Opinión. Un país gobernado por el FMI: Cristina Kirchner y la defensa de una “democracia para el ajuste”

“Algunos creen que hay que rezarle al Fondo Monetario Internacional para que nos mande plata y con eso se sale de la crisis, pero no es así (…) simplemente nos endeudamos más.” [1].

De enorme actualidad, la frase se pronunció en 2002. El hombre que criticaba esas plegarias era Jorge Bergoglio, hoy conocido como Francisco. La Iglesia asumió un papel activo tras la crisis de 2001. Duhalde -padre económico de la devaluación y padre político del kirchnerismo- la convocó para ser parte del “Diálogo Argentino” tras la rebelión popular que derribó a De la Rúa.

En las horas que corren, parece emerger nuevamente como actor de la crisis social y política. El grave intento de asesinato contra Cristina Kirchner la habilitó para los llamados a la paz. La misa celebrada en la Basílica de Luján funcionó en ese registro. Este jueves, en su reaparición pública tras el atentado, la vicepresidenta le otorgó un lugar destacado en la agenda, compartiendo un encuentro con curas villeros y citando profusamente al hombre que hace dos décadas condenaba al FMI.

Ese lugar político se vincula, también, con la enorme crisis social que atraviesan las mayorías populares. Crisis que, sin embargo, no alcanza a sectores del gran capital, que asumen gustosos fuertes aumentos en su rentabilidad.

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Entre quienes celebran están las patronales del campo. Como ironizó Nicolás del Caño este jueves en Diputados, la verdadera “renta inesperada” fue la que recibieron los grandes empresarios rurales, que venían presionando por más devaluación. El “dólar-soja”, premio al lobby capitalista.

El consenso del ajuste

Este jueves por la tarde, el apellido “Melconian” volvió a sonar en el discurso de Cristina Kirchner. “La gracia es juntarse con los que piensan distinto y ver, si al menos en economía, podemos tener un acuerdo mínimo”, sentenció la vicepresidenta. La mención confirma el carácter del programa a consensuar: nadie llamaría al economista liberal a debatir un aumento general de salarios o el rechazo a la deuda externa.

El carácter “mínimo” de los acuerdos está signado por los mandatos del FMI. En la Argentina gobernada por el Frente de Todos, la verdadera “jefa” de la economía se llama Kristalina Georgieva. Lo confirma el Presupuesto 2023, que acaba de arribar al Congreso. Estructurado en función de cumplir pautas de ajuste acordadas con el organismo internacional, el proyecto no es más que la conclusión lógica del reciente “MassaTour” en EE.UU.

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Desde el punto de vista de la clase dominante, el viaje del ministro tiene su cuota de éxito. El aval logrado por figuras tan diversas como Mauricio Claver-Carone -el trumpista presidente del BID- y Janet Yellen -secretaria del Tesoro de Biden- evidencia cierta voluntad imperialista de sostener a quien oficia de aplicador del ajuste del FMI. En los cálculos del establishment norteamericano también debe entrar la estabilidad política regional. A semanas de la tensa elección que sacudirá Brasil, que haya cierta “paz” en el segundo país más importante de Sudamérica no es poco.

Al contrario, para las grandes mayorías que sufren los golpes de la inflación y la crisis, nada bueno puede salir de las “felicitaciones” de Kristalina Georgieva.

En este marco de ajuste, parte del oficialismo anuncia la perspectiva de terminar con los beneficios fiscales de los que gozan múltiples sectores empresarios. Una suerte de “ajuste igualitario”.

Sin embargo, la gestión del Frente de Todos viene marcando rumbos distintos. Al mencionado “dólar-soja” se agregan normas votadas recientemente en el Congreso. ¿Cómo contabilizar sino la eliminación de retenciones para las grandes automotrices? ¿Dónde ubicar la extensión del blanqueo que beneficia a los empresarios de la construcción?

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Agréguese el anuncio del Plan Gas 4 y 5: tras el relato oficial de una futura “Argentina Saudita” se esconden beneficios para las patronales del sector. Entre ellos, un nuevo incremento del monto que el Estado paga por la producción en boca de pozo. El kirchnerista Federico Bernal es el encargado de convalidar las nuevas concesiones al empresariado.

