52 años del Mendozazo. Tomas obreras en Mendoza: recuperando experiencias para el presente

La actualidad la transitamos entre la ofensiva negacionista y el regreso del relato de “los dos demonios” y su batalla cultural por “memoria completa”. El plan motosierra del gobierno de Milei pretende avanzar en varios aspectos que, si bien no tienen nada de nuevo, pretenden conjugarse para dar una derrota a la clase obrera. Pero también a la pasividad de las centrales sindicales y sindicatos, centros de estudiantes y, centralmente, el peronismo y el radicalismo, que apuestan a que las luchas que se dan queden aisladas, invitando a esperar…las próximas elecciones. Y a la vez asistimos a demostraciones de fuerzas de sectores de trabajadores, de las mujeres, asambleas, que permiten discutir que se puede pelear, que se puede construir fuerzas y se pueden enfrentar estos planes.

Asistimos a un gobierno copado por lo más rabioso de la casta económica, la que se ha beneficiado y hecho negocios con todos los gobiernos en general, y con las dictaduras en particular. Como señaló Myriam Bregman en un hilo de X, Paolo Rocca, del grupo empresario Techint, que tuvo centros clandestinos de detención en los predios de Dálmine Campana, se quedó con el control de la Secretaría de Trabajo. Es el que está detrás de los miles de despidos que están teniendo lugar en las dependencias del Estado.

¿Milei es un gatito mimoso del poder económico? Rocca copó el gobierno y puso, entre otros, al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Despidos en el Estado, no homologan paritarias, dejan correr los despidos y suspensiones en las empresas.
¿Por qué puso a alguien de ese grupo? 🧵

— Myriam Bregman (@myriambregman) April 1, 2024

A 52 años del Mendozazo, recuperamos la experiencia de lucha y organización de trabajadores y trabajadoras estatales, la experiencia extendida de toma de dependencias y de ocupación con aspectos de control obrero. Se trata de uno de los correlatos más interesantes del proceso del 72, junto al surgimiento de sindicatos, como el SOEP o el SUTE, que con experticia más avanzada y sus límites, permite sacar conclusiones sobre la posibilidad de los y las trabajadoras de poner en cuestión el orden y pensarse como conductores de la sociedad.

Conocer y extraer las lecciones del proceso del último ascenso revolucionario en nuestro país, se trata de una tarea necesaria, militante y pendiente de profundizar, más en un contexto de ataques en toda la línea a la clase trabajadora y el pueblo pobre.

Corría el año 1973…

En “Una experiencia de control obrero en el Estado: sus límites y posibilidades (Mendoza-Argentina, 1973)”, Gabriela Scodeller relata las experiencias de ocupación, toma, remoción de autoridades, debate de proyectos de funcionamiento con control obrero y de usuarios de servicios públicos que se dieron en la provincia en el período 73/74. Queremos traer estos procesos poco conocidos de la historia de la clase obrera mendocina, donde en la supuesta Mendoza conservadora, que siempre han querido exponer como un ejemplo los gobiernos de turno, pretenden que no existan en la memoria. Esto no es ingenuo, sino que es parte de la tarea estratégica de la clase dominante y sus políticos de enterrar la historia de nuestra clase. Una tarea necesaria, en momentos donde el gobierno de Milei y sus aliados como Cornejo buscan asentar una dura derrota a lxs trabajadorxs del sector público y aleccionar al conjunto de lxs trabajadores. Por eso, la importancia de recuperar estos hitos para sacar conclusiones con sus potencialidades y sus límites.

Sobre la base de análisis de casos, el registro en los diarios y entrevistas a protagonistas, la autora, describe el proceso que se dio en 1973 en Argentina, como parte de “un extendido proceso de ocupaciones de lugares de trabajo” y su correlato y particularidades en Mendoza. Las mismas, sentencia, son parte de las experiencias desarrolladas desde el ´55 (“Revolución Libertadora") en que se experimentó “democracia obrera, un poder construido y sostenido desde unas bases concientizadas y movilizadas, dotando al Estado de otro contenido y forma”.

