Desde las Agrupaciones de Salud que conforman el MAC expresaron solidaridad, apoyo y acompañamiento a las luchas de miles de familias trabajadoras por la tierra y la vivienda. "Quienes estamos enfrentando la pandemia en la primera línea de los hospitales y centros de salud queremos decirles que no están solos: ¡Estamos de su lado! ¡No a los desalojos!"
Lunes 14 de septiembre de 2020 12:03
En los últimos días irrumpieron en la escena nacional las masivas tomas de tierras que se vienen produciendo en varias provincias del país, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Las causas son múltiples pero el problema es de largo arrastre: el déficit habitacional.
Imposibilitados de continuar pagando un alquiler, como producto de la enorme crisis social, económica y sanitaria que sacude a nuestro país y el mundo, los sectores más postergados de nuestra clase, se han visto empujados a ocupar terrenos y levantar casillas precarias en lugares sin luz, sin agua potable, sin caminos y cloacas, librados a su suerte en la intemperie y amenazados con la represión.
Mientras en las últimas décadas, han proliferado los countries, barrios privados y la construcción de grandes emprendimientos lujosos como hoteles, shoppings y edificios de “categoría” orientados a la especulación inmobiliaria, la inversión y ejecución públicas en el área de vivienda e infraestructura urbana ha sido insignificante.
La campaña oficial hace seis meses instaló el #QuedateEnCasa, pero poco se dice de quienes no tienen casa donde “quedarse”. No se puede hablar de salud, mientras millones viven en condiciones de hacinamiento, sin agua potable o cloacas, barrios enteros sin construidos sobre basurales y zonas de contaminación. Nosotros, los y las trabajadores de la salud lo sabemos de primera mano, nuestros pacientes llegan con enfermedades que tienen directa relación las precarias condiciones en las que viven.
De acuerdo con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, aproximadamente 4 millones de personas (935.000 familias) viven en los 4.416 “barrios populares” identificados en todo el país, en donde en la enorme mayoría de los casos (más del 95%) no cuentan con acceso formal a la red de agua corriente, ni a la red cloacal, tampoco a luz ni gas. La emergencia habitacional fue un sello que no quisieron borrar ni en la llamada “década ganada” ni tampoco, quedó claro, en el macrismo.
Desde el Gobierno, no solo el desgastado Sergio Berni, sino el propio gobernador Axel Kicillof, bramaban que la toma de tierras es un delito y que vulneraba el derecho a la propiedad privada. Quienes luego terminaron reproduciendo este discurso de “ilegalidad” fueron también Sabina Frederic o el propio Andrés Larroque, considerando al igual que toda la derecha que quienes ocupan terrenos son “ilegales” y que las tomas son un problema de “seguridad”.
De esta manera, intentan legitimar acciones represivas o de desalojo a quienes nada tienen y solo están reclamando un techo.
Solo algunas horas tuvieron que pasar entre la rendición de Kicillof a los motines de las fuerzas represivas, para que éstas vuelvan a lucir su función social en el desalojo de San Fernando: son el brazo armado del Estado. La garantía de impunidad, como lo vemos con Facundo Castro. Son la cara visible que reprime, cuando el Estado quiere controlar a quienes se organizar para reclamar sus derechos. No son trabajadores!
A quienes tenemos la “suerte” de ser asalariados, los alquileres nos exprimen, entre el 30 al 50 % de nuestros ingresos, lo que nos empuja a tener dos o tres trabajos. En el sector salud en particular, fue el pluriempleo una de las razones de las altas tasas de contagios por Coronavirus dentro del personal de Salud.
Sin romper con el FMI, ejecutar el impuesto extraordinario a las grandes fortunas, nacionalizar la banca para que esté al servicio del pueblo trabajador, entre otras medidas que den prioridad a las necesidades sociales, no habrá recursos para resolver de manera integral la crisis habitacional, que afecta a 1 de cada 3 familias en el país. Hay que invertir las prioridades y destinar recursos a un plan de urbanización y construcción de viviendas populares, para la salud y no para los especuladores y el FMI.
Mientras los de arriba intentan dividirnos todo el tiempo, entre ocupados y desocupados, entre trabajadores tercerizados y en planta permanente, entre nativos e inmigrantes, nosotros levantamos la bandera de la unidad: sabemos que somos parte de una misma clase, y que la pelea que tenemos que dar, es la misma.
Los esenciales, que estamos en la primera línea, venimos denunciando como golpea la crisis sanitaria, pero también económica y social, sobre las mayorías populares, por eso decimos claramente: No hay salud, sin acceso a la vivienda.
Por eso, la jornada que preparamos desde el Sindicalismo Combativo para el próximo 17/9 tiene que levantar entre sus principales banderas el apoyo a quienes están defendiendo su derecho a la tierra. Tenemos que imponerle a las conducciones de nuestros sindicatos que rompan la pasividad y apoyen a los sectores más postergados, que hoy realizan la toma de tierras frente a la estigmatización mediática y gubernamental, pero también avanzar en plantear una solución de fondo al problema de la vivienda, con un plan de obras públicas controlado por los trabajadores, sin precarización laboral, y que además genere nuevos puestos de trabajo.
Y esta pelea tenemos que continuarla el 21, participando de la movilización que, en el día de los trabajadores de la sanidad, se viene organizando en todo el país. Que nos escuchen fuerte, porque queremos plata para salud, para nuestros salarios, más insumos, y no dejar la vida con dos o tres empleos. Basta de precarizarnos. Las vidas trabajadoras importan!
¡NO A LOS DESALOJOS! ¡UNIDAD DE LOS TRABAJADORES!
