ELECCIONES GENERALES EN PERU. Un panorama electoral deslucido para el régimen peruano

A menos de una semana de las elecciones nacionales, el escenario no es el que la alta burguesía peruana hubiera preferido. El proceso está plagado de acusaciones y demandas cruzadas, con las arbitrariedades de un Jurado Nacional de Elecciones que manipula sus decisiones en favor de las fuerzas del régimen, apoyadas por el abierto accionar de la jerarquía católica y los medios, sin que por ello éstas puedan superar la fragmentación política ni el escaso entusiasmo que despiertan la mayoría de los candidatos (quedan en carerra 10 de los 19 candidatos inicialmente inscriptos, varios han desistido o fueron vetados por la justicia electoral).

El próximo domingo 10 de abril se realizarán elecciones generales, con voto obligatorio, donde están habilitados para votar 22 millones de personas, además de casi 900.000 ciudadanos en el exterior. Se elegirán presidente y vicepresidente, 130 congresistas y 5 representantes más para el Parlamento Andino. Si ningún candidato obtiene más del 50 por ciento de los votos válidamente emitidos, se irá a un ballotage (segundo turno) el próximo 5 de junio.

En este marco, Keiko Fujimori (Fuerza Popular - FP) populista de derecha que despierta fuertes recelos como hija y heredera política de Alberto Fujimori, aparece en todas las encuestas en primer lugar, con amplia ventaja sobre los candidatos más cercanos. Sin embargo, no alcanzaría el 50% de los votos, por lo que es muy probable que se vaya a una segunda ronda. Este lugar es disputado por Veronika Mendoza, que encabeza al centroizquierdista Frente Amplio (FA); y por Pablo P. Kuczcynski (PPK), exministro y hombre de la banca y las petroleras, que es la carta favorita del neoliberalismo y los grandes medios. Según algunas encuestas, entre ambos habría una leve ventaja para PPK o bien, un “empate técnico”.

A pesar del apoyo de las élites y los medios, Kuczcynski ni siquiera remontó cuando el JNE vetó la candidatura de Julio Guzmán “por incumplir los estatutos” de su propio partido. Guzmán habia sido hasta 2012 miembro del gobernante PN y se presentaba como una nueva “centro derecha moderna”, llegando a ocupar el segundo lugar en los sondeos.

Los expresidentes que se presentan tienen bajísima popularidad: Alan García (AP, aprismo), apenas tendría un 5 a 6% de intención de voto y Alejandro Toledo menos del 1%. En cuanto al candidato del oficialista Partido Nacionalista, el exmilitar Urresti (sindicado de asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos durante la “guerra sucia” en los 90), decidió retirarse de la contienda ante el riesgo de perder la personería como partido político: nunca pudo superar el fondo de la tabla en las encuestas, lo que refleja la impopularidad y desgaste del gobierno de Ollanta Humala.

Según un reciente “simulacro de votación” (IPSOS, 30/03 – 01/04), que hay que tomar con pinzas, dada la consabida manipulación de las encuestas y la tendencia a “inflar” a algunos candidatos, como PPK, la tendencia sería:

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) 34,4 %
Pablo P. Kuczcynski (Peruanos por el Kambio) 16,8 %
Verónica Mendoza (Frente Amplio) 15,5 %
Alfredo Barnechea (Acción Popular) 8,0 %
Alan García (Alianza Popular) 5,3 %
Gregorio Santos (Democracia Directa) 1,9 %
Otros 2,6 %
Blancos o viciados 15,5 %

De conjunto, el escenario muestra la debilidad y descrédito del sistema de partidos políticos –en realidad, una constelación de inestables coaliciones electorales–, el desprestigio de las figuras que han pasado por el gobierno en los últimos años y el desgaste general de este régimen de “democracia para ricos” tras años de “milagro económico” que benefició a las transnacionales mineras y petroleras con el saqueo de los recursos naturales, mientras la mayor parte del pueblo trabajador del campo y la ciudad recibió escasamente migajas del festín, sufrió la agresión a sus condiciones de vida y de trabajo bajo el avance de la mega minería y otras transnacionales, la extendida precarización, los bajos salarios, etc., y ahora empieza a pagar con creciente desocupación, carestía de la vida y nuevas penurias el “enfriamiento” de la economía, generando un amplio descontento social y luchas de resistencia contra la megaminería, por demandas regionales, etc.

