Según la organización Impulso Trans existen más de 400 personas trans con problemas legales para regularizar sus documentos en Jalisco.
Leah Muñoz @leahdanmunoz
Jueves 26 de enero de 2017
Actualmente sólo en la Ciudad de México está permitido el cambio legal de identidad de género, por lo que muchas de las personas trans que nacieron fuera de esta entidad recurren a la misma para realizar el cambio de género legal. Sin embargo es en el proceso de regularización de documentos en las entidades de nacimiento de las distintas personas , donde las trabas se presentan.
En Jalisco las autoridades señalan que no pueden reconocer las nuevas actas de nacimiento tramitadas en la Ciudad de México bajo el argumento de que “las leyes estatales no lo permiten”, y a pesar de que el artículo constitucional 121 señala que debe existir el reconocimiento de los actos públicos y registros que se den en cualquiera de las distintas entidades del país. En Jalisco las autoridades se amparan bajo el argumento de que el estado es soberano.
El impedimento de las autoridades estatales en la homologación de las nuevas actas de nacimiento genera la existencia de dos actas de nacimiento diferentes, y por lo tanto impide la homologación de demás documentos que requieren la validez del estado de la nueva acta de nacimiento.
Lo anterior trae consecuencias para homologar documentos de estudios, la Clave Única de Registro de Población (CURP), entre otros.
Esto se suma al peregrinar -que implica años- que debe hacer una persona trans de institución en institución (IMSS, Infonavit, Afore, INE, etc.) para darse existencia legal y tener acceso a servicios. Como denuncian activistas, esto se debe a la transfobia y al rechazo hacia la comunidad trans en los distintos estados y a la inexistencia de una política en el ámbito de la salud y del cambio legal para personas trans.
La comunidad trans lleva años en todo el país exigiendo una Ley de Identidad de Género que les permita el reconocimiento legal del género que han elegido y por esa vía salir de la incertidumbre legal, así como mejorar sus condiciones de vida que en la mayoría de los casos son de marginalidad.
Con excepción de la Ciudad de México, ninguno de los estados ha garantizado esta demanda histórica tan sentida de la comunidad trans. Al contrario, las autoridades han cedido a la presión de los grupos religiosos y de ultraderecha, que rechazan la implementación de una ley que dé reconocimiento a las personas trans.
Esto se demostró con la reciente creación del Frente Nacional por la Familia, que reúne a la Iglesia, al PAN, y al PES, que logró frenar el paquete de propuestas lanzadas por ejecutivo (las cuales fueron un intento por darse un aire democrático y recuperar parte de la legitimidad perdida) en temas de diversidad sexual dentro de las cuales estaba no sólo la propuesta de matrimonio igualitario, sino el reconocimiento nacional de la identidad de género.