El contexto

Ante la etapa que abrió el Cordobazo, y sus correlatos en Rosariazos, Mendozazo y otros azos, con hitos de acciones históricas independientes, elementos insurreccionales y acciones de masas, el gobierno del general A. Lanusse pretendió cerrarlos implementando el Gran Acuerdo Nacional (GAN). Se buscaba, con el llamado a elecciones, una salida ordenada de la dictadura, que había sido herida de muerte por las acciones de la clase obrera en las calles. Pero lejos de frenar las huelgas, ocupaciones y otras medidas de lucha, crecieron en cantidad y combatividad hasta el cuestionamiento abierto al GAN.

Elemento que no desarrollaremos aquí, pero que no puede soslayarse, es la influencia desde el otro lado de la Cordillera del profundo proceso de autodeterminación y elementos de doble poder, que en los “1000 días de gobierno de Allende” donde “tuvo lugar un impresionante proceso de movilización y organización obrera y de masas, que alcanzó su cenit en el desarrollo de los cordones industriales” [1]. Este proceso da cuenta que las tendencias que se expresaron en Argentina y en Mendoza no son un fenómeno aislado, sino parte de las características de la época que se vivía en toda América Latina.

El 11 de marzo de 1973, se desarrollaron las elecciones en las que triunfa Cámpora. El candidato del FreJuLi asumirá como parte de un gran acuerdo entre distintos sectores de las clases dominantes: partidos políticos, partido militar, la burocracia sindical y hasta J.D. Perón en el exilio. En Mendoza asumió el “gobernador peronista, A. Martínez Baca (representante de la llamada Tendencia)".

“Desde entonces, muchas de las prácticas surgidas en el seno de las organizaciones populares fueron transformadas en políticas de estado, principalmente durante los primeros meses, cuando espacios de gobierno fueron ocupados por dirigentes de la Tendencia Revolucionaria. (...) Sin embargo, las fracciones más reaccionarias dentro del gobierno no tardarían en poner trabas a este proceso (...) la lucha que hegemonizó la escena pública fue el enfrentamiento entre las dos fracciones peronistas”, dice Scodeller.

Entre los fundamentos del proceso de ocupación que se dará a nivel nacional y provincial se plantea que “una de las últimas acciones que llevó adelante la ‘Revolución Argentina’ a fin de intentar mantenerse en la administración del nuevo gobierno, fue nombrar a funcionarios que garantizaran la continuidad política de la dictadura”. Pero, detrás del problema del continuismo de los funcionarios provenientes de la dictadura aparecían otros reclamos que evidencian el debate entre fuerzas y estrategias políticas.

Es decir, con los límites que le impuso las relaciones de fuerza luego de los distintos levantamientos obreros, los militares trataron de imponer sus políticas más allá de su gobierno, con el traspaso del poder al peronismo, que asumió como resultado de las acciones de la clase trabajadora en los distintos azos, pero que venía con el objetivo de desmovilizar y “normalizar” la Argentina, de encauzar la bronca y el descontento en los límites de la democracia burguesa.

¿Cómo fue?

Como describe el texto citado, durante el proceso se contabilizan más de 500 tomas a nivel nacional, de las cuales más de 350 se produjeron entre los días 11 y 15 de junio del ´73. Se tomaron oficinas, empresas, hospitales, diarios, teatros, universidades, colegios, incluso comunas y hasta la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego. “Si bien estos conflictos, en su gran mayoría, fueron impulsados por las ilusiones en el gobierno, su propia manifestación, su extensión y el método con el que fueron llevados a cabo, pusieron en alerta a la burguesía con respecto al gobierno de Cámpora, que debió enfrentar inmediatamente esta paradoja: por un lado debía ponerle coto al movimiento para evitar que ganara en extensión y se radicalizara aún más y, por el otro, al hacerlo, veía debilitada su propia composición interna, que se desgajaba frente a las embestidas de la derecha peronista que buscaba expulsarlo del poder lo antes posible” [2].

En el trabajo se cita un estudio sobre las ocupaciones a nivel nacional [3], quien establece cuatro períodos del proceso: el primero desde la fecha de asunción de Cámpora, el 25 de mayo, hasta el 3 de junio.

