Presencialidad en las escuelas. Trabajadores de la educación llaman a movilizarse por una educación presencial segura

El gobierno de Mendoza anunció las condiciones que proponen para la presencialidad y creció la polémica.

En distintos plenarios y reuniones, uno de los puntos que más revuelo generó entre los y las trabajadores de la educación tiene que ver con dejar que cada directora decida y planifique la vuelta a las aulas según su criterio. Un modelo empresarial del directivo como emprendedor, “líder”. Un ejemplo de éste modelo fue la presentación de la secundaria 2030, que contó con un amplio repudio, incluso de supervisores.

Al dejar que cada escuela decida, la DGE no tiene en cuenta que hay aspectos que se tienen que coordinar centralizadamente entre los establecimientos educativos. Por ejemplo, para poder evitar el colapso del sistema de transporte en horas pico, teniendo en cuenta que un o una docente, generalmente, recorre más de un edificio escolar por día.

Ante éste reclamo, Thomas declaró que se va a aumentar la frecuencia de los colectivos. Sin embargo, esa promesa ya se hizo durante el 2020 y se pudo ver las unidades sobrecargadas de pasajeros y sin distanciamiento lo que lleva a no cumplir con medidas elementales para evitar los contagios.

Por otro lado, cada dirección escolar debe decidir la alternancia entre clases virtuales y presenciales. Muchos docentes que trabajan doble turno se preguntan en ¿qué momento del día van a poder ejercer la llamada bimodalidad? Quienes trabajan en varias escuelas tampoco comprenden ¿cómo van a acomodar sus horarios para dar clases así? y mucha más incertidumbre tienen las maestras con hijos que también tendrán que organizarse en la bimodalidad propia y la de los niños. Las pocas respuestas y la falta de plan de la DGE hace pensar a la mayoría de lxs trabajadorxs de la educación que lo que se viene será un verdadero caos.

Recientemente en una nota en MDZ, Thomas refiere que es “el docente quien debe medir la cantidad de trabajo que tiene”. La jornada laboral de cualquier docente históricamente excede las horas por las que se les pagan. En medio de la virtualidad, esto se multiplicó. ¿Cuándo pretende el gobierno que sigamos sumando horas de trabajo en nuestras vidas? declaran docentes ante esta situación.

Después de reglamentar hasta el cansancio y amenazar por años la sanción de su uso, ahora tienen que aclarar que se permitirá usar su teléfono en el aula. Esto implica otro año más que docentes tendrán que poner de sus bolsillos las herramientas de trabajo y los datos móviles, ya que la mayoría de las escuelas carecen de internet y las que tienen wifi, tienen uno muy deficitario. Entonces no solo se trata de que no van a garantizar que todas las escuelas tengan agua potable y elementos de higiene, sino que nada dicen de adaptar las aulas al formato que quieren imponer.

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Tanto desde DGE como desde Nación hablan de una presencialidad cuidada y obligatoria. Muchas familias se preguntan qué sanción recibirán por parte del estado si tienen temor de mandar a sus hijos a la escuela cuando en la casa conviven con personas de riesgo. Esas familias tienen miedo, justamente, porque conocen el estado real de las escuelas, y más aún, luego de un año en el que no se invirtió en las condiciones edilicias.

Las lluvias de estos días han dejado aún más en evidencia el estado deplorable de las escuelas de la provincia: goteras en los techos, salas inundadas, algunas sin agua, otras sin luz, con baños rotos, falta de material de limpieza y un largo etcétera.

Más dudas existen en relación a los testeos del personal de la escuela. El año pasado nos enteramos que los protocolos dejaban afuera del aislamiento a la maestra o profesora del curso frente a un caso positivo. Lo que implica desprecio hacia la salud de lxs trabajadorxs, declaran desde la agrupación 9 de abril.

"Quieren poner en riesgo la vida de millones por una foto de campaña. No consultan a quienes conocemos la realidad de las escuelas. No abren espacios de debate y elaboración de protocolos en base al conocimiento, la experiencia y el tránsito por las escuelas públicas. Queremos volver a la presencialidad porque sabemos perfectamente lo que ello implica, lo que suma, la experiencia vital que representa para cada estudiante. Pero queremos debatir cómo".

Por todo ésto el próximo 10 de febrero los y las docentes se movilizan para exigirle al gobierno condiciones seguras. Declaran que: "queremos volver, pero no queremos poner en riesgo la salud de la mayoría de las familias de Mendoza que asisten a la escuela publica".