La posición de las autoridades fue difundida a través de una solicitada.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Viernes 18 de diciembre de 2015
Con la firma del decano Ricardo Zelaya y el vicedecano José Remis –“en nombre y representación de la Facultad de Medicina de la UNT” – se emitió una solicitada sintetizando la posición de la casa de estudios en torno a las modificaciones de la Ley de Educación Superior (LES).
Luego de las elecciones generales de octubre, el kirchnerismo aprobó una serie de modificaciones en la LES con el objetivo de mantener base social en las clases medias. El detalle es que el kirchnerismo fue férreo aplicador de la ley menemista durante doce años.
Las modificaciones realizadas alcanzaron el artículo 50, que otorgaba a las universidades con más de 50.000 estudiantes la potestad de decidir sus mecanismos de ingresos. A pesar de las modificaciones, la LES continúa con el espíritu menemista que convierte a las universidades en usina de negocios privados, gobernadas por camarillas que responden a estos intereses.
El rechazo de Medicina
Las autoridades califican al ingreso irrestricto “una medida controversial e inconsulta”. Afirman que tras una serie de reuniones y análisis, toman posición contraria al ingreso irrestricto.
Una primera razón es que las carreras de dicha unidad académica “implican un alto riesgo social”, y establecen por lo tanto que “el derecho a la vida y salud de todas las personas tiene mayor jerarquía que el genuino derecho de acceso a la educación superior de los jóvenes”. Para las autoridades universitarias pareciera que el colapso de la salud pública es responsabilidad de los jóvenes que desean estudiar, y que no tiene responsables políticos. La constante desfinanciación combinada con la avanzada –permitida por los gobiernos– del lobby farmacéutico y de la medicina privada, establecen la verdadera escala de valores de la salud pública: quien pueda pagar es quien tiene “el derecho a la vida y la salud”.
Las autoridades universitarias sostienen que el ingreso irrestricto “lesionará invariablemente, la calidad educativa y por ende las competencias de los profesionales que se gradúan” con “efectos perniciosos sobre la salud de la población”. Por el contrario, la situación de la salud pública mejoraría si se invierte en la educación para ampliar el número de médicos en el sistema público. La falta de médicos y especialistas es utilizado por las autoridades gubernamentales para aumentar los ritmos de trabajo, que maximizan los márgenes de errores humanos (amén de la falta de equipos y medicamentos). Un mayor número de profesionales permitiría además una mayor descentralización de los hospitales, en los cuales las largas colas comienzan a formarse en la madrugada de cada día.
Las autoridades universitarias esgrimen un argumento verosímil. Sostienen que sin un presupuesto acorde que permita ampliar la planta docente y la infraestructura es impracticable el ingreso irrestricto. Así lo expresó la secretaría académica de la UNT, Marta Tuzza, y lo repitió la solicitada de la Facultad de Medicina. Lo que no dicen es que ellos son las autoridades que avalaron un recorte presupuestario: la UNT solicitó para 2016 un presupuesto de $3.274 millones pero el gobierno aprobó un monto de $2.447 millones, es decir, $828 millones menos.
Tampoco hablan en contra del negocio privado que se ha montado en torno al ingreso restrictivo en Medicina. Un estudiante que quiere ingresar en Medicina paga miles de pesos en institutos privados que los preparen para el examen de ingreso. Quienes no logran ingresar y puede pagar, cursan la carrera en la universidad privada San Pablo-T.
El ejemplo de Medicina en La Plata, en donde se terminó con los exámenes de ingreso, marca que los estudiantes no pueden confiar en las autoridades y que los derechos se conquistan con organización y lucha.