El segundo desde el 4 hasta el 14 de junio. Es durante ese momento que a nivel nacional se estaba cerrando lo que se conocerá como el Pacto Social [4], cuyo “éxito” dependía de disipar la actividad del movimiento obrero que no había cesado desde el Cordobazo. Es en ese marco que Abal Medina -secretario general del Partido Justicialista- ordena el levantamiento de las tomas. Los efectos fueron inmediatos y las tomas se fueron levantando.

El tercer periodo comprende entre los días 15 y 20 de junio (fecha de la ‘Masacre de Ezeiza), momento en que el propio J.D Perón exhorta por cadena nacional a la reconcialiación y el orden, con el llamado “de la casa al trabajo y del trabajo a casa”.

El cuarto período se inicia el 21 de junio y llega hasta el fin del gobierno de Cámpora.
El proceso en Mendoza tuvo su momento más álgido en esos últimos momentos, y siendo “la cuarta jurisdicción en número absoluto de tomas”.

Es decir que “más de la mitad de estas acciones se produjeron con posterioridad al llamado oficial a levantarlas (14 de junio). Además, quienes las continuaron fueron los trabajadores de base, y no las organizaciones político-militares”, aclara Scodeller.

Otro dato interesante que se remarca es que la modalidad de ocupaciones fueron un (55,5%) efectivas y un (44,4%) tomas “simbólicas”

Otros aspectos que analiza la autora tienen que ver con los grupos que protagonizaron las tomas y sus objetivos.

Según el trabajo, sólo el 16,6% de las acciones fueron protagonizadas por grupos vinculados a fuerzas de carácter conservador, al peronismo más de derecha. Las tomas protagonizadas por esta fracción tuvieron lugar en Vialidad Provincial, en el Departamento General de Irrigación y en la Radio LV4 de San Rafael. Como expresa la autora, “el 83,3% de las acciones fueron realizadas por una fuerza social en formación, que conjugó su apoyo al gobierno recientemente electo - expresándose la exigencia de participación de los trabajadores en los espacios de toma de decisiones, como la única manera de garantizar el cumplimiento de los intereses de la clase trabajadora”.

El 77,7% de las ocupaciones fueron protagonizadas por trabajadores de base, sin mediación -al menos explícita- de organizaciones políticas ni político-militares, aunque sí de los gremios o agrupaciones sindicales.

Estas “tomas de las bases” se produjeron en el Banco de Previsión Social, en la Dirección Nacional de Vialidad, en la Empresa Provincial de Transportes de Mendoza (EPTM), en la Estación Terminal de Ómnibus, en la Dirección de Tránsito y Transportes, en la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios (DOSS), en la Dirección de Construcciones, en el Servicio de Educación del Adulto, en el Policlínico Ferroviario Mendoza, en la Dirección de Rentas, en el Instituto del Becario, y en la Dirección de Geodesia y Catastro, en lo que respecta a organismos dependientes del Estado.

Las tomas se realizaron en lugares de trabajo, principalmente, pero hubo un caso en que fue tomada una sede gremial (la UOCRA). Pero de estas tomas, un dato relevante es que el 88,8% fueron acciones en organismos del estado.

Relata la investigación el ejemplo de la asamblea de los trabajadores del Banco de Previsión Social. Según el diario Mendoza, del 19-06-73 los objetivos manifiestos fueron: “a) demostrar la real vocación de las bases en la dirección de la institución; b) que se nombren compañeros capaces de instrumentar medidas tendientes a lograr la liberación y reconstrucción nacional”. En el Policlínico Ferroviario se exigió que se otorgase participación al personal en los espacios de conducción, a fin de “intervenir en la política sanitaria y laboral” (Diario Mendoza, 17.06.73). En la Dirección de Rentas y en el Instituto del Becario, las asambleas fueron definidas como “instrumentos de cambio del sistema” (Diario Mendoza, 19.06.73).

Según la entrevista citada a Luis María Vázquez, (2005), participante de estas acciones, la ocupación “era… una forma de expresar, de participar en la toma del poder. ”.

