Las escalofriantes cifras son el reflejo de la negligencia de los gobiernos, estatales y federal, hacia las demandas de las y los trabajadores de la salud antes y durante la pandemia.
Marisol FN Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas
Miércoles 26 de agosto de 2020
En México la pandemia está lejos de ser controlada, por el contrario, especialistas alertan sobre posibles rebrotes debido a la reapertura de negocios y actividades decretada con la “nueva normalidad”, así como por la temporada de influenza que se espera en los próximos meses.
Según datos de la Secretaría de Salud, en México suman ya 586 mil 621 casos acumulados de contagio y 61 mil 450 muertes a causa de la pandemia por el virus Sars-Cov-2. De estas cifras, 97 mil 632 de los contagios corresponden al personal de salud, es decir, 16.6%, mientras que las muertes en el mismo sector ascienden a los mil 320 casos, lo que representa el 2.1% del total de los fallecimientos a nivel nacional. Estas cifras superan por mucho a las registradas en China o Italia, donde el porcentaje de contagio entre el personal sanitario fue de 4 y 9 respectivamente.
Según la Dirección de Epidemiología, el 42% del total de contagios entre el personal de salud corresponden al personal de enfermería, 27% a médicos, 28% a otros trabajadores, 2% a laboratoristas y 1% a dentistas. Los hombres representan el 70% del total de las muertes entre el personal de salud, mientras que el 36% de las y los trabajadores contagiados tienen una o más co-morbilidades, principalmente la obesidad, tabaquismo, diabetes e hipertensión.
A la fecha se reportan 4 mil 370 casos activos entre el personal de salud, siendo la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco los estados con más casos registrados. Mientras el gobierno federal afirma que están garantizadas las pruebas de covid para todo el personal de salud, cada día aumentan los casos de muertes y contagios en el sector público sanitario.
Las cifras son totalmente indignantes y reflejan la negligencia de los gobiernos, estatales y federal, para con las demandas y las vidas del personal de salud que ha sido la primera línea de combate contra la pandemia en estos meses. Todas las muertes y contagios de compañeras y compañeros del sector salud, bien pudieron haberse evitado o menguado, si en su momento se les hubiera otorgado el equipo de protección y todos los insumos necesarios para enfrentar la pandemia.
Previo a la pandemia, trabajadores sindicalizados y precarizados del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud habían denunciado la falta de insumos, medicamentos, personal de salud e infraestructura hospitalaria de norte a sur del país. La pandemia no hizo más que agudizar una crisis que ya venía gestándose en décadas previas, y quienes la están pagando con sus vidas y su salud son precisamente las trabajadores y trabajadores, cuya labor es cuidar la salud del pueblo pobre y trabajador.
Pese a que muchos y muchas votaron por un cambio en 2018, en los hechos el gobierno de AMLO y la 4T ha demostrado que -al igual que los gobiernos anteriores del PRI y el PAN- sus prioridades son las políticas de militarización del país ordenadas desde Washington, así como favorecer a las empresas trasnacionales con los acuerdos del T-MEC y megaproyectos que atentan contra la biodiversidad y pueblos originarios, como en el caso del Tren Maya.
La salud pública, así como las vidas y salud del personal que está en la primera línea contra la pandemia, no pueden seguir siendo postergados ni menospreciados por los gobiernos y funcionarios públicos.
Es urgente que todas las trabajadoras y trabajadores nos unamos y organicemos en el Movimiento Nacional contra la Precarización y los Despidos, para luchar juntos por el aumento inmediato al presupuesto para la salud pública, así como para el abastecimiento de medicamentos, insumos y equipos de protección para todo el personal de salud, la basificación de todo el personal precarizado en el sector salud, así como la construcción de nuevos hospitales, clínicas y laboratorios. Urge la unificación entre el sector público y privado en un sistema único y universal, en manos del Estado, que realmente garantice la salud como un derecho humano para toda la población.
¡Porque las vidas de los y las trabajadoras de la salud, valen mucho más que sus ganancias!
