La reincorporación de las fuerzas armadas en el discurso político ya es un retroceso político sin precedente.
Miércoles 18 de noviembre de 2015
Todo el proceso electoral y el debate presidencial dejó un consenso de campaña tan peligroso como ilegal. Ambos candidatos afirmaron, palabras más o palabras menos, que proponían "llamar" a las fuerzas armadas para "combatir el narcotráfico", eufemismo para proponer que empiecen a actuar en conflictos de seguridad interior.
La propuesta de utilizar las Fuerzas Armadas en los conflictos de seguridad interior, es abiertamente ilegal conforme la Ley 23.554 sobre Defensa Nacional de 1988 y la Ley 24.059 sobre Seguridad Interior de 1992.
La reincorporación de las fuerzas armadas en el discurso político ya es un retroceso político sin precedente.
Además de ser ilegal puede ser letal para nuestros derechos. En estos meses, candidatos a presidentes, actuales asesores y potenciales ministros lo propusieron al efecto de "combatir el narcotráfico", "la inseguridad en las calles" o "llevar tranquilidad a los barrios", ocultando retóricamente lo que es una forma de abrir la puerta para la represión de los conflictos sociales.
En un contexto de ajuste y mayor puja distributiva se traduce en represión de la protesta social y de mayor violencia institucional contra pobres, jóvenes, trabajadores y mujeres.
Incluso si se propone para "supervisar", y otros eufemismos similares, su mera sugerencia, hasta hace pocos años impensable, abre un retroceso autoritario que debemos impedir entre todos.
Es muy probable que en estos tiempos de acuerdos conservadores se proponga restablecer, como ya se hizo, el servicio militar obligatorio. Esto también es contrario la Constitución y una amenaza contra los jóvenes. La principal razón es muy simple: va en contra de la Constitución Nacional (Art. 19 y ss y DDHHs). El clima conservador y autoritario puede, como sabemos, forzar la Constitución con la complicidad de los jueces antes "republicanos y progresistas" (sic) y así intentar violar nuestros derechos y conquistas sociales.
En ese contexto de campaña electoral polarizada, pero con un gran trasfondo conservador detrás, es que el gran ganador del ballotage será el derecho a la protesta como herramienta para proteger nuestros derechos frente al ajuste y construir una alternativa a los avances de todos los consensos autoritarios.
Lucas Arrimada es Profesor de "Derecho Constitucional" y "Estudios Críticos del Derecho" (UBA). Twitter: @lucasarrimada