Según la autora “las experiencias más significativas en la provincia de Mendoza tuvieron lugar en la Empresa Provincial de Transporte Mendoza (EPTM) y en la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios (DOSS)”

Ambas contaron con el apoyo del Sindicato de Obreros y Empleados Públicos (SOEP), que había surgido, un año atrás, con posterioridad al Mendozazo. Se autodefinían como antiburocráticos, antipatronales y antiimperialistas, y en muchos casos también como clasistas.

El jueves 14 de junio del ‘73, una asamblea del personal de la Empresa Provincial de Transportes de Mendoza (EPTM), prestataria del servicio de trolebús, decidió tomar la empresa por encontrarse en duda tanto la continuidad de su funcionamiento, como el cobro de los salarios. Los obreros cuestionaban la pasividad de las autoridades. Anunciaron que la toma se mantendría hasta tanto el gobierno designase nuevas autoridades “en pro de una real liberación nacional y social con una mayor participación del personal en la dirección de la misma” (Diario Mendoza, 15.06.73).

“La ocupación de la EPTM decretó la disolución del directorio y la anulación de todos los niveles jerárquicos (gerente, contador y asesoría letrada). En su lugar se designó una junta ejecutiva provisoria compuesta por cuatro empleados, quienes asumieron las funciones de dirección de la empresa. El SOEP informó que “la medida dispuesta por los obreros y empleados de la repartición obedece a la imperiosa necesidad de que el poder de decisión y la conducción de la misma sea ejercida por los verdaderos representantes del pueblo” (Diario Los Andes, 15.06.73. Propusieron que asuma como interventor un delegado gremial, Enrique Ríos, quien llevaba más de 15 años trabajando en la empresa”, describe el texto.

Durante la ocupación, el servicio de trolebús continuó funcionando. “La empresa se autogestiona perfectamente desde hace tres días, en que fue tomada por el personal” (Diario Mendoza, 16.06.73). En los coches se colocaron carteles: “Trolebús tomado por el personal por una efectiva y real liberación nacional y social” (Diario Los Andes, 15.06.73).

“Ellos se constituyen en autoridad, designados por asamblea, y entran a manejar el trole, la empresa. O sea como ejecutivos, como si fueran ejecutivos políticos. Y esa fue la repartición que más tiempo estuvo tomada, la repartición que estuvo más tiempo en manos de los trabajadores… no me acuerdo si fue un mes, dos meses, fue bastante tiempo. Y vos vieras como andaba, los vagos la hicieron andar… había que lucirse… y la hicieron andar, una maravilla! Fue una gestión obrera. Una repartición pública con gestión obrera…” [5].

Por su parte, Nora Moyano, recuerda que: “En aquel momento se tomaban, se tomaban las escuelas… Era un momento de auge, de que el pueblo quería decidir sobre su vida, y sobre sus derechos, y conquistar lo que no tenía todavía, así que, en ese contexto, es que nosotros nos animamos a tomar la empresa de troles. Porque lo que queríamos era el control obrero, que fuera una empresa autogestionada por los trabajadores. (...) Pero la participación de los delegados, la opinión de los delegados, el control de la entrada, la salida, que eso antes no tenían acceso a nada”

El 15 de junio fue tomada la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios (DOSS) durante 3 horas, luego de una asamblea del personal. Exigían al gobernador “instrumentos legales que garantizaran el funcionamiento de la repartición”. También aquí se designó una junta provisoria y se solicitó -proponiendo nombres para el cargo- se designe un interventor con facultades de directorio, y adecuar la repartición a la Ley de Autarquía. También reclamaron que en el directorio hubiera representantes del personal y los usuarios.

Elaboraron en debate interno y asamblea un Proyecto de Ley para el funcionamiento del organismo. “En dicho proyecto, se proponía que dos representantes del personal integren el Directorio, compuesto en total por ocho miembros más un presidente. Motivaba esto “la necesidad de que este sector siendo el que desarrolla los planes y programas, sea activo partícipe de la toma de decisiones ya que, es él en su conjunto el que conoce en profundidad, la problemática y complejidad a que se enfrenta diariamente la Repartición. Por otro lado se posibilita que la clase trabajadora protagonista principal y nervio motor de la vida Nacional, a través de una regular y orgánica participación, madure en la práctica de conducción” (Proyecto de ley/1974)”.

