Los operadores políticos del capital padecen de un astigmatismo político que los ciega frente a una realidad palpable. ¿Pura torpeza política, o fuerza de la convicción ideológica?.
Martes 17 de mayo de 2016
La inflación golpea cada vez más fuerte nuestros bolsillos, y las últimas cifras no hacen sino certificar que, lejos de resolverse, el problema se está intensificando.
Sin absolver al gobierno previo respecto de este flagelo, lo cierto es que no es posible que la “herencia” explique la aceleración. El aumento de precios de estos meses es mayor que el período inmediato previo, como mostró con claridad el último cálculo de la CTA y el FISYP. La inflación acumulada desde que asumió Macri ya alcanzó el 25%, mostrando un aumento anual acumulado –respecto a abril de 2015- por encima del 40%. Muy lejos de las metas que el gobierno de Cambiemos supuestamente proponía, y muy por encima de los aumentos negociados en paritarias.
Y sin embargo, el gobierno, en boca de cada uno de sus funcionarios, continúa asegurando que la inflación bajará. ¿Realmente creen que la pura fuerza del deseo será suficiente para contener la inflación? Las devaluaciones de diciembre y febrero, la eliminación de las retenciones, los aumentos de las tarifas de servicios públicos y los sucesivos aumentos del precio de los combustibles han sido los principales causantes de este incremento de la inflación, todas políticas adoptadas por el actual gobierno, pero que sus funcionarios y simpatizantes parecen –llamativamente- no identificar con el comportamiento de los precios.
¿Se trata de pura torpeza política, o es acaso la fuerza de la convicción ideológica? Probablemente alguna combinación de ambas cosas.
El actual proyecto político representa una evidente avanzada del capital concentrado, con preeminencia financiera (lo que incluye tanto a la banca como a los grupos económicos con excedentes invertibles), sobre las clases populares y fracciones más débiles del capital (de allí la súbita reaparición en la escena pública de dirigentes PyME). Esta nueva configuración del bloque en el poder altera equilibrios internos previos, desplazando a las fracciones que –expresadas por el kirchnerismo- estaban interesadas en sostener ciertos gastos de legitimación para obtener cierto consenso social.
Sin perjuicio de esta caracterización de clase del gobierno, es necesario reconocer la fuerza de los sentidos comunes construidos. Bajo el auspicio de las fracciones ligadas al agronegocio, Cambiemos estructuró un discurso de fuerte sesgo liberal que ganó adeptos más allá de la clase, lo que -en última instancia- le permitió ganar las elecciones en 2015. Las ideas pretendidamente republicanas fueron prontamente desechadas, mostrando un uso completamente instrumental: ninguna fracción del capital tiene interés real en compartir el poder. El peso de las ideas liberales es fuerte en la formación de los cuadros del PRO –experimentados en los institutos de políticas públicas-, pero los excede y logra apelar a cierto sentido común construido, que sirve de contexto de recepción de las propuestas de Cambiemos.
Esto es especialmente notable respecto del tema inflación, donde se repite hasta el cansancio, pretendiendo darle carácter de prueba, el argumento típico: el gobierno populista gastó de más, eso llevó a un déficit fiscal, que se financió emitiendo pesos, y eso explica los aumentos de precios. Esta secuencia argumental –manual básico del neoliberalismo- es la que busca dar coherencia a la política anti-inflacionaria del gobierno. Se acusa a “los políticos” de miopes, alegando que tienen incapacidad de ver bien más allá de sus narices, tomando medidas que atentan contra el largo plazo. El reemplazo de esos políticos por tecnócratas propone una división de tareas entre los diversos flancos del gobierno, y supone que Prat Gay debe reducir los gastos, mientras Sturzenegger, a cargo del Banco Central, reduce la emisión.
Ambos están fallando, estrepitosamente, y la orientación teórico-ideológica parece jugar un papel en este fracaso.
