Trece raperos están siendo investigados por el contenido de sus letras. Un ejemplo más de la actual cruzada contra la libertad de expresión amparada por la Ley Mordaza.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 17 de noviembre de 2016
Foto: La Insurgencia
Este jueves empezaba la investigación por parte de la Audiencia Nacional contra los trece raperos integrantes del colectivo musical La Insurgencia.
El pasado 8 de noviembre, el Cuerpo Nacional de Policía se personaba de forma intimidatoria ante los trece raperos, incautándose del material electrónico que pudieran portar y citándolos a declarar por presuntos delitos de enaltecimiento del terrorismo, incitación al odio, asociación ilícita, injurias a la Corona y contra las instituciones del Estado.
Tras las diligencias previas efectuadas por la comisaria de información de la Policía Nacional, la magistrada de la AN, Carmen Lamela, decidió abrir investigación por el contenido de las letras de los integrantes de La Insurgencia. Si bien, hasta el inicio del proceso no hubo notificación alguna que especificara cual es el material en que se basa la investigación.
En los últimos tres años, La Insurgencia ha colgado más de 350 videoclips en YouTube y Facebook; y pese a que los integrantes son residentes de diferentes paises como el Estado español, México o Colombia, todos los miembros investigados residen en ciudades españolas como Cordoba, Jaén, Cadiz, Málaga o A Coruña entre otras.
Sin duda, la investigación abierta contra los integrantes de La Insurgencia es una muestra más de la cruzada persecutoria que se está profundizando contra la libertad de expresión desde la emergencia del 15M y profundizada con la entrada en vigor de la Ley Mordaza. Sirva de ejemplo la investigación judicial abierta a dos raperos hace unos meses por el contenido de una de sus canciones contra la policía.
En el mismo sentido, iban dirigidos también los casos contra Pablo Hasel o César Strawberry, muy activos y con una carga de denuncia política profunda contra el orden establecido y las políticas represivas del Gobierno del PP. Ambos fueron investigados también por delitos de enaltecimiento del terrorismo a través de la redes.
A estos casos hay que sumar las reiteradas “operaciones araña” que suman ya más de 70 detenidos. Operaciones policiales que tienen como objetivo la persecución, detención e inculpación de enaltecimineto del terrorismo de personas que ejercen su libertad de expresión a través de las redes sociales.
La libertad de información también viene siendo perseguida desde la puesta en marcha de la Ley Mordaza. Casos como el de nuestro compañero de Izquierda Diario Jorge Remacha al que el sindicato mayoritario de la policía local de Zaragoza ha anunciado que demandará por “calumnias e injurias” a la UAPO ; o el del fotoperiodista Raúl Capín acusado de atentado contra la autoridad, son ejemplos de ello.
A todo esto, hay que añadir los cientos de jóvenes perseguidos y detenidos simplemente por formar parte de colectivos y organizaciones sociales y de la izquierda. Es el caso de los 15 activistas antifascistas del colectivo Bukaneros detenidos la semana pasada o los montajes policiales contra Alfon o Andrés Bódalo. Y en esa misma dirección, los seis condenados a prisión preventiva en Altsasu, acusados de terrorismo por una reyerta en la que estaban implicados agentes de la Guárdia Civil fuera de servicio.
Sin embargo, pese a la intensidad de la cruzada represiva hacia miles de personas que luchan por defender sus derechos y libertades, no se puede descartar que el Gobierno y las instituciones agudizen aún más el grado de persecución, y más, si en un periodo breve de tiempo se reabre el ciclo de movilizaciones callejeras tras la formación de un gobierno profunda y socialmente deslegitimado y dispuesto a cumplir con una agenda de recortes para los próximos dos años.
