El pedido de la defensa del expresidente llegó al Tribunal Superior de Justicia, donde cuatro de los cinco jueces votaron por reducir la pena. Podría obtener la prisión domiciliaria en Septiembre.
Martes 23 de abril de 2019 17:45
Los pedidos de la defensa del expresidente brasileño Lula da Silva llegaron este martes a la máxima instancia judicial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que debería expedirse sobre la pena impuesta al presidente en segunda instancia.
La totalidad de los magistrados presentes del TSJ (cuatro de cinco) votaron por unanimidad a favor de reducir la pena de 12 a 8 años, lo que podría permitir que el expresidente sea beneficiado con la prisión domiciliaria en los próximos meses.
Con la reducción de la pena Lula obtendría el régimen de prisión semiabierto, que se aplica a aquellos que ya cumplieron al menos un sexto de la condena en cárcel efectiva. El régimen semiabierto permite a los presos trabajar durante el día y dormir en un establecimiento penitenciario durante la noche. Sin embargo por el déficit y la crisis del sistema penitenciario, en estos casos se pude otorgar la prisión domiciliaria, con algún tipo de restricción de las visitas.
El pedido de la defensa
La apelación que hizo la defensa estaba centrada en que el Tribunal Superior rechace la pena a 12 años de prisión que le había sentenciado el Tribunal Regional Federal número 4 (TRF-4), que estaba bajo la órbita del exjuez Sérgio Moro, actual ministro de Justicia de Bolsonaro.
Ante este pedido uno de los jueces del TSJ, Felix Fischer, propuso reducir la pena del expresidente en lugar de revocar la sentencia del TRF, que se realizó sin ningún tipo de pruebas para condenarlo. La propuesta de Fisher era la de bajar la pena de los 12 años iniciales, a 8 años y 10 meses de prisión. Esta es la propuesta que fue aprobada por unanimidad este martes.
Lula está en la cárcel desde el 7 de abril de 2018 y su defensa ha apelado a esta tercera instancia en lo penal con la intención de que sea anulada o al menos reducida la pena de doce años que el año pasado le fue impuesta por una corte inferior.
Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años de cárcel, pero dictada hasta ahora en primera instancia y no aún confirmada en la segunda.
La prisión de Lula fue parte de las arbitrariedades de la corporación judicial, que incluyó los pedidos de prisión ejecutados por el juez Sergio Moro bajo la operación Lava Jato, durante la campaña electoral de 2018. Estas arbitrariedades, incluyendo la prisión de Lula, que era el único candidato que podía ganar en primera vuelta, no solo le prohibió a la mayoría de los brasileños votar a quién ellos querían, sino que le abrió el camino al ultraderechista Jair Bolsonaro, para llegar al poder.
Por esa maniobra el juez Moro fue premiado por Bolsonaro con el Ministerio de Justicia y un amplio poder sobre organismos federales y las fuerzas de represión.
Las internas que se empezaron a hacer públicas en el último mes, no solo al interior de la coalición de gobierno, sino dentro de distintas alas de la corporación judicial, están detrás de las pujas en torno a lo que finalmente se decida sobre el régimen que obtendrá ahora el expresidente.
Aún con sus peleas, y como lo muestra la moción de Fischer, ninguna de las alas estaría por otorgar la libertad plena a Lula, que es lo que corresponde en un caso en el que no existen pruebas sólidas sobre su culpabilidad y en el que se realizaron las mayores arbitrariedades para que el expresidente quedara fuera de las elecciones, beneficiando de esa manera a Bolsonaro.
