Tras muchas idas y vueltas, apelaciones burocráticas y puja lobbysta: el próximo 3 de noviembre se reanudaría el debate por la Ley de Humedales en la Cámara baja. Ante esto, el Diputado radical Ricardo Buryaile presentó un pedido para que Leonardo Grosso "rectifique a la mayor brevedad posible la citación enviada”. La presión del lobby es enorme, una Ley consensuada que peligra y el desafío de construir una gran fuerza que enfrente las políticas extractivistas.
Martes 1ro de noviembre de 2022 22:49
El tratamiento de la Ley de Humedales atravesó múltiples trabas burocráticas en pos de dilatar su dictámen. Entre ellas se encuentra la postergación de la apertura de comisiones, a pedido de Leonardo Grosso, cuya reanudación tendría lugar el 3 de noviembre próximo. Ahora bien, ¿tendrá lugar el jueves próximo? La comisión de Agricultura y Ganadería, con el diputado Ricardo Buryaile a la cabeza, apeló a rechazar dicha apertura. Las fundamentaciones de ese rechazo: extender las exposiciones de los gobiernos provinciales cuyas políticas extractivistas son más que claras.
La presión de Buryaile responde, centralmente, a un grupo de gobernadores que denuncian que esta ley podría llegar a afectar su "principal fuente de ingresos", las inversiones y el desarrollo productivo, como son los gobernadores del Norte Grande: Gerardo Morales de Jujuy, Osvaldo Jaldo de Tucumán, Raúl Alejandro Jalil de Catamarca, Ricardo Clemente Quintela de La Rioja, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Domingo Peppo de Chaco, Gildo Isfrán de Formosa, Gustavo Valdés de Corrientes y Oscar Herrera Ahuad de Misiones.
Mientras continúa la rosca dentro del recinto también continúa la sostenida e indiscriminada quema de los humedales del Delta del Paraná con un millón de hectáreas arrasadas por el fuego y la especulación extractivista.
Este ecosistema es patrimonio natural de la humanidad y fuente de vida de miles de especies, además de gran suministro de agua, de alimentos y un importante agente de retención de gases de efecto invernadero que conducen al calentamiento global, inundaciones, desertificación de zonas fértiles, entre otras catástrofes.
Este ecocidio pone en riesgo el futuro de miles de especies, atenta contra la humanidad y la salud de quienes respiramos a diario el humo de las quemas.
Hoy seguimos sin saber qué pasará con la Ley por la que durante años diversas organizaciones socioambientales venimos peleando. Qué pasará con esa Ley Consensuada ya por más de 300 organizaciones. Estamos ante la disyuntiva de si seguirán cajoneando el proyecto o intenten aplicar una ley lavada, como el proyecto de ley formulado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandie junto al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) que dispone de medidas más laxas y está al servicio de los intereses de los especuladores inmobiliarios, del agronegocio y la minería.
Está claro para qué sector social legislan los bloques que evaden el tratamiento de esta Ley. Está semana presenciamos cómo la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, con 180 votos afirmativos, el Proyecto de Presupuesto 2023 que presentó el Ministro de Economía Sergio Massa. Un presupuesto hambreador en el que Ambiente, Mujer y Cultura son los más perjudicados. Un presupuesto que atenta contra los sectores más vulnerados, que hoy sufren un ajuste brutal; que beneficia a los grandes acumuladores de capital, que siguen registrando ganancias récords; y el aumento al pago de los intereses de la fraudulenta deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.
Experiencias como la de Chubut nos han brindado importantísimas lecciones acerca de cómo la organización y la movilización pudieron hacer retroceder al gobierno de Arcioni, teniendo que derogar la ley de zonificación minera aprobada de forma express en el año 2021 y que significaba convertir el territorio en una zona de sacrificio para las ganancias de empresas multinacionales. La clave está ahí: para fortalecer la lucha debemos ser miles en las calles, organizándonos desde abajo en asambleas democráticas de base, junto a todos los sectores: sindicatos, trabajadores, desocupades, estudiantes, para unificar todas las demandas y definir en conjunto un plan de lucha, pelear por un paro regional que ponga un freno al saqueo extractivista y la crisis en curso.
Bajo este marco se desarrollará la Jornada Plurinacional de Lucha Contra el Extractivismo, el día 4 de noviembre y en toda la región, para levantar la voz exigiendo una Ley de Humedales Consensuada, contra la minería y para enfrentar un sistema que no cesa de urdir nuevas estrategias para que su plan de apropiación y destrucción sistemática siga su curso hacia el absoluto agotamiento de todos los bienes comunes y llevar a miles en la miseria. Una jornada que señala la causa directa de una crisis que se hace evidente bajo expresiones que advierten en distintas formas la inviabilidad del actual sistema como paradigma productivo.
Es por esto que nos urge construir una gran fuerza que anteponga las necesidades de las grandes mayorías; aquellas que mueven los resortes de la economía mundial y tienen el poder de cambiar el rumbo de la historia.
