cuentan en primera persona cómo llegaron a la toma.

Sin respuesta alguna del Estado más que la estigmatización y el hostigamiento policial, no hay ningún plan de vivienda ni propuesta estatal que se asemeje a una vivienda digna. La respuesta del gobierno fue cambiar de presentar las tomas como un problema social a decir que es un delito y que deben desalojar.

Pero olvidan que ya no tienen lugar a donde ir. Las nuevas generaciones ya no entran en las mismas casas en que viven cuatro o cinco familias. Ya no queda terrenito en el fondo de lo de sus padres o en la terraza, porque ya están ocupados. Son los que llevan décadas con sus derechos negados y a los que ningún gobierno le respondió en años. Un fuerte contraste con la celeridad con que Kicillof y Fernández respondieron al chantaje policial en sólo dos días.

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La misma policía que rodea los terrenos y no les deja pasar colchones, frazadas y ni siquiera comida y agua. Se hace evidente que no quieren pagar los costos políticos de reprimir abiertamente a gente que sufre necesidades, por eso se juegan a desgastarlos por el frío, el hambre y la sed hasta que se vayan. También a sus hijos.
Desde La Izquierda Diario se amplifica la voz de aquellos que son juzgados por los funcionarios desde sus lujosas casas y oficinas sin siquiera escucharlos.

La solidaridad se empezó a expresar con la presencia de Mónica Amábile, docente y delegada del Suteba La Matanza, quien fue a llevar el apoyo desde las escuelas. Charló con los vecinos y les comentó que desde la seccional sindical había definido iniciar una campaña solidaria para juntar mercadería para ellos. Una actitud que contrasta fuertemente con los sindicatos oficialistas, que hasta el momento, hacen silencio ante la criminalización de la pobreza.

La docente adelantó que el día martes se harán presentes para darles apoyo y acercarles las donaciones solidarias. Una iniciativa importantísima en este momento, dónde es muy necesario concretar la unidad entre trabajadores ocupados y desocupados e informales junto a todos los sectores populares para que la prioridad sean los reclamos hasta hoy negados. Para visibilizar, unir las peleas y conquistar los derechos es necesario poner estas demandas en las calles.