Finaliza el juicio a los líderes soberanistas a la espera de una sentencia tomada ya de antemano y que afecta al conjunto del pueblo catalán y a los derechos y libertades democráticas de todo el Estado español.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Miércoles 12 de junio de 2019
Cuatro meses después de aquel ya lejano 12 de febrero, el juez Marchena ha pronunciado esta tarde las tres palabras clave Visto para Sentencia y daba así por finalizado el juicio contra los líderes soberanistas.
Ese día se sentaban en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo el ex vice president de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, junto a los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, así como también la ex presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell y los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La Fiscalía los acusa a todos de delitos de rebelión y malversación por la celebración del referéndum del 1-O y los días previos, y pide para ellos penas que van de los 16 hasta los 25 años de cárcel. A día de hoy llevan más de un año y medio en prisión provisional.
Además, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, también en el banquillo, están acusados de malversación y desobediencia grave, con peticiones de 7 años de prisión.
Hoy, tras 52 sesiones en las que han pasado por el tribunal más de 600 personas entre testimonios y técnicos; las conclusiones de defensas y acusaciones y los alegatos finales de los acusados, Marchena ha dado por concluido un juicio que desde su inicio se ha demostrado como una farsa en la que, sistemáticamente, Fiscalía y abogacía del Estado se han ridiculizado a si mismas intentado meter con calzador las acusaciones de rebelión y sedición durante el 1-O y los días previos, así como también en el caso de la proclamación de la república el 27-O, y del que solo falta saber si las penas serán por uno u otro delito; pero, sin duda, la sentencia de prisión para la mayoría de los acusados ya está tomada.
En estos cuatro meses hemos asistido a la judicialización de un conflicto político, el mayor conflicto que ha tenido el Régimen del 78 sobre su mesa desde su instauración, y que lo único que ha buscado en todo momento ha sido la desarticulación del movimiento democrático catalán por la vía penal. Un juicio que, a su vez, pone en la picota los derechos y las libertades democráticas.
Por lo tanto, el juicio que hoy termina, si en algo se distingue, es por ser solamente la cúspide de una ofensiva españolista reaccionaria contra las aspiraciones independentistas de millones de catalanes que se inició mucho tiempo atrás, y que con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española se agravó exponencialmente.
El golpe institucional que supuso la aplicación de 155 durante meses, marcó el inicio de una deriva autoritaria y recentralizadora de todos los agentes del Régimen del 78, empezando por el Gobierno, en ese momento del PP, junto a los demás partidos del bloque españolista (PSOE y Cs) y el espaldarazo definitivo del Rey con el discurso del a por ellos la noche del 3-O; hasta llegar a la fiebre reaccionaria del Poder judicial.
Un proceso de persecución que, más allá de atentar contra la dirección procesista, se viene profundizando y extendiendo, como decimos, hacia el conjunto del movimiento independentista en su afán de eliminarlo de raíz. No en vano, se acaba este juicio farsa, pero las detenciones de activistas independentistas y sus consiguientes causas judiciales siguen abiertas, o en el peor de los casos están aun por llegar.
La guerra contra el amarillo que inició la Junta Electoral Central durante las elecciones impuestas del 21-D de 2017 o las pasadas elecciones generales; la suspensión de los diputados electos presos, la exaltación de los medios de comunicación adeptos y afectos al Régimen o el incremento de la violencia de los grupos de extrema derecha en Catalunya son expresiones también de esa persecución contra el movimiento independentista y todos los ámbitos de la sociedad catalana.
Como vemos, un movimiento y unas aspiraciones democráticas por el derecho a la autodeterminación golpeado por la represión del Régimen del 78, pero también, cuanto menos, en una situación de desorientación de la que, sin duda, tiene su responsabilidad la dirección procesista de ERC y PDeCAT. El Govern de la Generalitat nunca llevó adelante el mandato popular surgido del referéndum del 1-O, y una vez proclamada la república, no llamó a defenderla con la movilización.
Así mismo lo han defendido en diferentes ocasiones las defensas de los líderes soberanistas durante el juicio. Sin ir más lejos, Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, se expresaba ayer en estos términos cuando manifestaba que "el govern de la Generalitat incumplió sistemáticamente el contenido de las leyes de desconexión para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa ni desde el punto de vista de su legalidad republicana. El Govern incumplió la proclamación de la independencia […]. Todo el mundo se fue a su casa, no bajaron la bandera, no comunicaron nada al cuerpo diplomático".
Esas fueron siempre las intenciones de la dirección procesista. Lejos de mantener el pulso con el Régimen del 78, sus aspiraciones nunca han sido otras que la vuelta al redil del autonomismo por la senda del pacto tras el 27-O y el 21D.
Ante ello y contra el curso reaccionario hacia el pueblo de Catalunya por parte del Régimen, la única vía para la conquista del derecho a decidir será por el camino de una gran movilización social que incorpore en su centro a los sectores populares y la clase obrera, en el mismo sentido que empezó a expresarse incipientemente durante la huelga del 3-O de 2017.
Pero ¡ojo!, porque si algo ha dejado en evidencia el juicio a los líderes soberanistas, es la cruzada via judicial y sin cuartel que se abre contra los derechos y las libertades por parte del Régimen del 78 hacia todos los sectores populares del conjunto del Estado español que vienen cuestionando el sistema.
Si llamar a la calma a las masas movilizadas, tal y como hicieron Jordi Sànchez y Jordi Cuixart el 20S de 2017, sienta precedente como delito de rebelión o de sedición, ¿que no les puede pasar a los pensionistas, al movimiento feminista o a la juventud precarizada cuando se manifiestan en las calles? La sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes soberanistas presos está ya tomada y afectará, sin duda, al conjunto de las libertades democráticas.
Es por ello que es necesario que el movimiento independentista catalán levante una hoja de ruta totalmente independiente de los partidos de la burguesía y la pequeña burguesía catalana; pero también se torna sumamente importante que se ligue la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya con el resto de las demandas sociales más sentidas, y que, junto a los diferentes sectores populares y la clase trabajadora de Catalunya y el resto del Estado, enfrentemos el curso reaccionario de este Régimen podrido.
Solo así se podrá imponer procesos constituyentes desde la movilización social, que barran la Corona, reconozcan los plenos derechos democráticos de todas las naciones del Estado y permitan abordar todas las grandes demandas democráticas y sociales que se vienen planteando desde las calles.
