PANDEMIA Y TRANSPORTE. UTA: El paro que no fue, otra vez

El acuerdo

La agrupación Juan Manuel Palacios de la UTA (Unión Tranviarios Automotor), capitaneada por Miguel Ángel Bustinduy, había amenazado con un paro de choferes del AMBA para este 3 de junio en apoyo a los trabajadores del transporte del interior que no cobran sus salarios. Pero dicho gremio junto a FATAP (Federación Argentina de Transportadores Automotor de Pasajeros) y los Ministerios de Transporte y Trabajo, firmaron un acta acuerdo el día 2 de junio que desactivó la medida en el interior. Con ese acuerdo, Bustinduy levantó su convocatoria, sin que en ningún momento hubiese asambleas de base para discutir la realización o no de la medida de fuerza o la firma del acta-acuerdo.

En ese acuerdo, se firmó que FATAP se compromete a abonar el 100% de los salarios adeudados entre abril y mayo, en razón de un 88% no remunerativo y un 12 % en blanco afectando los aportes patronales y sindicales. En esa misma acta, se aclara que el cumplimiento de esta medida está sometido al ingreso de los ATP (aportes a las empresas) por parte del Estado. De este modo las patronales del transporte, luego de lograr exención de sus aportes obligatorios, exigen más dinero público para pagar los salarios adeudados. También plantea el acta: “Las partes acuerdan la vigencia del presente desde el 01.04.2020 al 30.06.2020, respecto de todo el personal de empresas de corta y media distancia del interior del país, representadas por la FATAP”, con lo cual no aparece ninguna respuesta para los miles de choferes de larga distancia que no cobran.

Claramente, cerca de 17 días de paro en Tucumán, casi 30 en Córdoba, que aún mantiene la medida hasta que tengan fecha cierta de cobro, 25 días de paro en Rosario que incluyeron una movilización histórica, 21 días de paro en Entre Ríos, que le costaron la renuncia al secretario general de la UTA provincial Juan Carlos Ditler (acusado de traidor en una asamblea en la que llamo a levantar el paro), y un descontento que atraviesa el gremio desde Jujuy hasta Rio Negro y Chubut, crearon un clima de máxima tensión que obligaba a la burocracia de UTA a buscar una solución inmediata. Así se llegó a este acuerdo, cuya precariedad se refleja en el llamado de la UTA seccional Salta de un paro para el próximo viernes 5 de no concretarse el pago de haberes.

El reclamo por la continuidad laboral y el pago de salarios atrasados intentó ser explotado por parte de Bustinduy con su llamado a paro en AMBA de este 3 de junio, ante el silencio de Fernández, en su disputa por la conducción del sindicato. Esta situación, que amenazaba con ser explosiva, encuentra una calma con este acuerdo, pero anticipa una crisis a la que los trabajadores tienen que dar respuesta.

Subsidios como política de Estado

La danza de subsidios implementados para lograr el congelamiento del boleto a fines de enero pasado, se ha transformado en un botín de guerra para las patronales que presionan mediante su alianza con sectores de la burocracia para lograr mayores beneficios. Compensaciones complementarias, subsidios al gasoil, al trabajo registrado y directamente al servicio, se han visto engrosadas con una andanada de exenciones impositivas concedidas por el Estado en función de “cuidar el trabajo” en el marco de la caída de ingresos en el sector como consecuencia de las restricciones que impuso la cuarentena obligatoria. Pero parece no ser suficiente. Como podemos leer en el artículo Séptimo del acuerdo alcanzado: “Las empresas nucleadas en FATAP manifiestan que será imposible dar cumplimiento con los compromisos antes asumidos en el artículo PRIMERO y continuar prestando los servicios en caso de que no se disponga de los fondos de la Res. MTN 14/20 y/o la que la reemplace o complemente, los aportes de jurisdicción provincial y/o municipal, juntamente con los beneficios establecidos por el DECNU 332/20 que creara el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y/o los fondos extraordinarios necesarios para dar sustentabilidad a los servicios de transporte de pasajeros del interior del país, circunstancia ésta sobradamente reconocida por las distintas jurisdicciones provinciales y municipales”

El paro convocado para el 3 de junio era encabezado por Bustinduy, desplazado de la UTA por la conducción de Fernández, que cuenta con el respaldo del grupo empresario DOTA, el cual controla la mitad de las empresas del AMBA y concentra el 48% de los subsidios de la región metropolitana. Los trabajadores que estaban siendo convocados a este paro saben que en las empresas de DOTA, el alineamiento que exigen los delegados no es menor que el que imponen los que responden a Fernández. La diferencia entre ellos no es la democracia sindical.

