DEMOLICIONES EN CUARENTENA. Topadoras en medio de la cuarentena en Villa 31

En el bajo autopista, según la misma SECISYU, en el 2019 se estimaba que vivían alrededor de 1.900 familias y hoy en dia hay 400 familias. El gobierno y sus funcionarios actúan en completa ilegalidad, siendo que las relocalizaciones de carácter forzoso son ilegales en el marco de los procesos de urbanización, siendo que en el marco de la pandemia están prohibidos los desalojos, hostigan a las familias para que abandonen sus hogares. Las mujeres denuncian que durante la semana entraron con las topadoras para demoler las viviendas que ya fueron relocalizadas. No les dan tiempo suficiente a las familias que sí aceptaron las relocalizaciones, poniendo en riesgo sus vidas y salud al no respetar los mínimos protocolos procede a demoler con retroexcavadoras, que provoca levantamiento polvo y escombros, además de comprometer estructuralmente a las viviendas linderas, todo esto en el marco de la cuarentena.

"Yo tenía fecha de mudanza y no quisieron esperar 3 días y vinieron a tirar toda la casa de al lado, empezó a vibrar todo y yo estaba adentro con mis tres hijos", nos cuenta una vecina de la Villa 31.
Así los trata el gobierno de la Ciudad en plena pandemia. Una vergüenza. pic.twitter.com/NbAbFsiI4c

— Myriam Bregman (@myriambregman) June 19, 2020

En un plan de urbanización que se votó en el 2007 y se intentó implementar una década después, cuando la población en la Villa 31 había crecido considerablemente. Esta falsa urbanización actúa como un mecanismo expulsivo de los vecinos del barrio y viene siendo funcional a la especulación inmobiliaria, donde los hacen firmar contratos con cláusulas abusivas y todo tipo de maniobras. Tampoco tomaron medidas preventivas para evitar la propagación del virus, en una población extremadamente vulnerable, debido a las condiciones habitacionales a las que se ven obligados a vivir. La desidia estatal tanto del gobierno de la ciudad como nacional, fue la que provocó decenas de muertes y miles de contagios que podían ser evitados con testeos masivos y garantizando servicios básicos como el agua potable, estas inacciones de ambos gobiernos muestran las responsabilidad compartida.

Carta de las vecinas del sector bajo autopista

Somos vecinas de Bajo Autopista que desde mediados del 2018 venimos denunciando la falta de participación en el proceso de relocalización en su conjunto y, particularmente, en el diseño de las nuevas viviendas. Consideramos que las viviendas a las que nos quieren mudar no son mejores que muchas de las nuestras, lo cual se contrapone a lo estipulado por el artículo 36 de la ley de urbanización de nuestro barrio, la nº 6129. El hecho de que no sean de la misma calidad constructiva que nuestras viviendas actuales (hormigón, ladrillo y cerámica) nos genera desconfianza. Sobre todo teniendo en cuenta el precedente que sentó la Secretaría de Integración Social y Urbana (SECISYU) con el barrio de Containera: allí a tan sólo tres años de su construcción las unidades funcionales se encuentran con graves fallas de construcción que se evidencian en la existencia de innumerables filtraciones e incluso fisuras.

A pesar de nuestro descontento con respecto a las condiciones que nos ofrecen y de la falta de escucha por parte de los funcionarios, hace un año empezaron las relocalizaciones. En este proceso que se inició fueron los inquilinos quienes más se vieron beneficiados, ya que muchos propietarios se negaron a irse porque no se les garantizaban sus derechos al desglose, a preservar su fuente de trabajo (concretamente porque no les reconocieron el comercio) o porque les querían dar viviendas más chicas. Incluso al momento de la designación de habitaciones, no se hace diferenciación de géneros ni edades y 2 hermanos de pasar a tener su propia habitación allá tienen que dormir en una habitación y en camas cuchetas porque las habitaciones son muy pequeñas.