Prat Gay estaba teóricamente encargado de reducir el déficit fiscal. Para ello, su eje de acción ha sido los despidos de trabajadores y trabajadoras, justificándolo mediante apelaciones a las pastas y las grasas. Asimismo, la suspensión de planes sociales y diversos programas cumplen la misma tarea. La falta de ajuste por inflación del presupuesto 2016 produce además una contracción real del gasto, como ocurrió con las universidades, que han declarado en manifestaciones en todo el país que no llegan a fin de año. Sin embargo, el “ahorro” producido por estos recortes palidece ante los recursos prometidos para pagar la deuda tomada en enero con la banca internacional (pactada a un año) o con los fondos buitres (a 3, 5, 10 y 30 años). Por otro lado, la quita de las retenciones a las exportaciones (reducción para la soja) quitó la fuente de cerca de un 7% de los ingresos estatales. La recesión se está encargando de disminuir otras fuentes de recaudación procíclicas, como el IVA.
La brecha entre ingresos y gastos presiona la necesidad de tomar deuda, lo que animó la urgencia por cerrar el acuerdo con los buitres hace apenas semanas atrás.
El secretario Caputo ha señalado que se prevé tomar nueva deuda por más de 24.000 millones de pesos.
Pero la pelea contra el déficit no es la única que no está funcionando. La monetización de esta brecha ha continuado siendo la regla, pues la vía de la deuda apenas se está abriendo en este momento. El Banco Central ha estado emitiendo sin pausa, y para contener la cantidad de pesos y evitar que presionen contra el dólar, ha emitido letras (LEBAC) pagando hasta el 38% anual. Según la última información disponible, el BCRA tiene 500.000 millones de pesos en estas letras, prácticamente la misma cantidad que billetes. La mayor parte de estas letras se renuevan mensualmente, sometiendo la política del BCRA a una bicicleta acelerada, que ya ha puesto en marcha el rumor de alguna medida más coercitiva –como el corralón de 2002 o el Bonex de 1989.
Ni el déficit baja ni la emisión se detiene: el evidente fracaso de esta política está en esta pésima caracterización del problema. Pero dentro de Cambiemos la única disputa está entre gradualistas (Prat Gay) y partidarios del shock (Sturzenegger), es decir, no discuten el tipo de políticas, sino la intensidad y velocidad. Este debate, prácticamente calcado, se dio a mediados de los noventa, después de la crisis de México, pues se argumentaba que los problemas surgían de la aplicación incompleta o interrumpida de las reformas estructurales.
La falta de resultados ha obligado a sostener más allá de lo buscado intervenciones heredadas, como el Precios Cuidados. El gobierno, mostrando nuevamente su profesión de fe neoliberal, cree que el problema es la falta de información. Por ello, su nuevo programa es el de Precios Comparados, que obligará a supermercados a volcar los precios de 250 productos, lo que permitirá “a los consumidores conocer exacta y verazmente dónde están los mejores precios", lo que “incrementará la competencia y estimulará las mejores ofertas”, señaló la Subsecretaria de la Defensa de la Competencia, María Colombo. Trasladando el costo de “optimización” de la canasta de bienes a los consumidores, el gobierno busca limitarse a brindar mejor información. Para quienes tuvieron cursos de economía neoclásica, es la utopía del libre mercado hecha política pública.
El objetivo de reducir la inflación es real, pues permitiría iniciar una nueva fase de concentración y centralización del capital (capitales más pequeños se funden o son absorbidos), de inversión basada en deuda e importaciones, y especulación financiera (aprovechando los diferenciales de tasas de interés). La incapacidad de lograrlo está en la mala caracterización del problema, que involucra un sesgo ideológico neoliberal, que parte de, pero no se limita a, una composición de clase.
Las convicciones –que van más allá de los representantes directos de clase- y la torpeza política conforman un auténtico caldo de cultivo de crecientes descontentos sociales.
Los operadores políticos del capital parecen así estar siendo víctimas de otra afección visual, que les impide ver lo que ocurre ante sus propias narices: un astigmatismo político que los ciega frente a una realidad palpable: que no vamos a tolerar su ajuste.
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Francisco J. Cantamutto
Investigador IDAES-CONICET e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) de Argentina y Uruguay. Es parte del comité editorial de los Cuadernos de Economía Crítica. Se especializa en temas de economía política y procesos políticos latinoamericanos, con especial referencia a Argentina.