Keiko Fujimori

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori parece acariciar la posibilidad de alcanzar la presidencia, pese a los reparos de las élites peruanas y la oposición social que despierta. Es que ese apellido simboliza para muchos una etapa siniestra de la reciente historia peruana. Fujimori padre, cuyo intento de reelegirse para un tercer mandato fue derrotado en medio de las grandes movilizaciones de junio-julio de 2002, cumple condena por autoría intelectual de las masacres realizadas por grupos de tareas militares en 1991 y 1992, además actos de corrupción. Cabe recordar que bajo su gobierno culminó la “guerra sucia”, plagada de masacres y brutales violaciones a los Derechos Humanos con que se aplastó a la guerrilla senderista y se derrotó al movimiento obrero y popular, para imponer el programa neoliberal de privatizaciones, precarización y entrega al capital extranjero. Después del “autogolpe” apoyado por las FF.AA. que disolvió el Congreso el 5 de abril de 1992, impuso un “gobierno de emergencia”. Luego acordó el proceso que llevó a la Constitución de 1993, todavía vigente pese a algunas reformas parciales.

Así, todo el orden económico, social y político del actual Perú debe mucho a la obra de Fujimori. Pero con el cambio en la situación peruana y latinoamericana a comienzos de ese siglo, sus métodos bonapartistas se hicieron demasiado impresentables. Fujimori, su antiguo socio, el siniestro Montesinos (jefe de los servicios) y algunas figuras menores fueron juzgadas y condenadas, mientras las FF.AA. mantuvieron la impunidad y la clase dominante preservó lo esencial de su legado: neoliberalismo económico y Constitución reaccionaria.

Keiko levanta un programa económico neoliberal y políticamente reaccionario, combinado con demagogia populista de derecha, asistencialista, hacia los sectores populares. Pero debe disipar la incomodidad de sectores de la clase dominante ante la “tentación bonapartista” que podría arrastrar, tanto como el rechazo de sectores medios y populares. El domingo, en el debate televisivo entre candidatos, cuando estamos ante un nuevo aniversario del “autogolpe” paterno, este 5 de abril en que se convocan diversas acciones de protesta contra su candidatura por parte de distintos sectores medios y movimientos sociales.

Su “Compromiso de Honor con el Perú” apela a la “reconciliación”, y afirma comprometerse al “respeto del orden democrático y los derechos humanos. Respetare y protegeré las libertades de prensa y de expresión” […] “Respetaré la independencia de poderes. No usaré el poder político para beneficiar a ningún mimebro de mi familia y encargaré a la oposición las comisiones de fiscalización y de inteligencia del Congreso. Me comprometo a profundizar el trabajo de la CVR [Comisión de Verdad y Reconciliación] y reparar a las víctimas de la violencia como a las mujeres afectadas por el programa de salud reproductiva” […] “Respetaré la no reelección que está en nuestra constitución y finalmente nunca más un 5 de abril”. Está actitud ya fue saludada por algunos analistas burgueses. Está por verse si se le allana el camino a la presidencia, pero de lo que no hay duda es que gobernaría al servicio de los ricos.

Verónika Mendoza

Esta candidata viene sumando puntos en la campaña, a pesar de la “mala prensa” en los grandes medios y los ataques clericales. Veronika, psicóloga y nacida hace 35 años en Cuzco, aparece como una alternativa por fuera de la desprestigiada “clase política”, atrayendo el voto de los jóvenes, del interior (sobre todo del combativo Sur peruano) y de trabajadores, empleados, clase media urbana, con su discurso contra el neoliberalismo y por la “democratización” del país.

Se apoya en un frente heterogéneo en el que se mezclan corrientes del reformismo tradicional y hasta algunos exseguidores desencantados de Humala. Su moderado programa no va más allá de un tibio “progresismo” con más “intervención estatal” y algunas reformas parciales, a conciliar con la burguesía y renegociar con el capital extranjero y el imperialismo. Así, propone “revisar” -no romper- los acuerdos proimperialistas como el TLC con Estados Unidos o el Tratado Trans Pacífico. Habla de recuperar “la soberanía de nuestros recursos naturales” en manos de las transnacionales pero sin su renacionalización. Espera “consensuar” una Asamblea Constituyente sin proponerse ir hasta el final contra la reaccionaria “democracia para ricos” ni contra la impunidad que blinda a las FF.AA.

Si bien plantea algunas sentidas demandas democráticas, como el derecho al aborto (en caso de violación) o se muestra favorable a la “unión civil” entre personas del mismo sexo, no levanta un programa consecuente para enfrentar la opresión de la mujer y de la población LGTTB, en un medio impregnado de fuertes prejuicios y violencia machista. Sólo en 2014 se denunciaron 40.000 casos de violencia familiar y sexual y se registran más de 100 feminicidios anuales.

En suma, su proyecto no puede dar solución real a las aspiraciones profundas de los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios, los oprimidos. En realidad, no va más allá de los planteos de centroizquierda que ya han mostrado su verdadero carácter y sus límites en otros proyectos “progresistas” sudamericanos.

No se presenta en estas elecciones una alternativa de independencia de clase, que apueste a las fuerzas de la clase trabajadora y la alianza con los campesinos y pueblo pobre, levantando un programa para que la crisis que empieza a “enfriar” el modelo neoliberal peruano la paguen los ricos y las transnacionales, enfrentando consecuentemente el saqueo imperialista.