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Desde un principio hemos denunciado cómo la SEIYUU, a medida que avanzaba con las relocalizaciones, fue dejando en el olvido a nuestro sector. Esta omisión debe ser vista como forma de coerción para que aceptemos los términos que nos quiere imponer el organismo. Con nosotras quedaron los escombros, las ratas y las demoliciones sin recaudos que impactaron negativamente en la situación sanitaria de nuestro sector.
Este panorama desolador se agravó durante el verano con la llegada del dengue y se profundizó aún más con el arribo del coronavirus. Nos vimos obligados a denunciar una y otra vez este estado de abandono y fue la justicia la que nos dio la razón e instó a la Secretaría a remediar cuanto antes el desastre sanitario en el que dejó sumido al sector. A pesar de que la medida cautelar nos salió favorable el organismo sigue sin proceder adecuadamente. A estas cuestiones se les suman otras que quedan sin atender y consideramos de gran relevancia: nuestro sector está liberado y las familias sufren día a día la inseguridad; la Secretaría negocia de manera individual los términos de la relocalización y hostiga a las familias para que se muden. Todo esto tiene como saldo el incremento del padecimiento de las familias de nuestro sector.

El organismo argumenta que continúan las relocalizaciones con el fin de que las familias puedan atravesar el aislamiento en mejores condiciones habitacionales. Nosotras no nos oponemos a que las familias se muden si así lo desean, pero pedimos que haya criterios claros y que la secretaría no aproveche un momento tan delicado para cumplir un objetivo político. Mientras el organismo se centra en realizar la mayor cantidad de mudanzas en un período acotado de tiempo, nosotras decimos que lo importante no es el número sino el cómo del proceso. Es necesario preservar, más que nunca, la salud de los vecinos. Para ello deben asegurarnos condiciones dignas también a quienes todavía nos quedamos en el Bajo Autopista, así como preservar la salud de los trabajadores que están realizando las mudanzas y los vecinos que se relocalizan.

En relación al cómo, luego de muchos reclamos, la Secretaría elaboró un protocolo de mudanzas específico para este contexto de emergencia sanitaria. Entre otras cuestiones, es preciso señalar que en ninguna parte hace referencia al resguardo de las familias que se siguen quedando. No habla nada sobre la limpieza de escombros, de basura, descacharreo, tapeado seguridad, desratización ni fumigación antes y después de las mudanzas. No hace mención del resguardo de las familias aledañas a relocalizar (si hubiera alguna familia que tiene que completar el aislamiento en su casa, o es persona de riesgo, a la hora de la demolición si llegan a tener problemas como caída de objetos de su casa, rajaduras, filtraciones, les obligan a salir a reclamar a esa familia exponiendo al personal a un posible contagio como a la exposición de contagiarse de la misma familia).

Además de que el organismo no reconoce el valor de la vivienda que debe dejar la familia que se muda, no les dan tiempo suficiente para poder embalar sus objetos y mucho menos de sacar objetos de valor para que puedan revender como escaleras, puertas, ventanas, tanques de agua. Luego de realizada la mudanza, los tapiados son muy deficientes o directamente no tapean y durante las noches hombres mal intencionados vienen a buscar con martillos para llevarse dichos objetos. Y muchas veces aprovechan que las familias están durmiendo y se entran a sus casas por ventanas para robarles lo que tienen a mano. Ante el llamado del 911 que llegan o muy tarde o directamente no contestan. Todo esto provoca mucha angustia, miedo, desgaste físico y mental más aún en época de cuarentena donde todo el día tenemos que permanecer en nuestras casas sin poder hacer mucho. Y los que peor la pasan son los niños que se quedan solos todo el día porque sus padres se van a trabajar, teniendo que aguantar las demoliciones en las mañanas y el miedo a que a las noches les entren a robar.

Mientras tanto la secretaría sigue avanzando con las mudanzas, donde no hay un órgano de control que verifique diaria y adecuadamente si realmente están cumpliendo con el protocolo. En ese sentido, nos hemos enterado que hubo un trabajador con sospecha de Covid 19, en el supuesto que haya quedado positivo les puedo asegurar que sus compañeros no fueron aislados los 15 días, porque a la secretaria lo único que les importa es mudar descontroladamente y sin respetar el distanciamiento. Durante las demoliciones, que se están realizando de lunes a viernes de 9 am a 16 hs, muchas veces se rompen caños de agua y no se soluciona la cuestión si no es por los vecinos que hacen constantemente reclamos y ejercen presión a los superiores para que esos problemas se arreglen. Estamos cansadas de que nos avasallen, nos hostiguen y nos utilicen. Necesitamos que nos den alternativas para mejorar nuestras condiciones habitacionales y que nos hagan parte del proceso. Mientras tanto exigimos que se respete nuestra decisión de permanecer en el sector y que se garantice nuestro derecho a un ambiente digno, sano y seguro.