Hace ya varias décadas, el intelectual español Manuel Sacristán Luzón escribía que “el realismo de los que fueron progres es la aceptación de la realidad ahora dada…El realismo de estas actitudes, que puede y suele cubrirse con ironías y desplantes populistas, es un indicio más del imperio creciente del pensamiento conservador.” [2]. Escrito en 1980, el texto conserva vigorosa actualidad para el progresismo vernáculo. La foto conjunta de Roberto Baradel, Hugo Yasky y el embajador norteamericano Marc Stanley funciona como registro visual de ese imperio del pensamiento conservador.

Consignemos, a modo de mención, que la oposición patronal quiere torcer este consenso del ajuste aún más a, valga la redundancia, la derecha. Las peleas internas entre radicales y macristas de todo pelaje no impiden proponer una agenda de más concesiones al empresariado y menos derechos al pueblo trabajador.

La crisis de “la política” y los consensos democráticos

En su último discurso, CFK volvió a poner en debate los “consensos” o “núcleos básicos” del régimen democrático argentino. Señaló que “recuperar la democracia fue recuperar la vida (…) y la racionalidad de que podamos discutir en política (…) erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura”.

Nadie puede negar la gravedad del atentado que sufrió. Volvamos a consignar: la izquierda estuvo entre los primeros sectores en repudiarlo. Pero, si atendemos al análisis más global, la crisis de los llamados consensos democráticos arrastra tiempo.

Es que, desde 1983 en adelante, la democracia capitalista apareció, cada vez más, como una frustración constante para las grandes mayorías populares. La épica de que con la democracia se comía, se curaba y se educaba quedó enterrada bajo la hiperinflación alfonsinista y la hiperdesocupación menemista. Los años de la llamada “década ganada” funcionaron, apenas, como leve pausa de esa declinación permanente: a pesar del crecimiento “a tasas chinas”, la pobreza nunca descendió del 25 %.

La democracia capitalista es, en su esencia, un régimen político y social construido en función de los intereses de la clase dominante. Un sistema de gobierno que otorga a las grandes mayorías el derecho al voto cada dos o cuatro años, al tiempo que el poder económico decide cotidianamente. La actualidad permite ilustrarlo: el Frente de Todos fue votado para terminar con el ajuste de Macri; se dedicó a continuarlo.

En ese marco, la defensa genérica de los “consensos democráticos” termina en la defensa de un sistema que hoy empuja a millones a la creciente pobreza. Equivale a defender una “democracia para el ajuste”, pautada bajo las órdenes del FMI y el gran capital. La “democracia” del dólar-soja y del ajuste en Discapacidad; la “democracia” de los tarifazos y los hogares sin agua corriente o gas.

Una verdadera democratización de la sociedad debería empezar por liberar el conjunto de la producción y la economía del dominio dictatorial del gran capital. Mediante la construcción revolucionaria de un Gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre que pueda planificar democráticamente el conjunto de la actividad económica. Un paso necesario en el camino de un socialismo revolucionario desde abajo, un sistema que solo puede alcanzar el triunfo a escala internacional.

Crisis social y perspectivas políticas

Hoy son millones quienes miran a la democracia capitalista como un régimen que, mientras los empobrece, garantiza una vida de lujos para el gran empresariado y la casta política que le sirve. El malestar con los “valores democráticos” aparece como inseparable de la aguda crisis social que afecta a grandes porciones de la población. Milei, Patricia Bullrich y compañía se nutren de esos procesos políticos y sociales. La “banda de los copitos” es, hasta cierto punto, expresión de esa decadencia que impone la crisis, emergiendo en el margen derecho y reaccionario de la sociedad.

No obstante, el mundo de las subjetividades políticas es más complejo. No todo es un constante proceso de derechización. Un interesante estudio recién publicado en Revista Anfibia [3] lo ilustra. El relevamiento presenta una inesperada combinación de valores progresistas -como el derecho al aborto- con simpatía hacia las políticas de mano dura -como el apoyo a la pena de muerte-. El artículo se titula, bastante gráficamente, Rebeldes punitivos.

El país asiste a una crisis notoria de las coaliciones mayoritarias. Radicales, macristas, peronistas y kirchneristas son los diversos rostros de las diversas políticas de ajuste. Impedir que el desencanto sea canalizado hacia posiciones reaccionarias por la derecha -falsamente llamada libertaria- es una tarea militante esencial. Implica, entre otras, agitar la necesidad de construir un fuerte partido socialista de la clase trabajadora. Empezar a construir una fuerza política que levante una salida alternativa a la decadencia a la que empujan el país los partidos patronales.

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