La Izquierda Diario recorrió el predio de 100 hectáreas en el municipio de Presidente Perón, en la zona sur del conurbano, y dialogó con las familias que llevan adelante la toma: la pelea por el derecho a la vivienda, la organización y la solidaridad son los pilares que sostienen su lucha contra la miseria y el hambre.
Catalina Ávila @linaa_avila
Martes 11 de agosto de 2020 19:26
Foto: Sebastián Linero - Enfoque Rojo
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Aunque son apenas casi las once de la mañana, las ollas para el almuerzo ya se empiezan a preparar. Desde que comenzó la toma, las familias organizan comedores y merenderos con los alimentos que pueden juntar. Si alguno consigue una changa, aporta con algunos pesos, si no con lo que haya: un paquete de fideos, un tomate, una harina. También reciben algunas donaciones de vecinos que se acercan a apoyar. En ese sector, renombrado “Barrio 20 de julio” (en relación al día que comenzó la ocupación) dos ollas, una de hígado con cebolla y papas y otra de arroz, deben alcanzar para alimentar a 500 familias. Sin posibilidad de acceder a una garrafa, unos metros más atrás, un grupo de jóvenes corta leña para poder cocinar el guiso. Mientras, otros vecinos comienzan a trabajar la tierra de las parcelas, y los chicos corretean entre las casillas armadas con lonas y chapas.
“La mayoría es gente que labura en negro, algunos estaban en blanco pero ahora no están laburando, y algunos alquilaban y los echaron de los alquileres y no le quedó otra que estar acá, o gente que labura en negro que se quedó sin trabajo, como mi caso, y estamos acá”, cuenta Matías, mientras corta la verdura.
“El mes que viene mi alquiler aumentaba a 9 mil pesos y a mí se me hace insostenible porque no tengo un trabajo fijo. Acá hay todo tipo de oficio, hay de la construcción, albañiles, electricistas, herreros, hay gente que sabe de tela, que sabe coser, y debe haber entre 4 y 5 chicos por adulto. Entre todos nos estamos dando una mano con el tema de la comida para que no falte, nos ayudamos a cortar el pasto, a hacer un alambrado, a armar nuestra casa de a poco, empezamos con una carpita. Hoy en día estamos un poco mejor, más resguardados por el tema del frío. Estamos unidos y peleando por lo mismo, queremos un hogar, un techo para nuestros hijos y un trabajo”, agrega Alan.
Pasaron ya casi cuatro semanas desde que tomaron el predio de los campos de Numancia y San Martín, que, según explican, se encontraban deshabitados hace 40 años, hasta que llegaron las 3500 las familias y comenzaron a dividirlo con sogas y palos en manzanas y parcelas, dejando espacios que quieren destinar para las calles, una escuela y una salita. De esa manera, trazaron la división de cinco barrios: el 20 de Julio, San Martín Viejo, San Martín Nuevo, La Unión y La Lucha.
Ninguna familia está sola. Realizan permanentemente asambleas y eligieron delegados por manzana. No solo buscan construir sus casas sino también la organización que los fortalezca, y que se convierte en necesaria frente a las amenazas y el maltrato que reciben por parte de las autoridades: la Policía los hostiga y persigue permanentemente, y hace unos días también fueron notificados con una orden de desalojo, dictada por el Juez Martin Rizzo del Juzgado de Garantías de Cañuelas, para el 22 de agosto.
Por su parte, la intendenta de Presidente Perón, del Frente de Todos, Blanca Cantero, difundió un comunicado desde las redes sociales del municipio donde denuncia la ilegalidad de la toma, dice que las tierras no son fiscales, se interesa específicamente en aclarar que no fomentó la ocupación y que ya se encuentra judicializada. En síntesis, unas quince líneas donde ni siquiera expresa preocupación o se predispone a brindar asistencia a las familias que se encuentran en situación de calle en medio de la pandemia. Muy por el contrario, y en línea con su comunicado “express”, los vecinos cuentan que negó alimentos para las ollas populares e insumos para prevenir el contagio del Covid-19 a la posta sanitaria que las familias comenzaron a poner en pie para cuidar su salud.
El accionar de la Justicia, el municipio y la policía vienen generando bronca y desconfianza en las familias. Denuncian que además, fueron engañadas: con la excusa de lo que resultó ser un falso censo brindaron sus datos, y ahora hay al menos 600 personas con causas penales por usurpación.
“Queremos la oportunidad que nos merecemos para la salud de nuestros hijos”, exige Mabel, desde la puerta de la casilla de 2x2 donde duerme con sus cuatro hijos y su pareja, quien quedó sin trabajo unos meses antes de la pandemia. “Si nos desalojan nos quedamos en la calle totalmente. Si nos quedamos acá es por algo, porque no tenemos dónde estar. No tenemos ninguna ayuda, no queremos que nos digan que nos tenemos que ir”, agrega.
A lo lejos, entre las casillas, la falta de árboles permite ver flameando algunas banderas blancas. “Las pusimos porque hay mucha gente que dice que acá roban, que hay problemas. Yo soy vecino de acá y no permitimos eso nosotros como vecinos, y la bandera blanca la pusimos para que vea la gente de afuera, la policía, sepa que nosotros estamos en paz”, explica a La Izquierda Diario el compañero de Milagros. “Estábamos alquilando, y él con el tema de la pandemia estaba trabajando con el carro. No alcanzaba para pagar el alquiler y yo tengo dos chicos chiquitos, teníamos que elegir entre pagar el alquiler o comer y comprarle los pañales al bebé. Yo no traje mis hijos al mundo para que estén viviendo esta situación”, dice ella, y cuenta que sus dos nenes tienen problemas respiratorios.
Natalia es estudiante de enfermería que se acercó a apoyar a su hermano en la toma, y al ver las necesidades de las familias, decidió quedarse:“Hay chicos que tienen síndrome de West, personas que tienen parálisis, diabetes, hipertensión, que no están siendo tratadas. Así que es pelearla y lucharla desde los dos lados: tanto desde el municipio como de la asistencia médica que no está habiendo. Estamos buscando insumos y juntando de a poquito entre vecinos para que estas personas que son hiper de riesgo puedan tener cuidados y prevenciones”.
Esta situación en la que se encuentran las familias de Guernica no es la única en la provincia de Buenos Aires. Como venimos mostrando en La Izquierda Diario, la pelea por un pedazo de tierra para vivir recientemente tuvo lugar también enSan Francisco de Solanoy en Los Hornos, por mencionar solo algunos casos. En tanto, el gobierno se niega a tratar en el Congresoel proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas que presentó el Frente de Izquierda Unidad con el que, entre otras cosas, se podrían construir 100 mil viviendas en un año, y continúa destinando millones de dólares al pago de la deuda externa.
Mientras tanto, miles como Milagros, Miguel y Alan protagonizan una de las tomas de tierra más grandes de los últimos años en la zona sur del conurbano, demostrando que la pelea por el derecho a la vivienda y a una vida digna para las familias trabajadoras es impostergable. Quizás este sea solo el comienzo para saldar la verdadera deuda.