Sobre los usuarios, se planteaba su participación a través de las cooperativas o entidades vecinales fundamentando la “necesidad de integrar y hacer efectiva la participación de los destinatarios de los servicios en la toma de decisiones…” (Proyecto de ley, 1974).

Justificaban la necesidad de contar con un organismo de carácter provincial de control, coordinación y ejecución entre otros, “la necesidad de un contacto más directo entre el organismo oficial y las bases o destinatarios del servicio público” (Proyecto de ley…, 1974).

Tomarlo en nuestras manos.

Todo el proceso da cuenta de un cuestionamiento del orden vigente y como concluye Gabriela Scodeller “dentro del marco de un Estado burgués”. Posteriormente agrega que “Objetivamente los lugares de trabajo se convirtieron en territorios conquistados a la patronal; subjetivamente, la mayoría de las tomas no se realizaron contra, sino en defensa de un gobierno visualizado como “obrero y popular”. A esto podemos agregar que, como plantea Trotsky, la toma y control de la empresa“plantea, en la práctica, el problema de saber quién es el dueño de la empresa: el capitalista o los obreros” [6].

En el proceso descrito, se cuestionó el orden jerárquico, la pelea por la participación directa y mayoritaria de los trabajadores en el ejercicio del poder. “Desde entonces en adelante, el recurso de la ocupación y la toma será el método para los conflictos más duros que se van a producir en la fase siguiente, una vez clausurada la “primavera” camporista en julio de 1973” [7].

En sus límites, el proceso de tomas del ´73 en Mendoza y como parte de un proceso nacional, expresó las tendencias más generales de la época: a la acción directa, a la democracia obrera, a la creación de instituciones de autodeterminación, y a acciones que tendían a rebalsar la legalidad burguesa.

El proceso dio ejemplos de cuestionamiento de la organización del trabajo, del control, de la planificación y del rol de los expertos y técnicos. Pero no fue generalizado y no atravesó al conjunto de los oprimidos para transformarse en alguna forma organizada, institucionalizada de la necesaria alianza obrero y popular para poner en cuestión el poder.

Desde el punto de vista de la posibilidad de sostenerse, consolidarse y triunfar vemos que lo que no refleja el proceso es la voluntad de unir las tomas (como podría haber sido el llamado a asambleas comunes de trabajadores en lucha o de las dependencias tomadas, etc ) y así fortalecerse desde la coordinación, el debate de ideas y experiencias, política que no tenían las corrientes intervinientes

En este sentido, ante la audacia de las acciones y la anunciada perspectiva de tendencias a mayor violencia por parte del estado, era fundamental fortalecer a ese sector de la clase trabajadora (una vanguardia surgida y fogueada al calor del Mendozazo) no solo para sostener las medidas de lucha adoptadas, sino prepararse para los tiempos que se anunciaban.

El proceso permite poner en cuestión toda visión tributaria del espontaneísmo en la lucha por el poder. En cada conflicto, en cada proceso, intervienen corrientes políticas que ejercen su influencia. En este proceso, por un lado, las bases trabajadoras supieron alistarse al llamado de defender sus intereses incluso con métodos radicalizados, pero considerando al gobierno como propio. Las distintas alas y corrientes intervinientes eran incapaces de superar las maniobras de la clase dominante, desde el GAN y con el llamado a elecciones y la vuelta del peronismo al poder, por carecer de una perspectiva de independencia de clase. Ante esto no había ninguna corriente de izquierda con influencia en las masas que pudiera plantear una alternativa.

Al calor de nuestro tiempo y repasando esta página de la historia, se muestra, una vez más, la necesidad de la construcción de una herramienta política revolucionaria, que sea preparada, esté inserta, presente en los lugares de trabajo y tenga la fuerza para pelear la dirección, o hegemonía, contra las corrientes reformistas, conciliadores, dubitativos en los momentos de ascenso de la lucha de clases.