Proponer una salida de conjunto

Con más de 50000 afiliados, el sindicato del transporte automotor ocupa una posición estratégica que implica un alto poder de fuego a la hora de garantizar un paro general. Esto es sabido por gobiernos y patronales que apuntalan el poder de la UTA que garantiza jugosos negocios y paz social. Pero la crisis que somete al país hace años ha hecho que, a pesar de los jugosos aportes estatales, la situación de los trabajadores del transporte de pasajeros empeore año tras año, y que la bronca de los compañeros crezca y crezca.

Sobre esta bronca se apoya el discurso de Bustinduy y sin ella las peleas de estos dirigentes estarían limitadas a roscas y zancadillas a oscuras, como sucede en tantos gremios. Por esa bronca Bustinduy tiene que apelar en su discurso a verdaderas necesidades de los trabajadores.

La necesidad de un paro en defensa de los compañeros del interior, en reclamo por los salarios de los trabajadores de media y larga distancia, tendría que haberse planteado desde cada lugar de trabajo hace días. Todos los trabajadores deberíamos haber exigido desde hace semanas asambleas en los lugares de trabajo para imponer un plan de lucha por estos compañeros. No habiendo cobrado peso esta exigencia previamente al llamado al paro del sector de la burocracia alineado con Bustinduy, ¿Cuál debió ser la actitud de los trabajadores que quieren enfrentar el ajuste frente al posible paro? Mientras exigimos asambleas para decidir democráticamente, mientras nos organizamos en forma independiente de todas las alas de la burocracia, llamamos a tomar en manos de los trabajadores las justas convocatorias a pelear de cualquier sector. A la burocracia que amenace con pelear en defensa de los compañeros le debemos exigir que lo haga en forma más extensa y profunda, planteando una salida para el conjunto; llamando a asambleas y sometiéndose al mandato de los trabajadores.

Dejando en manos de Bustinduy los problemas del conjunto, mientras los compañeros que quieren pelear en defensa de sus derechos se limitan a los problemas en sus líneas o solo los que le tocan directamente, más que pelear contra la burocracia, se permite que la misma gane prestigio frente a amplios sectores de compañeros.

Organizar una corriente clasista y antiburocrática en la UTA

Desde el Movimiento de Agrupaciones Clasistas en la UTA, impulsado por el PTS, consideramos imprescindible la intervención de los y las trabajadoras del transporte automotor en la actual crisis con un plan de lucha que ponga en el centro las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores del sector en el marco de esta pandemia, con la pelea por salarios y elementos de seguridad e higiene, pero también más allá de la misma, de cara a la crisis que no hará sino profundizarse.

Claudio Dellecarbonara, diputado del FIT, apoyando la movilización de los trabajadores de Plusmar

Los ataques patronales que se anuncian con despidos y precarización, la que enfrentan los trabajadores de PLUSMAR y Via Bariloche, en Córdoba, Salta, Tucumán, Rio Negro y otros puntos del país, no son más que el anticipo de los despidos y del intento de liquidación de los convenios colectivos de trabajo que buscarán imponer las patronales a la salida de la cuarentena contando con el miedo a perder el trabajo a manos del creciente ejército de desocupados. La precarización que afecta a amplísimos sectores de la clase obrera argentina se avizora como el horizonte generalizado de la realidad laboral post pandemia.

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La división de los trabajadores del transporte es una enorme debilidad para enfrentar el ataque que se viene. Hay que pelear por unir al gremio por el único medio posible, por asambleas que en los lugares de trabajo voten un plan de acción que se sostenga mientras los trabajadores decidan a sostenerlo. Para pelear por ello es necesario forjar una corriente dentro de la UTA con una perspectiva independiente y desde abajo contra la burocracia empresarial de Fernández y Bustinduy, que pelee asambleas de base que tomen en sus manos la decisión sobre todas las medidas de fuerza y cualquier tipo de acuerdo con la patronal. Una corriente que organice a los cientos de compañeros que pelean en las distintas seccionales y líneas que hoy están aisladas en la perspectiva de una salida para el conjunto.

¿El transporte es un negocio o un derecho?

A pesar de los millonarios subsidios hay empresas que no pagan los salarios. Si las empresas que usan “los pisos” que son del Estado y funcionan con millones que pone el Estado no pueden prestar un servicio de calidad, ¿Por qué tienen que ser un negocio privado?

Hay que unir a los trabajadores del transporte para defender sus derechos, derrotar el no pago de salarios, los despidos y las flexibilizaciones en el trabajo. Pero no descartamos que haya empresas que prefieran no trabajar a hacer frente a sus obligaciones. El transporte público es un derecho, que los trabajadores estamos dispuestos a garantizar en forma eficiente para los usuarios. Que toda empresa que no cumpla con los trabajadores y usuarios sea estatizada bajo control de estos.