El gobierno “progresista” se autofelicita por la medida. Una medida efectista e insuficiente que no evita el empobrecimiento de millones. Es urgente luchar por una renta de cuarentena para que nadie quede por debajo del SMI.
Jueves 16 de abril de 2020
Esta crisis ha dejado sin ingresos nada menos que a 2 millones de trabajadores y trabajadoras. Son los de la llamada “economía sumergida” que trabajan hiper explotados y sin contrato en sectores que van desde la construcción, la hostelería o el servicio doméstico, y otros muchos que tienen que dedicar a actividades como la venta ambulante, reformas o mudanzas.
Estos dos millones quedan por fuera de todas las estadísticas oficiales. No son parte de los cuatro millones de suspendidos por medio de los ERTEs, ni de los 900 mil nuevos parados, ni del millón 400 mil de autónomos en cese de actividad.
Llueve sobre mojado en un país que antes del coronavirus tenía ya un 20% de su población bajo el umbral de la pobreza y una tasa de pobreza infantil del 28%. El FMI dice que el Estado español va a sufrir la peor caída del PIB desde la guerra civil, y esto ya está produciendo un incremento brutal de la pobreza extrema.
Hoy el gobierno progresista y el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, llevan horas felicitándose a sí mismo por la puesta en marcha del llamado “ingreso mínimo”. La medida ha sido filtrada a los medios de comunicación a primera hora y junto a ella una sola cifra: la medida se hará extensiva a 100 mil familias.
La cuantía no ha trascendido, pero tanto la patronal ya ha exigido que tiene que quedar lejos del salario mínimo. No quieren que una prestación social reduzca la desesperación de “ejército de reserva” de parados que quieren seguir explotando en sectores como el campo, los servicios o la industria.
Más allá de las "autopalmaditas" en la espalda que se den Iglesias y Escrivá, ministro de Seguridad Social, estas 100 mil ayudas -que serían aprobadas en el último Consejo de Ministros de abril – se harían efectivas a partir de mayo, no sacaran del umbral de la pobreza a las familias beneficiarias y, sobre todo, seguirán dejando en la más absoluta miseria a más de 1 millón y medio de personas.
Dotar de una renta básica de cuarentena a todos aquellos trabajadores y trabajadoras no es misión imposible. Una prestación así para 4 millones -tomando no solo aquellos que están sin ingresos sino también complementos de quienes tienen paro o ayudas muy lejos del SMI- supondrían 4 mil millones al mes, 40 mil si se deben prolongar durante 10 meses. Es justo la cantidad que debe la banca del restace de 2012.
Unidas Podemos hizo del “impuesto a la banca” para recuperar esos millones de dinero público una de sus principales banderas en la campaña electoral. Como tantas otras demandas, quedó en el cajón cuando cerraron los colegios y comenzó sus negociaciones con el PSOE para formar gobierno. Hoy Iglesias y sus ministros han optado por subordinarse por completo a la hegemonía dictada por el PSOE, uno de los dos grandes partidos patronales que lleva décadas legislando para las grandes empresas.
Dejar en la miseria a millones es, para el PSOE y la CEOE, una medida necesaria para mantener una presión a ala baja en los salarios. Como lo es mandar a millones a trabajar en actividades no esenciales sin garantías contra el contagio. Los que llegaron a la política en nombre de las “plazas” y “los de abajo”, son hoy parte de aquella “casta al servicio de banqueros y empresarios” contra la que se levantó el 15M.
Es urgente que las direcciones sindicales de CCOO y UGT rompan su política de respaldo y subordinación al gobierno, y que peleen, como plantean ya desde la izquierda sindical y cientos de colectivos sociales, por una renta de cuarentena equivalente al SMI que sea sufragada con impuestos especiales a la banca, las grandes empresas y fortunas.
