En los meses de cuarentena las empresas de apps han crecido en más de un 50% pero siguen sin garantizar seguridad social ni médica a sus repartidores; se han limitado a dar “apoyos” para comprar gel antibacterial, cubrebocas y guantes y bonos por enfermedad.
Jueves 18 de junio de 2020
Según la Asociación Mexicana de Venta Online, un 55% de los consumidores comenzaron a hacer uso de estas aplicaciones para recibir comida e insumos a domicilio a partir de la Fase 3 de la crisis sanitaria. Esto se ha visto reflejado en un crecimiento para Uber Eats del 54% o sea 4,680 millones de dólares, DidiFood tuvo un 45% de aumento en sus ganancias.
Además DidiFood reportó un incremento de 75% de restaurantes y tiendas inscritos en su plataforma.
Lo contradictorio es que mientras estas empresas conforman uno de los sectores que no sólo se han mantenido a flote, sino que han salido beneficiados de la crisis económica y sanitaria, sus trabajadores son los más precarizados.
Es decir, mientras están viendo sus ganancias incrementarse hasta en dos dígitos, esto no se refleja en lo más mínimo en las condiciones de trabajo de los repartidores, quienes en decenas de países han salido a exigir que se les reconozca como trabajadores, seguridad médica y un aumento de lo que ganan por reparto, pues sólo se quedan con un porcentaje de estos.
Millones de jóvenes han visto una alternativa en estas plataformas. Semana con semana hay un aumento de 250% de repartidores de estas empresas, pues no sólo es de los pocos trabajos a los que se puede acceder en el marco de la pandemia por ser considerado esencial.
Para ser repartidor no requieres de experiencia laboral, grado académico y pareciese que eres tú quien elige el horario al no tener un jefe directo. Así es que los magnates de las apps dicen que sus repartidores son “socios” y no trabajadores y se exentan de cumplir toda una serie de obligaciones que vienen implícitas en las relaciones laborales.
Así estas empresas se aprovechaban incluso antes de la pandemia de las terribles condiciones laborales que la realidad le ofrece a los trabajadores y principalmente a la juventud, pero con la crisis sanitaria vieron que podían aprovecharse aún más.
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Después de las movilizaciones de repartidores a nivel internacional, los dueños de estas empresas se vieron obligados a otorgar ciertos “beneficios” para sus “socios” - en otras palabras, mínimos apoyos económicos muy por debajo de los derechos que les corresponden a sus trabajadores.
Por ejemplo, los repartidores de Didi que se enfermen de Covid 19 podrán recibir un bono semanal de $800 mínimos durante 28 días, si el repartidor no tiene acceso a pruebas y no puede comprobar que tiene Covid, el bono será solo por 15 días.
En el caso de Ubereats el apoyo se da sólo por 14 días “por única ocasión y de forma extraordinaria, porque claramente esto implica un gran sacrificio por parte de la empresa. Pero Uber declaró que no implementaría pruebas para sus repartidores pues estas son escasas.
Para el gasto de cubrebocas, gel antibacterial, toallas húmedas y guanes Uber da un reembolso de $120 al presentar el comprobante de gastos mientras que Didi da un kit semanal de 42 pares de guates, 7 cubrebocas y un gel de 120 mililitros.
Si bien esto puede implicar un relativo aliciente para los repartidores, es completamente insuficiente frente a las condiciones de precariedad que enfrentan y más aún considerando que los empresarios de Didi, Rappi y Uber están haciendo su agosto con estos negocios durante la cuarentena.
No basta con unos reducidos bonos por enfermedad y kits con insumos de protección, las empresas de apps tendrían que cubrir los gastos médicos tanto por Covid como por cualquier otra enfermedad, además deben proporcionar pruebas por lo menos quincenales pues los repartidores están expuestos al contagio de coronavirus cada día que salen a trabajar.
Los ingresos de los repartidores de apps no tendrían que depender de qué tantos pedidos hay en el día, no sólo tendrían que tener un aumento del porcentaje de las entregas que realizan, deben tener un salario y un horario laboral fijo.
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Ya van decenas de repartidores que mueren atropellados durante sus recorridos y las empresas a penas y se enteran. ¿Quién se hace cargo de los gastos funerarios, del seguro de vida y de las familias que a parte de perder a un ser querido tendrán que enfrentarse a la pérdida de ingresos en plena crisis económica? Los repartidores deben ser reconocidos como trabajadores y las empresas tienen que asumir todas las responsabilidades que conlleva una relación laboral.
El gobierno se ha limitado a hacer una Guía de Entrega a Domicilio Segura, en la que se recomiendan medidas como realizar las entregas sin contacto en la medida de lo posible, uso permanente de cubrebocas, respetar distancias de seguridad establecidas por autoridades locales; desinfectar elementos de reparto, y usar gel antibacterial. Pero estas siguen depositando en los repartidores la responsabilidad de su cuidado y no hay ninguna preocupación por combatir las condiciones de precariedad en las que labora este sector.
El gobierno tendría que obligar a las empresas a reconocer como trabajadores a los repartidores y a que implementen las medidas que anteriormente mencionamos. Si realmente hay una preocupación por el pueblo pobre y trabajador, cada empresa que se negar a implementarlas sería expropiada por el gobierno sin ningún pago a sus exdueños y puesta a funcionar bajo el control de sus trabajadores.
Cuando los empresarios están en crisis deciden recortar salarios, despedir trabajadores y reducir derechos laborales, pero cuándo crecen exponencialmente esto no se ve reflejado en mejores condiciones para sus trabajadores. Si Uber y Didi implementaron ciertas medidas como los kits o los bonos fue sólo por la presión que los repartidores generaron con los paros y marchas a nivel internacional.
Conquistar el conjunto de derechos que a los repartidores les toca, será producto únicamente de fortalecer la organización al interior de su propio sector, con los demás gremios que también están ultraprecarizados como los trabajadores de call centers, de comida rápida o de tiendas departamentales y con aquellos que también se están enfrentando a los estragos de la crisis con despidos y recortes salariales pero que cuentan con sindicatos para hacerles frente.
La unidad de los trabajadores precarizados y los sindicalizados es más urgente que nunca.
