Legisladores oficialistas quieren avanzar juzgar por corrupción a los dirigentes sindicales y en implementar modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales.
Viernes 23 de febrero de 2018
La masiva movilización de este miércoles estuvo lejos de implicar un freno para la política antisindical que despliega el gobierno nacional. Así legisladores del oficialismo avanzaron en la discusión y presentación de normativas que pretenden presionar sobre la conducción burocrática de los sindicatos, aprovechado el rechazo que existe entre capas de la población a los dirigentes millonarios.
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Mientras una de las iniciativas propone modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales, otra avanza en proponer cambios al Código Penal que pueda focalizar en la dirigencia gremial.
La primera normativa propone cambios a la ley 23.351, donde se incluya como requisito para integrar órganos directivos de los sindicatos la presentación de una declaración jurada patrimonial. Según el borrador que trascendió a los medios, el plazo para la presentación sería dentro de los treinta días hábiles desde la asunción a un cargo. Además esa ley les exigiría información que se deberá “actualizar anualmente”.
En la declaración jurada, que sería publicada por el Ministerio de Trabajo, deberán constar –entre otras cosas- todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero, entre otros.
La otra pata de la ofensiva está relacionada a lo que ya ha sido presentado como Ley de ética pública. La misma es impulsada por el diputado nacional Luis Petri (UCR- Mendoza), que fue quien elaboró el proyecto. Lo acompañan las firmas de más de 20 legisladores oficialistas.
Allí, en base a la modificación del Código Penal, se impulsaría la ampliación de las figuras de “Cohecho y de Enriquecimiento Ilícito” para poder juzgar por hechos de corrupción a quienes administren o dirijan asociaciones sindicales o de las obras sociales.
El cambio también incluiría un aumento de las penas para los delitos en cuestión. Una forma de apretar más la soga a la dirigencia sindical.
En un comunicado que se conoció, el diputado Petri afirmó que se trata de terminar con una situación en la que la “corrupción sindical quedaba impune”. Parece que para el legislador oficialista la única impunidad que vale es la que tienen los funcionarios de su gobierno.
No resulta casualidad que, luego del revés que le significó al Gobierno la movilización del 21F, desde el oficialismo busquen golpear sobre el punto más débil de las conducciones sindicales. El enriquecimiento extremo de muchos caciques gremiales en el punto a favor del macrismo para atacarlos.
Al mismo tiempo, el gobierno, al poner el eje en que cuestiones judiciales, busca profundizar el camino que inició antes de la movilización. Decir que la misma fue llamada por Moyano solo para defenderse de la persecución judicial.
Sin embargo, si algo quedó claro es que más allá de los límites de los convocantes –que además se negaron a darle continuidad a la gran movilización- hubo una masiva y genuina expresión de los trabajadores en las calles. Trabajadores que no aceptan que la crisis sea descargada en sus espaldas.
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La dirigencia sindical millonaria es un punto flaco de las organizaciones obreras. Por eso es necesario recuperarlas de las manos de esa casta millonaria y traidora.
