Tucumán. Tras el escándalo de las torturas detuvieron a dos policías

El jefe de la Policía de Tucumán, Dante Bustamante, dijo ayer que “han sido individualizados, están aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia dos efectivos policiales que estarían vinculados directamente con el hecho investigado”. Así, en un escueto video publicado por la Secretaría de Prensa y Difusión del Gobierno de Alperovich, la máxima autoridad de esa fuerza represiva quiso dar a entender que tomaron “cartas en el asunto” sobre las torturas contra un preso que fueron filmadas por los propios policías y se difundieron por las redes sociales esta semana.

La autoridad policial anunció las detenciones poco después que el propio gobernador diera la orden de “actuar”. "No vamos a tolerar este tipo de cosas. Se está investigando quién es, dónde ha sido, qué ha pasado, no se sabe absolutamente nada", admitió el mandatario kirchnerista en conferencia de prensa. Pocas horas después esos dos oficiales eran detenidos. Una “eficiencia investigativa” pocas veces vista en la provincia.

Lo que aún Bustamante ni ningún funcionario provincial dijeron es quiénes son esos dos policías (aunque se sabe que son del servicio 911), cuántos efectivos más están involucrados en el hecho, quién es la víctima de las torturas, dónde ocurrió el hecho y cuándo (se presume que fue el 21 de septiembre). Y lo más grave, nadie del gobierno explicó hasta el momento por qué, si el video estaba siendo difundido dentro de la misma policía a través de grupos de Whatsapp desde hace dos semanas, recién se “actuó” cuando el video empezó a circular descontroladamente. Como expresa el dicho popular, “el que calla, otorga”.

Versión extraoficial

La investigación está a cargo de la fiscal de Instrucción Marta Mariana Rivadeneira, quien pidió que se hagan peritajes en el video para determinar su veracidad. Recordemos que fue la misma policía provincial la que divulgó la “duda” sobre la filmación, intentando desligarse del hecho. Algo que no duró mucho ya que, según fuentes judiciales que cita el diario La Gaceta, los mismos torturadores reconocieron en la tarde de ayer que el hecho era real y que ellos lo habían registrado.

Esta tarde los detenidos declararían en el Juzgado. Resta saber qué versión de los hechos finalmente darán.

Hasta el momento se presume que lo hechos ocurrieron el fin de semana del 21 de septiembre. Según la versión que están haciendo correr extraoficialmente desde la policía, los dos motoristas del 911 regresaban de hacer un recorrido por la localidad de San Andrés cuando un joven los habría insultado desde el costado de la ruta, mientras hacía disparos con el rifle de aire comprimido.

Fue entonces cuando los dos policías habrían atrapado al joven, le pusieron las esposas y lo llevaron al lugar en el que lo torturaron. Según esta versión, se descartaría que los apremios ilegales hayan ocurrido en una dependencia policial. O sea, no habría mayor responsabilidad institucional ya que los agentes habrían actuado en soledad y en el campo.

Un dato gravísimo que atraviesa este escándalo es que aún se desconoce la identidad del joven torturado. La misma versión extraoficial (evidentemente interesada) estima que se trataría de una persona que vive en el interior de la provincia, que luego de torturarlo los dos policías habrían subido a la moto y lo habrían dejado abandonado. En tal sentido, el hecho no habría quedado registrado en ningún libro oficial ni tampoco lo registraron los efectivos en sus propias anotaciones personales.

Pero sí lo filmaron, quizás pretendiendo llevarse un registro de sus “gajes del oficio”. Lo que no pudieron evitar, por incapaces o por descuidados, es que ese video que arrancó difundiéndose por Whatsapp, pocos días después se filtrara a los medios y se viralizara por las redes sociales.

No son dos policías, es toda una institución

El escándalo, a pesar de los intentos oficiales por circunscribirlo a un par de policías que “empañan el trabajo” de la institución, salpica de lleno al gobierno de José Alperovich, quien como gobernador comanda desde hace once años a una de las fuerzas represivas más violentas, corruptas y asesinas de pobres. Fuerza que integra un régimen político tan violento y corrupto como ella.

Con sólo mencionar la absolución a los trece imputados por la desaparición de Marita Verón, o a los asesinos impunes de Paulina Lebbos (donde miembros de la propia familia del gobernador están imputados), se puede entender que la tortura policial que esta semana desencadenó el escándalo es moneda corriente en la provincia.

Otro dato que muestra la brutalidad de la policía tucumana es que el año pasado, ante los motines y acuertelamientos de diciembre por aumentos de sueldo y “mejores condiciones laborales”, una importante movilización popular salió a las calles a repudiarlos.