Nuevamente, la prensa difunde la versión policial que, como de costumbre, pone la responsabilidad en los propios detenidos. La causa Brigada Norte, que puso en el centro del debate esta tremenda realidad, sin avances.
Juan Lobo @CanisLupus1917
Jueves 31 de diciembre de 2015
Rubén Alejandro Medina murió el 24 por la noche. Estaba alojado desde los primeros días de diciembre en un calabozo de la Comisaría 7ma, en Villa Luján. Las versiones que se manejan hasta hoy en los distintos medios es la brindada por la propia fuerza policial. La misma indica que Rubén peleó con otro preso “por $50”, situación que llevó al descontento del resto de los detenidos -19 en total, en una celda pequeña- y que motivó un intento de motín que fue “controlado”. Una vez desalojado el calabozo, quedó dentro el joven Medina y al advertir que tenía sangre en la boca fue trasladado “inmediatamente” al Hospital Padilla, donde no pudieron salvar su vida. Otra versión indica que habrían hallado una hoja de afeitar en su boca.
La Izquierda Diario se ocupó de buscar el testimonio de familiares de los detenidos, que echaron por tierra las versiones policiales, que buscan interesadamente “embarrar la cancha” para desviar su responsabilidad en los hechos.
Según afirmaron allegados a los presos, Rubén fue golpeado brutalmente por la Policía, cuyo personal responsable estaba en estado de ebriedad ya desde las 19 horas de esta fatídica nochebuena. Al ver que el muchacho no recobraba el conocimiento y se encontraba en mal estado, los presos comenzaron a protestar para que lo lleven al Hospital, el supuesto motín del que habla la versión policial. Intervino el Grupo CERO e Infantería para “controlar la situación”, es decir reprimir a los detenidos, con su habitual saña. Y los alojados en unacelda no eran 19, sino 24. Hay fuentes que indican que Rubén Alejandro habría salido sin vida de la Comisaría 7ma, lo que explica las complicadas versiones que pusieron en circulación para encubrir la responsabilidad de la Policía y el Estado. Versiones que fueron refutadas por los propios funcionarios judiciales.
No debemos dejar de lado que el joven Medina se entregó a la justicia por su voluntad, por un intento de robo, en el cual fue ultimado, de un balazo en la cara, otro joven, de 18 años. El disparo fue efectuado por un Policía que prestaba servicios adicionales en una estación de servicios. La familia de Rubén temía por su seguridad, al ser un testigo clave de esta situación.
Desde estas páginas venimos denunciando la situación degradante que padecen las personas privadas de su libertad a manos de la policía y las causas del fallecimiento de Rubén se enmarcan en el cuadro de crisis del sistema carcelario, con situaciones aberrantes en comisarías y el Penal de Villa Urquiza. Fiscales y la propia Corte Suprema Provincial fallaron recientemente contra la continuidad de albergar detenidos en comisarías, la inconstitucionalidad de la Ley de Contravenciones (que data de 1980) e incluso reconociendo que las condiciones de detención son degradantes y que atentan contra la dignidad humana. El Ejecutivo acudió a reuniones con fiscales y jueces de la Corte pero no cumplió con los compromisos de desalojar las Comisarias y suspender las detenciones contravencionales. Una comisión contra la tortura se había establecido desde la Legislatura hace dos años pero nunca fue constituida.
Desde la muerte de los jóvenes en Brigada Norte, ocurrieron hechos similares en diversas comisarías, hubo quema de colchones en la Comisaría 1ra y en el Instituto Roca, donde se alojan menores. Las medidas que exige el Poder Judicial, que llora sobre la leche derramada, no son cumplidas por el Poder Ejecutivo, responsable último de la situación de los detenidos y la Policía continúa con sus prácticas mafiosas y su habitual desprecio por la vida de los presos. Se conoció la noticia de un incidente en el Penal de Concepción, donde un incidente de un detenido con un guardiacárcel fue transformado rápidamente en un supuesto intento de fuga, por lo que el joven fue brutalmente golpeado, picaneado y trasladado a la Unidad 9, de máxima seguridad, en Villa Urquiza. El propio Ministro Regino Amado desmintió la versión de la fuga esta mañana.
Para los jóvenes pobres detenidos (el 80% con problemas de adicciones), las leyes son letra muerta. La horrible de muerte de Ariano Biza y Emanuel Gallardo, calcinados en un calabozo el pasado 29 de Junio, puso en el tapete, nuevamente, la crisis carcelaria y las violaciones de los derechos humanos de los detenidos. Ya se cumplieron 6 meses de su muerte y la causa avanza a paso de tortuga: este lunes iban a avanzar en la reconstrucción del hecho pero se suspendió la medida “por falta de fondos” para pagar el alojamiento de los gendarmes que iban a realizar el peritaje. Una muestra de la decisión política del Poder Ejecutivo y Judicial en ocultar su complicidad en el accionar impune de la mafia policial y de las degradantes condiciones de vida en cárceles y comisarías.
